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LA CONSTITUCIÓN DE 1812. MENSAJES ECONÓMICOS QUE NO LLEGAN A AMÉRICA
 

Dr. Juan Velarde Fuertes
Discurso de ingreso como Académico de Honor

Convertirme en miembro de esta Real Academia Hispano Americana de Ciencias, Artes y Letras que constituye uno de los centros de este tipo de más prestigio de España, confieso que me conmueve. La historia de España hubiera sido muy diferente sin Cádiz, sin su enlace con el Nuevo Mundo incluso después de la escisión de éste con la Península, o sin el lugar donde el intento napoleónico de asentar en el trono de Madrid al rey José I, fracasó como consecuencia de la resistencia gaditana. El que aquí, en esta Real Academia todo eso se amplíe, se estudie, se divulgue, y el que se me llame para ayudar en ello, motiva, al par, agradecimiento ilimitado y una orgullosa satisfacción de estudioso. Y ambas cosas, lo sucedido en 1812 y lo que alboreaba entonces en la América hasta entonces española, son el reto en este año de 2012 que tengo en este momento ante esta Real Academia. Comencemos por los datos económicos que ligaban la Península y América.

Para entender lo que palpitaba de alteración radical de los planteamientos económicos conviene tener en cuenta, sin más complicaciones, lo que sabemos sobre ese indicador de bienestar y de potencia económica que es el PIB por habitante en los umbrales de la Guerra de la Independencia. La última indagación sobre él es el artículo de Carlos Álvarez-Nogal y Leandro Prados de la Escosura, The decline of Spain (1500-1850): conjectural estimates publicado en la European Review of Economic History, 2007, vol. II. Partamos de un hecho: 1600 marca un punto culminante de la potencia española en todos los sentidos. Al tomarlo como referencia se observa que el PIB por habitante de 1800 respecto al de 1600 se mueve en una horquilla que va del 50’4% de aumento a un 11’3% de disminución. La primera de estas cifras, al someterla a un examen crítico parece excesiva. Es muy posible que se deba a una infravaloración de las cifras de 1600. Se trata de la estimación de Carreras, que suponía que el PIB por habitante de 1600 estaba 34’6 puntos porcentuales por debajo del de 1500. Si aceptamos este cálculo de Carreras, nos encontraríamos con que en 300 años la economía española sólo había logrado incrementar el PIB por habitante en un 11’7%. Si recogemos el haz de otras investigaciones, nos encontramos con que de 1600 a 1800, en una el PIB desciende un 2’6%; en otra –para 220 años, ya que llega a 1820 aumenta un 18’2%; existe otra más, con una caída del PIB por habitante en estos doscientos años que anteceden a 1800, del 10’7%; finalmente, una estimación diferente muestra con claridad, simplemente un estancamiento respecto a 1600. Lo que prueba todo esto es una formidable decadencia de la economía española a lo largo de los siglos XVII y XVIII. En el fondo impresiona cómo, en esas condiciones, precisamente hasta los inicios del siglo XIX, España pudo codearse con esas otras tres grandes potencias de esa época, que eran Francia, el Imperio austriaco e Inglaterra, aparte de con rivales adicionales tan importantes como, por ejemplo, las Provincias Unidas neerlandesas o Suecia.

En el año 1800 el PIB por habitante español estaba en torno al 40% ó 50% del británico; alrededor del 40% del holandés; se situaba en el 89% del francés; también en el 90% del conjunto que constituyó después Italia; en el 94% de otro conjunto, entonces muy deprimido, de lo que después constituirá Alemania, y respecto a la media europea de entonces, andaba alrededor del 70%-80%. La población, a comienzos del siglo XIX oscilaba en torno a los 11 millones de habitantes.

El equilibrio económico español, para poder mantener estables las vinculaciones con el exterior, se lograba gracias a una exportación de plata americana. La emancipación de los Virreinatos de México y de Perú, iba a alterar esta realidad, con daño bastante claro. Esta llegada a la independencia de los pueblos hispanoamericanos, cortó estos envíos de plata y por ello disminuyó la oferta monetaria en Europa. Al combinarse con unas pésimas cosechas, y con ello una disminución del poder adquisitivo de grandes cantidades de la población, provocó complementariamente un incremento en los tipos de interés que acabó por originar la gran depresión económica de 1847, y con ella, conmociones políticas y sociales harto bien conocidas.

Pero algo que era vital para nuestra economía, esta comercialización de la plata, en lo que acabó por tener un papel significativo la sucursal del Banco de San Carlos en París, había sufrido otro golpe. La alianza de España con Francia a lo largo del siglo XVIII originaba conflictos bélicos continuos con Inglaterra. Concluyen, sobre todo, tras la batalla del Cabo San Vicente, por provocar un auténtico bloqueo en el tráfico entre la Península y los Virreinatos americanos. El famoso intelectual alemán Alexander von Humboldt expuso, tras su salida complicada hacia América a bordo de la corbeta “Pizarro”, cómo la Inglaterra del inicio de la Revolución Industrial arrinconaba a su vieja rival España. Tras la citada batalla del Cabo San Vicente, la de Trafalgar evidenciaba para ésta su final como gran potencia. Por fuerza todo ello tenía que acentuar la depresión económica hispana, al privarla de la llegada desde América de un tan básico artículo de exportación.

A más de esto, España parecía vivir entonces ajena al gigantesco cambio científico y tecnológico que tenía lugar. Desde luego nuestra Universidad vivía de espaldas a él. Debo a Antonio Tovar el dato de que el cálculo diferencial no se había de recibir, en forma de libros o revistas para la biblioteca de la Universidad de Salamanca hasta muy entrado el siglo XIX. Diríamos lo mismo de la biología y de la química. Se llegaba a trabajos pintorescos. Un viajero británico, médico, asiste, para conocer el progreso de la ciencia en España a una tesis doctoral en relación con su especialidad, y se encontró con que el título de la investigación era Sobre la conducta de los hombres si en vez de pies tuviesen pezuñas. Por justicia debe destacarse que esta decadencia científica, y derivada de ella, tecnológica, no existía en las fuerzas armadas españolas. Basta mencionar aquí, precisamente, en la Armada a Jorge Juan o la medida de un grado del meridiano por la expedición de Malaspina, o en química a Proust, cuya elaboración de la ley de las proporciones definidas se hace como súbdito del Rey de España y al servicio del Arma de la Artillería entre Madrid, y sobro todo, Segovia, en la denominada Casa de la Química, en tareas en las que tuvo como ayudante precisamente a Pedro Velarde, el futuro héroe del 2 de mayo.

Pero aun con estas excepciones, el conjunto científico-tecnológico español era impropio para un país que quisiera rivalizar en la Revolución Industrial. Se ratificaba, pues, aquello que había señalado William Petty, al indicar que Inglaterra era más rica que España porque ésta se dedicaba, fundamentalmente a la agricultura, mientras que la primera efectuaba ya un importante esfuerzo industrial, aunque admitía que Holanda era más opulenta que Inglaterra al dedicar lo esencial de su esfuerzo al tráfico, a los servicios en suma.

En Cádiz, en 1812, lo que se trama es nada menos que una incorporación, no sólo a la Revolución Liberal, sino a la Revolución Industrial que ya enseñoreaba a Inglaterra. Conviene dar los datos exactos. En Inglaterra ya existían carriles de hierro desde 1745 y ruedas, también de hierro, para vagones que transportaban hulla desde 1755. El puente de hierro forjado de Darby-Wilkinson es de 1770. La máquina de vapor de Watt es de 1765-1788. El gas del alumbrado de Murdock, es de 1792. El horno de pudelar aparece en 1786, aunque el coque se empleaba desde 1709. La prensa hidráulica de Bramah es de 1796. La máquina de atornillar de Maudsley, es de 1797. La fábrica de ácido sulfúrico de Ward es de 1736. La de cemento de Smeaton, de 1756. La lanzadera mecánica de Kay aparece en 1723 y la famosa Spinning Jenny de Hargreaves, lo hace en 1767, a la que hay que añadir que la no menos célebre Cotton gin, es de 1793. La Soho Foundry funciona desde 1759. La Northampton Cotton Hill desde 1764.

En cambio, ¿cuál era el contraste español? Lo tenemos en la Memoria de la Junta de Calificación de los Productos de la Industria Española, presentada en 1827 en una exposición celebrada en Madrid. Las medallas de oro se conceden a fabricantes de paños, franelas, tejidos de seda y tisúes; de pianos; de papeles pintados; a la loza de Alcora; a elaboradores de curtidos y de fornituras militares. En la larguísima relación de empresarios y objetos fabricados de esta Memoria nada hay que se semeje a lo que ya muy antes de 1808 imperaba en Inglaterra.

Al contemplar, desde ese marco lo que cristalizó en la Constitución de 1812, no es posible olvidar unas palabras de Agustín Argüelles en su Examen histórico de la reforma constitucional de España, quien tras señalar que la insurrección popular contra la Administración del rey José I había aniquilado “las instituciones del Antiguo Régimen”, deriva que “una convulsión universal, simultánea y violenta, cual jamás agitó a ningún país civilizado, desencadenando todas las pasiones, aniquiló a un mismo tiempo las autoridades, las leyes y cuantas barreras podían contener el ímpetu de un pueblo enfurecido... Y en tales circunstancias –parece que replica en lo que sigue la dura carta de Jovellanos a su sobrino, Alonso Cañedo, fechada en agosto de 1811 y, de modo más amplio lo que Jovellanos había redactado en la Memoria en defensa de la Junta Central , ¿se pretende, o no, que era necesaria una reforma fundamental, o que no se guardaran en ella las formalidades y trámites que eran de costumbre, cuando la nación sumisa y obediente, esperaba el remedio de sus males de alguna pragmática-sanción, o del celo y sabiduría de tribunales y consejos?... La reforma, continúa Argüelles, en vez de trastornar la Administración en todos sus ramos como se pretende, restableció la obediencia a las layes, el respecto a las autoridades, la subordinación y disciplina en los ejércitos, el orden y economía en la Hacienda pública, el crédito y la confianza entre el Gobierno y los acreedores del Estado, templando al mismo tiempo, y dirigiendo con prudencia, la exaltación inseparable de una convulsión política, tan violenta y peligrosa”.

Todo esto, sin embargo, se elaboró en esta ciudad que, en lo económico, mantenía unos niveles de bienestar que ahora comprendemos bien, al tener en cuenta la baratura de un comercio marítimo, fundado en un dominio del mar por la entonces aliada Inglaterra, y una arrinconada flota francesa. La revolución burguesa que nace en Cádiz tiene un punto de apoyo evidente en ese bienestar que, a pesar del cerco francés se experimenta en la ciudad. Nos lo ha aclarado a la perfección Emilio de Diego en su reciente libro España el infierno de Napoléon: 1808-1814. Una historia de la Guerra de la Independencia, con algo que se parece al ambiente que vivió Berlín tras la ruptura aérea del cerco por el Ejército soviético, al señalar que “la contribución británica a la defensa de Cádiz resultó fundamental. Difícil de asaltar desde tierra y protegida por el mar, sólo restaba asegurarse los abastecimientos, algo de lo que iba a encargarse en gran medida la Armada británica. No era una empresa menor, pues la ciudad contaba, incluyendo los fugitivos llegados a ella, con más de 100.000 habitantes. Sin embargo, se llevó a cabo con total éxito. En 1810 entraron en el puerto gaditano 3.890 barcos y salieron 3.874. Un movimiento parecido al de 1811... Los precios de la carne, del pan y del vino, que al principio incluso bajaban, experimentaron una ligera subida en los meses inmediatos al comienzo del asedio, pero no faltaron tales productos, ni tampoco las frutas, en ningún momento. Los testimonios de Toreno, Alcalá Galiano y otros nos aseguran de la buena situación de aquellos días. El primero escribía: “Arribaban a puerto mercaderías de ambos mundos, abastábanle víveres de todas las clases, hasta los más regalados, de suerte que ni la nieve faltaba, traída por mar de montañas distantes para hacer sorbetes y aguas heladas». El segundo, por su puarte, señalaba: «La abundancia de víveres había producido tal comodidad de precios que bien podía llamarse baratura…”

Curiosamente, la situación de los sitiadores era mucho peor que la de los sitiados. Los soldados franceses ni cobraban ni disponían del pan necesario. Algunos jefes intentaban comprar víveres a cualquier precio, lo que dio lugar a varios episodios de mercado negro, en el que unos pocos habitantes de Cádiz vendían, ocasionalmente, alimentos al enemigo. Era lógico, pues, que los valores burgueses de cierta comodidad económica se observasen en la Constitución de 19 de marzo de 1812, visibles ya en el artículo 4: “La Nación donde por el artículo 3, “reside esencialmente” la “soberanía” está obligada a conservar y proteger por leyes sabias y justas... la propiedad”.

En Cádiz es precisamente donde todo va a comenzar a cambiar hace exactamente dos siglos. Existieron expertos importantes, como Canga Argüelles, pero sobre todo sí se decidió, con esta ayuda, verificar alteraciones muy importantes.

Comencemos por señalar que el artículo 131 de la Constitución de 1812 señala, entre las “facultades de las Cortes”, lo siguiente que en el fondo, entre otras cosas, es la consagración del presupuesto, en la misma línea que aparecía en la Constitución de Bayona. Además en el artículo 227 se indica que “los secretarios de despacho formarán los presupuestos anuales de los gastos de la administración pública que se estime deban hacerse por su respectivo ramo, y rendirán cuentas de los que se hubieran hecho, en el modo que se expresará”. Volviendo al artículo 131, éste dice: “Fijar los gastos de la administración pública... Establecer anualmente las contribuciones e impuestos... Tomar caudales a préstamo en casos de necesidad sobre el crédito de la Nación... Aprobar el repartimiento de las contribuciones entre las provincias... Examinar y aprobar las cuentas de la inversión de los caudales públicos... Establecer las aduanas y aranceles de derechos”. Y dentro de la división de poderes, que es lógica por el respaldo intelectual que se encuentras tras esta Constitución, en el artículo 171 se indica “que compete al Rey... como principales las facultades siguientes: ...Decretar la inversión de los fondos destinados a cada una de las ramas de la Administración pública”, al propio tiempo que en el artículo 172, como restricción de la autoridad del Rey se señala que “no puede... imponer por sí directa ni indirectamente contribuciones, ni hacer pedidos bajo cualquier nombre o para cualquier objeto que sea, sino que siempre los han de decretar las Cortes”. También se dedica todo el capítulo V, “De la dotación de la familia real”, a puntualizar estas cantidades, indicando en el artículo 221 que “todas estas asignaciones son de cuenta de la tesorería nacional, por lo que serán satisfechas al administrador que el Rey nombrare, con el cual se entenderán las acciones activas y pasivas, que por razón de intereses puedan promoverse”. También, el artículo 230 reza: “Las Cortes señalarán el sueldo que deben gozar los secretarios de despacho durante su encargo”.

A todo lo dicho debe añadirse el contenido del Título VII, “De las contribuciones”, en el que, en el artículo 350 se ordena que “para el examen de todas las cuentas de caudales públicos habrá una Contaduría Mayor de Cuentas que se organizará por una ley especial”, y dentro de la división de poderes, esencial para el nuevo régimen político, el artículo 351 se redactó así:

“La cuenta de la tesorería general, que compondrá el rendimiento anual de todas las contribuciones y rentas, y su inversión, luego que reciba la aprobación final de las Cortes, se imprimirá, publicará y circulará a las diputaciones de provincias y a los ayuntamientos”. Y muy en la línea de las ideas de Canga Argüelles, el artículo 355 dispone: “La deuda pública reconocida será una de las primeras atenciones de las Cortes y éstas pondrán el mayor cuidado en que se vaya verificando su progresiva extensión, y siempre el pago de los réditos en la parte que los devengue...”

En la Constitución de Cádiz también late un cierto populismo, probablemente engendrado por la lucha popular emprendida desde 1808. Después acabará fundiéndose con propuestas en relación con el Estado de Bienestar. Ahí está el artículo 13 al señalar que “el fin de toda sociedad política no es otro que el bienestar de los individuos que la componen”, aunque con una fuerte limitación en contra de los desheredados, como se lee en el artículo 25, donde se indica que el ejercicio de los derechos de ciudadano español “se suspende: Primero. En virtud de interdicción judicial por incapacidad física o moral.- Segundo. Por el estado de deudor quebrado, o de deudor de caudales públicos.- Tercero. Por el estado de sirviente doméstico.- Cuarto. Por no tener empleo, oficio o modo de vivir conocido... Sexto. Desde el año 1830 deberán saber leer y escribir los que de nuevo entren en el ejercicio de los derechos de ciudadano”. Agréguese, en esta postura típicamente propia de una revolución burguesa, que en el artículo 92, con un complemento en el 93, se señala que “se requiere además, para ser elegido diputado de Cortes, tener una renta anual proporcionada, procedente de bienes propios”.

De algún modo también se vinculan con un incipiente Estado del Bienestar, el artículo 294, limitando el embargo de bienes; el 295, acerca de los motivos para no ir a prisión; el 296 sobre limitaciones a la imposición de pena corporal al preso, así como los 297 a 303, de amparo a los detenidos; el artículo 304 que indica que nunca “se impondrá la pena de confiscación de bienes”, y el 305 que señala que “ninguna pena que se imponga, por cualquier delito que sea, ha de ser trascendental por término ninguno a la familia del que la sufre”.

Asimismo, en el artículo 321 se indica que “estará a cargo de los Ayuntamientos... la policía de salubridad y comodidad... Cuidar de todas las escuelas de primeras letras... Cuidar de los hospitales, hospicios, casas de expósitos y demás establecimientos de beneficencia, bajo las reglas que se prescriban”, y en el 335 se dice que “tocará” a las Diputaciones provinciales, “cuidar de que los establecimientos piadosos y de beneficencia llenen su respectivo objeto, proponiendo al Gobierno las reglas que estimen conducentes para la reforma de los abusos que observen”. En los artículos 366 a 370 se expone el plan de la instrucción pública.

La otra cuestión abordada muy expresamente por la Constitución de Cádiz, a la que probablemente contribuyeron las ideas de Flórez Estrada, es la del fomento de la actividad económica, como si se tuviese conciencia clara del retraso que experimentaba nuestra economía. De la prioridad de este objetivo es muestra el artículo 20 que indica que para que un extranjero pueda obtener de las Cortes “carta especial de ciudadano” español, “deberá estar casado con española, y haber traído o fijado en España, alguna invención o industria apreciable...”. Y en el artículo 22, esta carta se concederá “a los españoles que por cualquier línea son habidos y reputados por originarios del África... con la condición... de que ejerzan alguna profesión, oficio o industria útil con un capital propio”.

En este mismo sentido debe agregarse lo que se lee en el párrafo quinto del artículo 335, al indicar que toca a las diputaciones provinciales “promover la educación de la juventud conforme a los planes aprobados, y fomentar la agricultura, la industria y el comercio, protegiendo a los inventores de nuevos descubrimientos en cualquiera de estos ramos”, lo que debe vincularse con lo que se lee en la vigesimoprimera facultad de las Cortes según el artículo 131: “Promover y fomentar toda especie de industrias y remover los obstáculos que la entorpezcan”. Muy probablemente los legisladores de Cádiz entendían aquí por industria, no lo que constituye hoy el denominado sector secundario de la economía, sino, como se lee en el diccionario de la Real Academia Española, la “destreza o artificio para hacer una cosa”, por lo que en la parte análoga –o sea de “los grupos de palabras afines” del Diccionario Ideológico de la Lengua española de J. Casares, industria se relaciona de inmediato con “agricultura, caza, pesca, minería, metalurgia, construcción...”.

Y ¿por qué todos estos mensajes económicos no fueron recibidos con alborozo en América? El que nos lo aclara es Flórez Estrada.

Este economista español, que había sido, al par, protagonista del alzamiento de su Asturias natal contra el invasor napoleónico y redactor de un proyecto de Constitución en el marco de una convocatoria a las Cortes Generales con el lema de “la soberanía reside siempre en el pueblo”, a causa de la ocupación de Oviedo, la capital del Principado de Asturias por las tropas del general Bonnet, se traslada a Inglaterra. Y repito que precisamente en 1810 prepara una obra, cuya primera edición es la de Londres, en 1811, que se titula Examen imparcial de las disensiones de la América con la España, de los medios de su recíproco interés y de la utilidad de los aliados de la España (Imprenta de R. Juigne, 17 Margaret Street-Cavendish Square, London 1811), con una inmediata traducción al inglés, a cargo de W. Bourdon con el título de An Impartial Examination of the Dispute between Spain and her American Colonies, y una síntesis en el periódico que en Londres dirigía Blanco White, titulado El Español.

Jesús Prados Arrarte, en su discurso de ingreso en la Real Academia Española el 28 de noviembre de 1982, titulado Don Alvaro Flórez Estrada, un español excepcional (1766-1853), sospecha que Flórez Estrada tenía, al escribir ese ensayo, encomendado buscar “un cambio favorable en la actitud del Gobierno británico frente a las tendencias independentistas de las colonias americanas”. Le parece al profesor Prados Arrarte “muy posible, pues si Inglaterra apoyaba a España en la lucha contra Napoleón, favorecía en América a los criollos contra la Madre Patria, paradoja que no comprendía don Álvaro”. Regresa a Cádiz y allí publica en 1812 una nueva versión con el título de Examen imparcial de las disensiones de la América con la España, de los medios para su reconciliación y de la prosperidad de todas las naciones, con unos importantes agregados, por un lado relacionados con la polémica sobre el libre comercio y, por otra, sobre el ya muy evidente movimiento independentista visible en todo el continente americano del ámbito hispano.

Esta preocupación americana, no la iba a abandonar Flórez Estrada. Cuando Fernando VII, tras la derrota de Napoleón, regresa a España y decida cerrar las Cortes de Cádiz y liquidar el proceso constituyente, Flórez Estrada redactará y se editará en Londres, en 1815, en su forzoso exilio, su Presentación a S.M. Católica el Sr. D. Fernando VII en defensa de las Cortes, donde señalaba así la repercusión en América de la disolución de las Cortes: “En cuanto a la pacificación de las Américas beneficiadas con una Constitución, cuyos derechos y privilegios eran los mismos para sus naturales que los declarados y concedidos a los de la metrópoli, estaba tan cerca de verificarse, que el Gobierno de Buenos Aires, a la vuelta de V.M., creyendo que se reconocería la Constitución, había despachado comisionados con amplios poderes para tratar los convenios; pero con la noticia de la destrucción del cuerpo legislativo, suspendieron toda negociación. No debe olvidarse –concluía Flórez Estrada que en aquella época ya no había otras provincias levantadas, a no ser Buenos Aires y Caracas”.

Lo que ahora exactamente hace dos siglos, planteaba Flórez Estrada, para, evidentemente, en el fondo exponer la molestia americana, era una autocrítica de la política económica efectuada. Creo que acierta totalmente Miguel Artola cuando sintetiza así en el Estudio preliminar a las Obras de Álvaro Flórez Estrada, para la Biblioteca de Autores Españoles, lo que dañaba por igual a América y a la industria española:

“1) El gran rédito que producía a los españoles (que podían participar en él) el comercio del Nuevo Mundo”. He aquí lo que sobre esto señala el propio Flórez Estrada en esa obra inicial de 1811: 1)“El exceso de lucro que se hacía en este comercio, no podía menos de perjudicar todos los otros ramos de prosperidad y de producir los mismos efectos que produce todo monopolio, esto es, reducir el beneficio al corto número de los que le disfrutaban y concluir a los otros ciudadanos a la mendicidad, imposibilitándolos de prosperar en los demás ramos”. “

2) Las restricciones fuertes que supuso este comercio no sólo por la exclusión de una parte de los españoles, sino también por la de los extranjeros” porque “como el comerciante extranjero, igualmente que el natural es el que proporciona (un aumento de valor a todas las cosas que el hombre apetece, y que dando este aumento de valor se puede dejar de estimular al trabajo),... en economía era un absurdo excluir al extranjero de hacer directamente ese comercio” e insistía así: “Es perjudicial al individuo español, excluir al extranjero, por la misma razón que lo es al americano, pues debiendo vender sus géneros para el mercado de América, cuanto mayor sea el número de los que hagan este comercio... nada puede estimular (más) a la industria”. Incluso escribirá lo que sigue, tras exponer la expansión económica que produjo el eliminar, a partir de Carlos III el monopolio existente de Cádiz en la Península y Veracruz en América: “Sin embargo de los felices resultados que produjo este simulacro de libertad, que no merece otro nombre, el Gobierno español estuvo muy lejos de darle la extensión que necesitaba. La idea sola de permitir a los extranjeros el que hiciesen directamente el comercio de América, de tal modo arredraba a todos, que ninguna persona tuvo jamás valor para proponerla, ni acaso el mismo gobierno hubiera tenido suficiente energía para decretarla... Pero en una época como la actual, en que a los españoles es permitido manifestar sus ideas, no debo yo recelar exponer cuanto crea justo y conveniente al bien general. No se trata de favorecer al comercio extranjero en perjuicio del nacional; se trata de hacer ver que la prosperidad del uno no es incompatible con la felicidad del otro; se trata de manifestar que la exclusión al extranjero de concurrir al mercado de América llevando él mismo sus mercancías es perjudicialísimo a los intereses de los españoles e injusta para los americanos”. Y añade mostrando la raíz de una lógica protesta: “Si los españoles americanos deben gozar de iguales derechos que los españoles de la Península, ¿cómo se puede privar a aquéllos de recibir de la primera mano las mercancías extranjeras que en el día reciben de los comisionistas de la Península?”

Y diría también,

“3) La grande cantidad de plata traída de América a España”, porque “a proporción que España recibía más oro y plata de América, la principal y casi única mercancía que entonces tomaba en cambio de todos los artículos comerciales que se llevaban a aquel país, todo se encarecía en América. Desde entonces las primeras materias, la mano de obra y las manufacturas no podían ya concurrir con los extranjeros, y el comerciante español hallaba su interés en comprar los géneros al extranjero... La decadencia, pues, de la agricultura y de la industria era un efecto forzoso e inmediato de la carestía y ésta lo era de aquella expresión en que se creía ver la prosperidad de la nación”. Y tras una serie de argumentos avalados con datos estadísticos, concluirá: “A vista de estos datos oficiales e innegables, ¿aun habrá hombres tan egoístas y de mala fe que pretendan persuadirnos que la libertad del comercio sólo puede producir ventajas en la teoría?”

Pero no sólo Flórez Estrada, hace ahora exactamente dos siglos se ocupó de cuestiones económicas. No dejó incluso de captar lo que sucedía en América. Primero, con un talante bastante crítico se refiere al levantamiento de Caracas e, inmediatamente a continuación escribe exactamente esta versión que tenía de lo ocurrido: “Aunque desde un aspecto más franco y generoso, y en un principio con todos los caracteres de justo, al levantamiento de Caracas se siguió el de Buenos Aires. Habiéndose sabido en aquella ciudad por una embarcación procedente de Málaga, antes que se recibiese de oficio la instalación de la Regencia, los sucesos de la Península, y que aquélla no había sido reconocida por la Junta de Cádiz, el Cabildo convocó al pueblo el 22 de mayo. Después de una larga discusión se acordó que la autoridad del Virrey quedase subrogada en una Junta Provincial de Gobierno que interino se formaba una elegida por los diputados que debían ser convocados y venir de todas las provincias del virreinato, exigiendo de sus individuos juramento de subordinación al futuro gobierno de la Península que legítimamente representase a su rey cautivo... En tales circunstancias nadie sin duda podía haberse determinado ni con más moderación, ni con más justicia”, pero, en ese mismo documento se señala la existencia de un factor irritativo que acabará justificando la ruptura. Dice así Flórez Estrada: “Si el Gobierno de la Junta Central hubiera sido tan sabio y tan justo en todas sus providencias, como lo fue en el Decreto relativo a determinar el número de representantes que señaló tanto para la Península como para la América, ciertamente serían infundadas todas las quejas que de él queremos formar, por más que los que predican en favor de la insurrección americana nos digan que este Gobierno sólo en palabras concedía a los americanos la libertad, cuando lo impedía en las obras. ¿Qué son 24 representantes concedidos a la América que tiene 12 millones de habitantes –o sea, 1 por 500.000 , cuando a la Metrópoli se le concede uno por cada 50.000 a lo más? ¿Es ésta la igualdad, la independencia y lo que le correspondía, siendo aquellos dominios para parte integrante de la Nación? ¿Quién ha tratado de dar a los americanos la libertad que merecen?”

Se observa pues ahí, con claridad, el talante de autocrítica que empapa esta obra de Flórez Estrada, y que él, al final de su Parte II explica así: “El objeto de mi obra no es otro que la reconciliación de americanos y españoles y como para conseguirla el único medio es hacer ver que sus intereses no están en oposición, me ceñiré a hablar sólo de las causas que contribuyeron a dividirlos o, por mejor decir, del sistema que los puso en contradicción; y que por un efecto forzoso produjo la ruina de todos... Hablaré... de aquellas causas que las personas aun de más probidad y luces no conocen tan comúnmente, esto es, de aquel sistema restrictivo, por el que, para conservar a América bajo nuestro dominio, se monopolizó la agricultura, comercio e industria de tan ricas posesiones, cuyo descubrimiento y conquista por este motivo, en vez de empecer, no sirvió sino para empobrecer y deteriorar la Península”.

No, no fue exactamente la Constitución de 1812 lo que promovió el separatismo americano. Fue el abandono de su espíritu, y en ocasiones, acabo de señalarlo, la propia liquidación por Fernando VII de esa Carta Magna. Por supuesto que éste no fue el único motivo; pero sí es evidente que sus mensajes económicos no llegaron a América, y a pesar de Flórez Estrada todo concluyó por aquellos años de hace ahora dos siglos, por una ruptura acompañada, además, de una fragmentación.

Estos son los momentos, a mi juicio, para que desde esta gaditana Real Academia Hispano Americana de Ciencias, Artes y Letras se hagan suyas estas palabras de Flórez Estrada y no sólo entre americanos y españoles, sino también entre españoles: “Olvidemos todo lo pasado; un nuevo orden de cosas con precisión deben variar todo nuestro sistema. Olvidemos para siempre un lenguaje que nos ofenda, adoptemos el más conforme al interés de todos…” porque no debemos dejarnos “seducir por aquellos que interesados en la ruina de todos nosotros… sólo… hablan de felicidades imaginarias que… resultarán de nuestra desunión”.

Cádiz, 30 de enero de 2012

 


ISSN: 2174-0445



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