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CÁDIZ Y MÉXICO, NÚCLEOS MERCANTILES EN LA CARRERA DE INDIAS, SIGLOS XVII Y XVIII
 

Guillermina del Valle Pavón

El monopolio comercial que ejerció la monarquía española sobre los territorios hispanoamericanos determinó la estrecha relación que hubo entre los comercios de Cádiz y México, a partir de mediados del siglo XVII. Los mercaderes de la ciudad de México controlaban la circulación de la plata, circunstancia que les otorgó una posición privilegiada en los intercambios con la Metrópoli, el Oriente y las posesiones hispanoamericanas, así como los que se realizaban dentro de Nueva España. Los llamados almaceneros de la capital de Nueva España recibían mercancías europeas de las casas establecidas en Cádiz y Sevilla, entre las que se destacan las manufacturas e insumos para la producción argentífera. La posición de los mexicanos se vio favorecida por su asociación en el Consulado de la ciudad de México.

La decadencia del tráfico oficial de la Carrera de Indias que se presentó en el transcurso del siglo XVII, favoreció la participación del puerto de Cádiz, en donde se concentraron los representantes de las principales casas comerciales y manufactureras europeas. Estas sostuvieron el tráfico con Nueva España de manera legal e ilícita. A partir del segundo tercio del siglo XVII, el centro del poder mercantil se ubicó de manera creciente en el puerto gaditano, en donde las empresas extranjeras adquirieron una influencia cada vez mayor. Una vez que la cabecera de las flotas se trasladó a Cádiz, la ciudad se consolidó como el núcleo articulador de los flujos mercantiles procedentes de Europa e Hispanoamérica.

El principal objetivo de este trabajo consiste en analizar las relaciones que sostuvieron los comercios de la ciudad de México y el puerto de Cádiz durante el siglo XVII y la primera mitad del XVIII. La historiografía especializada ha prestado mayor atención a los mercaderes de México en el seiscientos, mientras que los comerciantes gaditanos han sido más estudiados en el siglo XVIII, sin embargo, se conoce muy poco acerca de los vínculos que establecieron ambas comunidades mercantiles. La importancia del estudio de estas relaciones resulta fundamental para mostrar la forma en que operó un monopolio mercantil compartido entre los mercaderes establecidos en Cádiz y la ciudad de México. En el primer apartado, se muestra la participación que tuvo Cádiz en la Carrera de Indias en el siglo XVII, así como el predominio que adquirieron en dicho puerto los comerciantes extranjeros y el tráfico ilícito. Asimismo, veremos el papel que desempeñaron los mercaderes de México en el comercio Atlántico, la participación que tuvieron en el contrabando y los vínculos que establecieron con los tratantes de Cádiz y el puerto de Santa María.

En la segunda y tercera parte veremos cómo, durante los dos primeros tercios del siglo XVIII, las relaciones entre los consulados de México y Cádiz estuvieron marcadas por la competencia por los mercados de Nueva España. El cuerpo mercantil de la ciudad de México se esforzó por impedir que los encomenderos procedentes de Cádiz se internaran a comerciar en el virreinato, a fin de impedir que intercambiaran bienes europeos por plata, por su propia cuenta. La pugna entre ambos comercios se agudizó por la concurrencia de los ingleses, que, al término de la Guerra de Sucesión, obtuvieron el privilegio de enviar un navío a Nueva España, al tiempo que la flota partía de Cádiz.  Por su parte, el Consulado gaditano pugnó porque los mexicanos no enviaran caudales a Cádiz para negociar de manera autónoma.

1. Crisis de la Carrera de Indias y ascenso del puerto gaditano

La ubicación geográfica de Cádiz en el litoral Atlántico de la Península Ibérica[1] y el abrigo que su amplia y profunda bahía ofrecía a las embarcaciones[2], determinaron la importancia central que tuvo en la Carrera de Indias. Desde 1508 los navíos procedentes de Indias podían descargar en Cádiz, en donde se constituyó el Juzgado y Tabla de Indias, que estuvo a cargo de un juez dependiente de la Casa de Contratación.[3] Las dificultades para llegar a Sevilla por la barra de Sanlúcar y el río Guadalquivir, mantuvieron la autorización para que los navíos de las flotas descargaran en Cádiz, siempre que sus cargamentos se transportaran intactos a Sevilla, por tierra, o cuando el río hubiera crecido. De este modo se pretendía evitar el contrabando, que ocasionaba la fuga de metales preciosos e impedía el cobro de derechos.[4]

La Casa de Contratación y el Consulado de Cargadores de Indias, que también se estableció en Sevilla, se oponían a que los navíos zarparan de Cádiz con el argumento de que el puerto estaba expuesto al ataque de piratas. Cuando la flota de Nueva España se encontraba en Cádiz, en 1587, fue sorprendida y destruida por Francis Drake. Casi una década después, en 1596, dicho convoy fue atacado por la armada anglo-holandesa en el mismo puerto. Ambos sucesos ocasionaron a los comerciantes mexicanos graves trastornos y pérdidas,[5] por lo que el Consulado de México, que acababa de crearse, se resistió a brindar apoyo el virrey para la defensa del puerto de Acapulco, ante la presencia de corsarios ingleses.[6] Entonces los mercaderes de México operaban, principalmente, como encomenderos de las casas de Sevilla y Cádiz, para destinar sus capitales al comercio triangular del Pacífico -que se realizaba entre Acapulco, Manila y Lima-, el cual les redituaba ganancias más elevadas.[7]

Aún cuando las flotas zarpaban de Sevilla, en 1614 el Consejo de Indias dio autorización para que completaran su carga en Cádiz.[8] La medida benefició a las empresas comerciales y financieras europeas, que participaban en el tráfico con Nueva España desde sus inicios,[9] para las cuales resultaba más ventajoso cargar en el puerto del Atlántico. El Consejo de Indias determinaba el porcentaje de carga que correspondía a Cádiz, el cual pasó de una cuarta o quinta parte, al inicio del siglo XVII, a un tercio a partir de los años treinta.[10] Los comerciantes extranjeros preferían embarcar en Cádiz por las ventajas que ofrecía el puerto y porque evitaban los gastos y dilaciones que implicaba el transporte de mercancías a la Casa de Contratación de Sevilla, que se ubicaba veinte leguas tierra adentro.[11] La rivalidad que existió entre los puertos de Cádiz y Sevilla por su participación en la Carrera de Indias se mantuvo durante todo el régimen colonial.

Poco después del inicio del declive de la carrera de Indias[12], en 1628, la flota de Nueva España, que llevaba más de ocho millones de pesos, fue tomada en Cádiz por el pirata Piet Heyn. El desastre produjo nuevos descalabros a los mercaderes de México, en tanto que la ciudad tuvo que contribuir con un donativo cercano a un millón de pesos para compensar al rey por la pérdida del tesoro novohispano.[13] En 1630 la Casa de Contratación solicitó que el Juzgado y Tabla de Indias, se transfiriera a Sanlúcar de Barrameda, o fuera abolido, demanda que volvió a plantear en repetidas ocasiones.[14] Al parecer, el nuevo ataque a la flota, dio lugar a que la corona cancelara el permiso para que las flotas completaran su cargamento en Cádiz. Sin embargo, la relevancia que había adquirido el comercio que realizaban los extranjeros en dicho puerto, se puso de manifiesto poco después.[15] En 1633 el monarca necesitaba con urgencia los recursos aduanales que proporcionaba la salida de la flota para satisfacer los requerimientos militares en los Países Bajos.[16] Ante la tardanza del arribo de los navíos procedentes de Italia y Flandes, el rey autorizó la partida del convoy rumbo a Cádiz, en donde se embarcó la carga recién llegada.[17]

En la década de 1620 y, sobre todo, en la de 1630 empezó a declinar el comercio oficial de la Carrera de Indias y a incrementarse el contrabando de manera creciente. Entre las principales causas de dichos cambios pueden señalarse la caída en la producción argentífera en Nueva España, la suspensión de las flotas ante la amenaza de los enemigos, el incremento de gravámenes y los secuestros de la plata que arribaba a Sevilla.[18] En 1636 el contador de la tesorería de la ciudad de México afirmó que de los tres millones de pesos de bienes que usualmente llegaban en la flota, dos tercios entraban de manera fraudulenta.[19] En el mismo año, el consulado de Sevilla solicitó al consejo de Indias que se aplazara la salida de la flota de Nueva España porque el virreinato estaba saturado de manufacturas y bienes agrícolas.[20]

Además del comercio ilícito que se realizaba en la Carrera de Indias, las potencias marítimas europeas, Holanda, Inglaterra y Francia, se apoderaron de varias islas de las Antillas que utilizaban como base para realizar contrabando en los territorios hispanoamericanos.[21] Acerca del tráfico ilícito que se realizaba por el Atlántico y el Caribe, se estimó que entre 1641 y 1645 comerciantes holandeses, portugueses e ingleses exportaron al norte de Europa cerca de 3,015,000 pesos anuales en promedio.[22] En 1646 la ciudad de Cádiz otorgó a la corona un donativo por 50,000 ducados,[23] muy probablemente en compensación por el tráfico ilegal que realizaban sus vecinos.

Aunque en Sevilla se encontraban las instituciones que administraban la Carrera de Indias, el Consejo de Hacienda prefirió el puerto gaditano para abastecer de azogue a Nueva España,[24] Así fue como en 1645, el Consejo de Hacienda se valió de José de Iriarte, gaditano dueño de un galeón, para enviar el metal líquido a Veracruz.[25] Muy probablemente las mismas facilidades para realizar el contrabando atraían a más negociantes al puerto gaditano.

El proceso de penetración extranjera en la Carrera de Indias se consolidó al término de la guerra de los Treinta Años. En los años siguientes, España se vio obligada a firmar una serie de tratados bilaterales de comercio con las naciones europeas más poderosas, las cuales acabaron con sus barreras proteccionistas. Esta situación muestra la hegemonía que Holanda, Francia y Gran Bretaña había adquirido en la economía Atlántica. Felipe IV tuvo que conceder una serie de privilegios comerciales y fiscales a los holandeses, en 1750, entre los que se destaca el asiento de negros. Los mercaderes que se establecieron en España fueron autorizados a constituir colonias autónomas, regidas por un cónsul y con su propio tribunal mercantil; los navieros fueron autorizados a transportar a España mercancías de cualquier procedencia, y sus embarcaciones fueron exceptuadas de la visita de fondeo en las aduanas para evitar los transbordos ilegales. La corona se vio obligada a otorgar concesiones similares a Francia, en 1659, y a Gran Bretaña en 1667.[26]

A raíz de que las colonias de comerciantes de las potencias del norte de Europa se establecieron en Cádiz, se consolidó el papel que los españoles desempeñaban como meros agentes por comisión de los extranjeros. A partir de entonces los cargadores matriculados en el Consulado de Indias, generalmente los más jóvenes, operaron como intermediarios de los extranjeros. Los españoles ofrecían a los extranjeros su experiencia, información, contactos y la estabilidad de sus redes. Los mercaderes extranjeros vendían a los cargadores manufacturas de sus lugares de origen a precios elevados y les ofrecían préstamos para que las adquirieran y las transportaran, los cuales eran reembolsados al regreso de la expedición.[27] Esta relación entre los comerciantes extranjeros y los cargadores que se remontaba al inicio de la Carrera de Indias,[28] se consolidó en el último tercio del siglo XVII.

Por lo que respecta a Nueva España, los promotores del tráfico ilícito eran los mercaderes de la ciudad de México. Como ya dijimos, éstos dominaban el comercio con la Metrópoli, el Oriente e Hispanoamérica debido al control que ejercían sobre la plata, que era el principal medio de pago de los bienes externos. Para concentrar el preciado metal, habilitaban a los principales productores mineros, compraban el metal a través de sus agentes en los reales mineros y cambiaban plata en pasta por reales. Entre los factores y socios que los tratantes de plata tenían en los reales mineros se destacaban los oficiales del erario, las justicias y autoridades locales. Estos les brindaban beneficios extraordinarios, como la evasión del pago del quinto real, que gravaba la producción de plata. Los mercaderes destinaban los metales sin quintar al contrabando, práctica que les redituaba ganancias muy elevadas porque evadían el pago de la alcabala y el almojarifazgo que se imponían a la circulación.[29] A mediados del siglo XVII se calculaba que la extracción de la plata que no había pagado derechos representaba una tercera parte de la producción, fenómeno que se incrementó conforme avanzaba la centuria.[30]

En 1651 Simón de Haro, el prior del Consulado de México[31], se vio implicado en el contrabando de 108,000 pesos en barras de plata del “rescate[32] y del “diezmo”,[33] que estaban a punto de ser embarcados en Veracruz. El arriero que transportó la plata fue condenado a tormento para que declarara quien había remitido dichos metales, pero apeló y salió de la cárcel con fianza.[34] Simón de Haro se distinguía por la gran cantidad de metales que compraba para labrar en la casa de moneda, además de ser el acuñador oficial de las barras del monarca.[35] Es muy probable que las autoridades virreinales conocieran las actividades ilícitas en que Haro estaba involucrado, pero no procedieron en su contra porque tenía un gran poder. Parte de su influencia se basaba en los servicios financieros que otorgaba a los virreyes, a quienes, en 1645, había prestado más de un millón de pesos, sin interés y a plazos dilatados.[36] A la muerte de Haro, sus bienes fueron embargados por el virrey.[37]

Los mercaderes de México operaban en la Carrera de Indias de dos formas.  Por una parte, fungían como encomenderos o agentes por comisión de las casas españolas, portuguesas y de europeos del norte establecidos en Sevilla y Cádiz. Los mexicanos demandaban las mercancías que requerían y obtenían parte de sus beneficios con las comisiones negociadas con los comerciantes de Andalucía. Estas relaciones se basaban en la confianza y, en algunos casos, mediante lazos familiares y de paisanaje[38]. La segunda forma tenía que ver con el movimiento periódico de las flotas, en este caso los mercaderes de México competían por los bienes europeos y obtenían ganancias elevadas negociando con la plata, los tintes y otros productos.

Para realizar el tráfico ilícito, los mercaderes de México contaban con la complicidad de los oficiales reales del puerto de Veracruz, con quienes establecieron relaciones de parentesco. Los agentes del real erario de Veracruz  permitían el embarco y la descarga de los bienes que salían y llegaban fuera de registro, aceptaban documentos falsos de los maestres de navíos, y simulaban confiscaciones de mercaderías ilegales que posteriormente reintroducían en los circuitos comerciales.[39]

El dinamismo que experimentó el comercio en el puerto de Cádiz a mediados del siglo XVII, se muestra por el crecimiento de la población la cual se había triplicado con respecto a la que había tenido al inicio de la centuria.[40] En 1648, mientras declinaba el tráfico de la Carrera de Indias, Sevilla padeció una epidemia. Este problema decidió a muchos comerciantes de Sevilla a trasladarse a Cádiz, en donde se les unieron otros tratantes procedentes de Sanlúcar. Algunos de los inmigrantes llegaron al puerto gaditano con sus caudales,[41] circunstancia que le dio mayor empuje.

La relevancia del papel comercial y financiero que desempeñaron las colonias de europeos en Cádiz, se deduce de la participación que tuvieron en los “donativos voluntarios” que la ciudad otorgó a la corona en 1662 y 1664, como indulto por el comercio ilícito que realizaban los vecinos del puerto. Entre los principales contribuyentes se destacaron los empresarios holandeses, genoveses, franceses, ingleses y flamencos.[42] Unos años después, en 1670, se registraron en Cádiz setenta y siete casas que otorgaban crédito, doce eran españolas, diecisiete genovesas, once francesas, diez británicas, siete hanseáticas y veinte flamencas u holandesas.[43]

El predominio que había adquirido el comercio de Cádiz con respecto al de Sevilla, incrementó las presiones que la Casa de Contratación y el Consulado de Indias ejercían en su contra. Ambas instituciones planteaban que los extranjeros aprovechaban la bahía de Cádiz y la complicidad de los españoles para extraer sus mercancías sin declarar.[44] En consecuencia, hacia 1664 se ordenó que las flotas debían zarpar y retornar a Sevilla, sin excepción, y se impusieron graves castigos a los trasgresores. En 1666 el Juzgado y Tabla de Indias fue suprimido. Las autoridades estaban decididas a limitar el comercio ilícito de los extranjeros. En 1671 el general de la flota fue condenado a seis años de prisión y al pago de una fuerte multa, porque había penetrado en Cádiz, ante el acecho de los enemigos en Gibraltar y las dificultades para sortear la barra de Sanlúcar.[45] En el mismo año, se estimaba que 49% de la plata americana, al arribar a Cádiz era transferida a navíos franceses con total impunidad. [46]

Aun cuando la monarquía reforzó el control sobre la Carrera de Indias en las décadas de 1640 y 1670, el tráfico ilícito se mantuvo en aumento. Al tiempo que se redujo el arribo de caudales privados a la metrópoli, se elevó el ingreso de metales preciosos a los puertos de las potencias marítimas europeas.[47] A partir de la década de 1660, disminuyó el número de embarcaciones reservadas para la Carrera de Indias y su tonelaje. Además de la pérdida de navíos por el estado de guerra que enfrentó la metrópoli, este fenómeno estuvo relacionado con el cambio cualitativo de las remisiones a Hispanoamérica. Los frutos de Andalucía, fueron desplazados por manufacturas europeas, que tenían mayor valor, menor precio y volumen. [48] En 1678 el predominio del puerto gaditano era indiscutible. De los textiles que se embarcaban a Indias de manera legal, el 71% se remitía de Cádiz, frente al 24% que procedía de Sevilla.[49]

En 1679 la ciudad de Cádiz logró neutralizar los embates de la Casa de Contratación y los cargadores de Sevilla, al negociar con el monarca la restauración del Juzgado y Tabla de Indias, mediante la entrega de un donativo por poco más de 80,000 escudos.[50] En el mismo año, la determinación de la corona a enfrentar la decadencia de la Carrera de Indias y el predominio de los extranjeros, la condujo a instituir la Junta de restablecimiento del comercio. Entre las reformas que la junta propuso se destaca el traslado de la cabecera de las flotas al puerto de Cádiz, aun cuando la Casa de Contratación y el Consulado de Indias se mantuvieron en Sevilla. El cambio se justificó por las dilaciones y los riesgos que ocasionaba el cruce de la barra de Sanlúcar y la navegación en las aguas poco profundas del río Guadalquivir.[51]

En el último tercio del siglo XVII, los mercaderes de México, cuya principal actividad era la habilitación de los mineros, recibían de los comerciantes gaditanos insumos para la producción argentífera, como el hierro, que se empleaba en la explotación y beneficio de la plata. Andrés Martínez de Murguía y Francisco Sáenz de Zuazo, despachaban hierro, acero, textiles y otros productos a los principales mercaderes de México. Entre estos se encontraban el primo de Martínez Murguía, Domingo de Larrea,[52] quien fue prior del Consulado de México en 1686-1687, Dámaso de Saldivar, que ocupó el mismo cargo de 1693 a 1695, José de Retes Largacha y José de Larribas, quien fue cónsul en 1693-1694 y fungió como apoderado de los gaditanos.[53]

Como vimos, los mercaderes de México concentraban los metales no gravados que se empleaban en el contrabando y tenían estrechas relaciones con las autoridades del puerto de Veracruz. Francisco Antonio de Medina Picazo, quien había comprado el oficio de tesorero de la Casa de Moneda, en 1682, se casó con la hija del tesorero de la real caja de Veracruz. Poco después su hermana Juana, contrajo matrimonio con Joaquín de Zavaleta, mercader procedente de Vizcaya, que fue prior del consulado en 1710 y 1711. José de Zavaleta, pariente de Joaquín, fue regidor y alcalde ordinario de Veracruz y arrendó la recaudación de las alcabalas del puerto cuando menos de 1704 a 1722. Estos vínculos facilitaban el contrabando de plata a la metrópoli.[54]

La importancia del tráfico que sostenían los mercaderes de México con los gaditanos, se pone de manifiesto por el hecho de que, cuando menos desde 1698, el consulado de México tenía un agente de negocios en el puerto de Cádiz, no en Sevilla. En el año mencionado prior y cónsules otorgaron dicha comisión a Pedro Cristóbal de Reinoso Mendoza y Luyando, quien era miembro de una de las familias más influyentes del Puerto de Santa María y fue nombrado por el rey caballero de Santiago. Pedro Cristóbal prestó servicios al Consulado con el apoyo de su hermano, Juan Antonio, su hijo,  Juan Joseph y su sobrino Antonio Félix, en el orden expuesto[55]. En las primeras décadas del siglo XVIII Juan Joseph y Antonio Félix de Reinoso y Mendoza comerciaban en Veracruz mediante la recepción de riesgos de mar de vecinos de Cádiz y Panamá[56].

Cuando Pedro Cristóbal de Reinoso y Mendoza, o sus parientes, no pudieron efectuar alguna comisión del Consulado, recomendó a personas de su confianza para hacerlo. En 1720 exhortó al prior y los cónsules de la ciudad de México para que se valieran de Andrés Martínez de Murguía y a don Juan Bautista de Iturri, vecinos de Cádiz, a fin de que negociaran el nuevo arrendamiento de las alcabalas de la ciudad de México, en nombre de la corporación.[57] A la muerte de Pedro Cristóbal Reinoso y Mendoza, lo sucedió su hijo Juan Joseph, quien había sido nombrado caballero del orden de Calatrava.  Juan Joseph Reinoso y Mendoza se mantuvo al servicio del Consulado de México hasta octubre de 1751. Pedro Cristóbal y Juan Joseph Reinoso y Mendoza fueron regidores de la ciudad y puerto de Santa María.[58]

2. Conflictos entre los consulados de México y Cádiz en la primera mitad del siglo XVIII

La Guerra de Sucesión propició un aumento notable del contrabando. La guerra permitió a la ciudad de Cádiz fortalecer su posición por el apoyo que brindó a la causa de los Borbones, mientras que los costos de su defensa se realizaron con el apoyo de los comerciantes.[59] Una vez concluida la guerra, las autoridades reales se esforzaron porque las flotas salieran rumbo a Nueva España cada año, con el propósito de aumentar el volumen del tráfico, generar mayores recursos fiscales y disminuir el tráfico ilícito. Uno de los principales obstáculos para normalizar el calendario de la flota era su retención en Nueva España, debido a que los encomenderos españoles se internaban a comerciar en la ciudad de México y otros lugares del virreinato, circunstancia que dilataba su regreso al puerto de Veracruz.

De acuerdo con el virrey duque de Linares (1711-1716), los cargadores no regresaban a Veracruz cuando la flota tenía que retornar por dos razones. Porque se internaban en Nueva España, en donde permanecían largos periodos para intercambiar sus mercancías por plata que no había sido gravada, o a la que sólo se le había descontado el derecho del diezmo.[60] Otra razón era que los almaceneros retrasaban las compras con el propósito de presionar a los factores peninsulares para que bajaran los precios. El duque afirmaba que los encomenderos iban a Nueva España “con intención de llevarse, si pudieran, el reino, y los habitantes en la de resistirla, discurriendo que sitiándolos con la necesidad les han de obligar a que dejen la ropa al precio más ínfimo que pueden”[61].

Con el propósito de regularizar el calendario de las flotas, a iniciativa de la Junta de restablecimiento del comercio, se había mandado realizar una feria en Veracruz. Sin embargo, los intentos realizados -en 1683, 1706 y 1708- habían fracasado porque los representantes de los mercaderes de México y los cargadores peninsulares no habían llegado a un acuerdo sobre los precios[62]. Ante el fracaso de las negociaciones, para vender sus mercaderías los flotistas habían tenido que acudir a la capital del virreinato[63], en donde se encontraban a merced de los almaceneros.

Para los mercaderes de México, que tenían una participación central en el contrabando y el comercio oriental,[64] resultaba poco atractiva la compra de los géneros europeos que llegaban en las flotas a precios mucho mayores, por la intermediación y el pago de derechos. En consecuencia, en 1713, el Consulado de México demandó al rey que los convoyes se despacharan cada dos años y, para ejercer presión, planteó que si no se llevaba a cabo dicha medida, el comercio no podría habilitar la producción minera[65].  Por órdenes del Rey, el Consejo de Indias realizó una consulta sobre dicha propuesta. De acuerdo con el Consulado de Sevilla, la provisión de flotas cada dos o tres años requería de enormes caudales, de los que carecían, en tanto que la suspensión de las flotas fomentaba el contrabando. Además atribuyó la escasa demanda del virreinato al tráfico de textiles chinos, que competían con los españoles, y ocasionaban la pérdida de la plata en el Oriente[66]. En oposición a esta postura, las juntas de comerciantes de Cádiz, Santa María y Sanlúcar apoyaron el planteamiento del Consulado de México, a condición de que se combatiera el contrabando[67].

El problema entre los mercaderes de México y los peninsulares se profundizó a raíz de la entrada legal de los ingleses en el mercado novohispano. Como parte de los Tratados de Utrecht de 1713, Felipe V tuvo que conceder a Gran Bretaña el asiento para abastecer esclavos africanos a Hispanoamérica y permiso para enviar a Veracruz un navío anual de 500 toneladas, cuya carga se vendería a la llegada de la flota. El navío británico favoreció el contrabando y restó competitividad a las mercancías de los factores peninsulares, porque los géneros ingleses eran entre 25 y 30% más baratos, entre otras razones, porque estaban exentos del pago de gravámenes. En 1715 la flota tuvo que regresar a Cádiz, cuando no se habían vendido gran parte de las mercancías, las cuales quedaron al cuidado de los factores peninsulares.[68]

La avasalladora competencia de los anglosajones obligó a la corona a introducir una serie de reformas para regularizar el tráfico de las flotas. En 1717 la Casa de Contratación y el Consulado de Indias se trasladaron de Sevilla a Cádiz.[69] A partir de entonces el cuerpo mercantil tuvo dos sedes, y modificó su organización interna para que los cargadores gaditanos participaran en los comicios y eligieran a uno de los tres cónsules.[70]

En 1718, el monarca prohibió el tráfico y el consumo de las sedas chinas, para evitar que compitieran con los géneros que llevaba la flota. Sin embargo, ante las protestas de los comercios de México y Filipinas la restricción se levantó unos años después, luego de que los Manilos aceptaron un aumento en los gravámenes.[71]

Con el propósito de que la flota permaneciera en Nueva España el menor tiempo posible, en el mismo año de 1718 se ordenó que la feria se realizara en Jalapa, población ubicada a veinte leguas de Veracruz, en donde no podían permanecer los españoles por su clima malsano. En la normatividad de la feria, se estableció que, una vez que los diputados de los comercios de España y México llegaran a un acuerdo sobre los precios, todas las mercancías del convoy tenían que venderse en la feria. De este modo se pretendía acabar con la costumbre de despachar las mercaderías “al por menor y al fiado”. Las ventas debían realizarse en un periodo aproximado de seis meses y los comisionistas españoles no podían internarse en el virreinato.[72] Sin embargo, el Presidente de la Casa de la Contratación, José Patiño, mandó que al término de la feria, los factores andaluces pudieran vender en “donde les pareciere”. Dicha reglamentación quedó plasmada en el Real Proyecto de Flotas y Galeones de 1720[73].

La competencia que se presentaba en Nueva España y las reformas introducidas en el Real Proyecto, en especial la posibilidad de otorgar licencias a los navíos de registro, por la vía reservada,[74] desató la lucha de los cargadores que se consideraban españoles “antiguos” contra los jenízaros, como se llamaba a los hijos de extranjeros naturalizados.[75] La diputación del Consulado de Indias, recién establecida en Cádiz, en mayo de 1720, solicitó al rey que prohibiera la participación directa de los jenízaros en la Carrera de Indias, por temor a que desplazaran a los españoles “antiguos” en su papel de intermediarios.[76]

En la primera feria que se realizó en Jalapa, en 1721, los delegados de los comercios de Cádiz y México no llegaron a un acuerdo sobre los precios. Los almaceneros realizaron compras mínimas[77]. En mayo de 1722 el monarca ordenó anular la feria y confirmó a los peninsulares la libertad para vender donde les conviniera[78]. Prácticamente la mitad de la carga de la flota había quedado sin vender. Los españoles “viejos” se quejaron al Consulado de Cargadores de Indias porque de los quince millones de pesos a que ascendía el total de la carga sólo tres iban a su cargo. Asimismo, convencieron al comandante de la flota de que los jenízaros tenían prohibido participar en la Carrera por ser extranjeros, o hijos de éstos, por lo que los obligó a regresar en la misma flota. Entonces, cuarenta y uno de los setenta y dos encomenderos se internaron en el virreinato para realizar sus mercancías.[79] Luego de varios años de lucha, en 1729, los cargadores de Sevilla consiguieron licencia para elaborar una lista de los comerciantes habilitados para el comercio con Hispanoamérica, de la que excluyeron a los hijos y nietos de extranjeros nacidos en España.[80]

En 1722 el Consulado de México, con el apoyo del virrey marqués de Casafuerte, mandó a las autoridades de la Metrópoli una representación en la que atribuyó los quebrantos que padecía el comercio de Nueva España a los encomenderos que se quedaban en el virreinato. Planteó que “los gachupines” eran preferidos por los minoristas porque creían que vendían de primera mano a precios bajos, por lo que suplicó que  no salieran de Jalapa. Sostuvo que sólo así se podría evitar que los peninsulares compraran a otros cargadores y trataran con mercancías orientales, del reino y de otras provincias americanas.[81] El cuerpo mercantil de la capital novohispana se esforzaba por conservar el monopolio de la distribución de bienes europeos en el virreinato; no obstante, continuaba enviando capitales a Cádiz para que se invirtieran en créditos a riesgo de mar[82].

La flota de 1723 llegó a Veracruz unas semanas antes del arribo del navío de permiso inglés, por lo que los comisionistas andaluces pudieron vender con éxito gran parte de sus mercancías. A principios de 1724 las ventas de los factores peninsulares cayeron drásticamente, junto con los precios, como consecuencia de la llegada de la Nao  de China y el navío inglés que desembarco ilegalmente más de mil toneladas de mercancías.[83] El consulado de la colonia francesa establecida en Cádiz planteó con asombro que la carga introducida por el navío de permiso inglés representaba, cuando menos, la mitad de la que llevaba la flota, si no es que la sobrepasaba.[84] Los británicos habían obtenido licencia real para internarse en el virreinato, por lo que el Consulado de México, en 1722, había presentado al rey un memorial, en el que explicó que la concesión otorgada a los anglosajones les permitiría acudir a las poblaciones mineras a rescatar metales para llevarlos “sin quintar a su tierra”, hecho que, unido a la exención de derechos y el contrabando que realizaban, ocasionaría al real erario pérdidas elevadas[85].

En noviembre de 1723, el Consulado de México, con el respaldo del virrey marqués de Casafuerte presentó al soberano otro memorial en el que pidió que los británicos se limitaran a vender en el puerto de Veracruz. Esta vez solicitó al Consulado de Cargadores de Indias respaldara su demanda[86]. La representación consular fue promovida por el Presidente del Consejo de Indias, cargo que entonces desempeñaba el marqués de Valero, quien había sido virrey de Nueva España de 1716 a 1722. En marzo de 1724, el soberano derogó la autorización dada a los anglosajones para adentrarse en el virreinato.[87] El bando que mandó a los factores de la compañía de Inglaterra salir de Nueva España, se publicó diez meses después de su llegada, por lo que lograron extraer grandes cantidades de plata[88]. Ante la disminución que presentó la demanda en el virreinato, el Consulado de Cádiz pidió que se pospusiera el envío del siguiente convoy y que la feria se realizara cerca del puerto. Como no había forma de impedir la salida del navío inglés, el rey ordenó que la flota saliera en 1725 y la feria se celebrara en el pueblo de Orizaba, situado a veintiséis leguas de Veracruz[89].

En 1725 los encomenderos llegaron a Nueva España con autorización para vender en donde les conviniera, en respuesta a la demanda del Consulado de Cádiz que había manifestado su temor de que los diputados del Consulado de México se negaran a llegar a un convenio sobre los precios[90]. Poco después, arribó el buque inglés, cuyos factores se internaron en el virreinato para vender esclavos y comerciar de manera subrepticia[91]. Ante la competencia de los géneros ingleses y orientales, la flota tuvo que regresar a Cádiz dejando a varios peninsulares con más de la tercera parte de la carga[92]. El inicio de hostilidades con Gran Bretaña, a mediados de 1726, dio lugar a la confiscación del navío de permiso y el resto de los bienes de los anglosajones, quienes quedaron al margen de la competencia por algunos años[93].

En 1728 el Consulado de México logró que el virrey marqués de Casafuerte modificara la reglamentación de la feria. El virrey estableció que si los diputados de España y México no llegaban a un acuerdo sobre los precios, él resolvería lo conveniente, prohibió a los peninsulares vender las mercancías rezagadas fuera de Jalapa y, para que regresaran en la misma flota, dispuso que los almaceneros las compraran a precio de feria o las recibieran en encomienda[94].  Esta fue la única forma en que la corona pudo garantizar el funcionamiento del sistema de  flotas y ferias. A partir de entonces quedaron establecidos los límites territoriales para realizar el comercio entre Cádiz y México.

La feria de Jalapa de 1729 se llevó a cabo con base en la normatividad establecida, por lo que no se presentaron problemas. En la siguiente feria, que se realizó en 1732-1733, se padeció la competencia del navío de permiso inglés, por lo que flota tuvo que retornar, en mayo de 1733, dejando rezagos por un valor aproximado de siete millones de pesos. Las demandas del Consulado de Cádiz para que se autorizara a los encomenderos a penetrar en el virreinato no fueron atendidas, por lo que tuvieron que permanecer en Jalapa a la espera de compradores.[95] En 1735 el Consulado de Cargadores de Indias consiguió que se prohibiera a los almaceneros remitir caudales a Cádiz para la compra de géneros.[96] De este modo, la monarquía otorgó a los mercaderes de México y Cádiz sus respectivos cotos de poder en relación con el abasto de bienes europeos para Nueva España.

3. La política real contra los privilegios consulares

La llamada “Guerra de la Oreja de Jenkins” (1739-1748), que desató el contrabando que realizaban los ingleses en Hispanoamérica,[97] obligó a suspender el tráfico de las flotas. Para eludir la amenaza de las escuadras inglesas en el Atlántico, el comercio entre Cádiz y Nueva España quedó restringido a los navíos que navegaban de manera aislada. Se les llamaba embarcaciones de “registro” porque para realizar la travesía requerían de licencia del monarca, la cual era otorgada a cambio de un donativo, por lo que resultaban idóneas en momentos de penuria financiera. Las embarcaciones sueltas regularizaron e incrementaron notablemente el comercio Atlántico, así como el consecuente pago de derechos.[98]

En 1743, el marqués de Ensenada, que se hizo cargo del ministerio de Hacienda, Guerra, Marina e Indias, mantuvo la navegación de navíos de registro, a pesar de que los consulados de México y Cádiz presionaban para que se restituyeran las flotas.[99] El monarca, apremiado por la necesidad de caudales para sostener la guerra, en 1743 volvió a dar autorización a los jenízaros para participar en la Carrera de Indias,[100] a condición de presentar una serie de requisitos. Mediante la intermediación de los hijos y nietos de extranjeros, los mercaderes de las principales naciones manufactureras lograron participar de manera más activa y directa en el comercio con Hispanoamérica.[101]

Frente a la carencia de fondos para habilitar la escuadra de La Habana, los presidios de Barlovento y la Florida, a principios de 1743 el conde de Fuenclara obtuvo del consulado de México un empréstito por 1,200,000 pesos y, al cabo de unos meses, otro adelanto por 466,666 pesos, para cuyo reembolso se elevó el derecho de alcabala en la ciudad de México del 6 al 8%.[102] En recompensa por los servicios prestados por el cuerpo mercantil de la ciudad de México, en 1744 el virrey conde de Fuenclara apoyó la representación que envió al Rey, en la que atribuyó el deterioro que padecía el comercio de Nueva España al tráfico de navíos sueltos. El Consulado denunció que los comerciantes procedentes de la Península se quedaban en México, y otros lugares, para negociar gruesas cargas, parte de las cuales saldaban con géneros orientales, cacao, tintes y otros productos de la tierra, por los que competían con los mexicanos. Expuso que los precios de los bienes que adquirían “al grueso” podían caer, por la llegada de embarcaciones con abundancia del mismo género, problema que no padecían los “registristas” porque estaban bien informados acerca de las mercancías que se despachaban de Cádiz. Para mejorar la situación del comercio, solicitó que los registros llegaran en grupos de cinco o seis; se restringiera la residencia de los consignatarios a Jalapa, sin que pudieran internarse en el reino; y se les prohibiera el trato de bienes de Filipinas, Nueva España y el resto de América.[103]

El conde de Fuenclara confirmó todo lo planteado por el consulado y afirmó que los factores de España sofocaban a los mercaderes del reino, privándolos de sus ganancias. Por este motivo, el mismo Felipe V había resuelto que se establecieran las ferias en Jalapa, limitando el tiempo de residencia de los cargadores, y había establecido que quienes se quedaran con rezagos debían permanecer en Jalapa hasta venderlos, sin realizar nuevas compras y reventas que les permitía elevar el precio de los bienes que escaseaban.[104]

A pesar de los servicios financieros prestados por el Consulado, el monarca hizo mínimas concesiones al comercio de México. En 1745 se ordenó al virrey que en cuanto llegara un navío a Veracruz informara al Consulado y al comercio de Nueva España para que acudieran a Jalapa, en donde los consignatarios permanecerían un mes al cabo del cual podrían internarse en el reino a vender los rezagos.[105] Dicha orden no fue publicada, por el limitado término prescrito por el rey, ya que los mercaderes de México corrían el riesgo de que los cargadores pidieran precios exorbitantes y se internaran a vender en el virreinato. La prohibición de que los factores compraran a los registros que llegaran posteriormente tampoco se publicó, porque los peninsulares podían evadirla valiéndose de terceros.[106] Las medidas señaladas parecen haber formado parte de la política del marqués de la Ensenada, que buscaba acabar con los privilegios de la Carrera de Indias.[107]

En junio de 1746 el Consulado de México concedió al virrey otro préstamo por 700,000 pesos para completar el envío de los situados a las posesiones de Barlovento.[108] El año siguiente el cuerpo mercantil envió una nueva representación a la autoridad real, con el respaldo del conde de Fuenclara, en la que volvió a plantear los problemas que ocasionaban los navíos sueltos al comercio del virreinato.[109]

Cuando se negoció la paz con Gran Bretaña, en 1748, el marqués de Ensenada mantuvo el tráfico exclusivo de navíos de registro a pesar de las presiones de los cuerpos mercantiles de Cádiz y México.[110] Coherente con la política liberalizadora, en 1749 Ensenada autorizó a los mercaderes de México a remitir caudales a Cádiz para la compra de géneros, sin tener que recurrir a los cargadores matriculados en el consulado de cargadores de Indias.[111]

En 1750 el cuerpo mercantil se valió del virrey conde de Revillagigedo para demandar el restablecimiento de las flotas. El consulado planteó que los registros sueltos habían puesto al comercio de Nueva España en un estado deplorable, porque favorecían la competencia desleal de los peninsulares que se habían establecido en el virreinato. Entonces urgió al virrey a atender la situación del comercio de México por la estrecha relación que guardaba con la minería.[112] El siguiente año el Consulado nombró sus apoderados en Cádiz a tres vecinos del puerto: Pedro Sáenz de Santa María, Juan Joseph de Arrambide y Mathias de Landaburu. La primera comisión que les dio fue cerrar la cuenta que la corporación había tenido con Pedro Cristóbal de Reinoso Mendoza y Luyando y con su hijo Juan Joseph Reinoso Mendoza y Luyando, caballero del orden de Calatrava.[113]

En 1753 el conde de Revillagigedo intercedió a favor de los mercaderes de México ante el marqués de la Ensenada, para que este diera cuenta al monarca. Expuso la decadencia que experimentaba el comercio de México porque la llegada sucesiva de registros “envilecía” los precios de las mercancías y los “registristas” acaparaban los tratos, al vender de primera mano a precios menores. Planteó que el problema era mayor cuando se trataba de encomenderos que compraban en Cádiz directamente a los extranjeros, porque eliminaban los costos de intermediación. Informó que muchos de los “registristas” se encontraban en el virreinato no eran españoles, por lo que había tomado conocimiento de sus “naturalezas y licencias”. Denunció que los factores peninsulares negociaban en los reales mineros a cambio de plata y oro que extraían del virreinato sin pagar derechos reales, situación que se constataba por la disminución que había presentado la entrada de metales a la casa de Moneda y la oficina del apartado de metales. Por último, recomendó que se atendiera la conservación del comercio de Nueva España, del que dependían el avío de los minerales, por lo que había decidido mantener a los “registristas” en Jalapa sin permitirles internarse en el reino[114].

El nombramiento de Julián de Arriaga en el Ministerio de Indias, en 1754, y la posterior destitución del marqués de Ensenada, favorecieron los intereses de los cuerpos mercantiles privilegiados. Arriaga restableció la flota de Nueva España,[115] aun cuando mantuvo el tráfico de navíos sueltos en los puertos a donde no llegaba el convoy[116]. En esta forma, el ministro reformista satisfizo la demanda de los poderosos consulados de Sevilla y México, aun cuando no renunció a generar mayores ingresos fiscales mediante el tráfico mercantil y a propiciar cierta competencia interna.

En mayo de 1755 el consulado comisionó al mercader Francisco de la Cotera, yerno de Manuel de Rivas Cacho, uno de los mercaderes más poderosos de la corporación, y al licenciado Francisco Xavier de Gamboa, consultor y apoderado de la corporación, para acudir ante el rey y las autoridades que regían el comercio de Indias a promover sus demandas comerciales. Con el propósito de que los diputados tuvieran mayor influencia, el tribunal mercantil les confió 400,000 pesos del fondo secreto que había constituido el cuerpo mercantil con los excedentes generados por la recaudación del derecho de alcabalas, cuya administración había estado a su cargo los últimos cincuenta y nueve años.[117]

Los diputados del consulado presentaron varios memoriales a las autoridades de Cádiz y Madrid,[118] en los que plantearon que el comercio de Nueva España se encontraba en crisis y propusieron una serie de medidas para reactivarlo. Atribuyeron la decadencia del comercio del virreinato al tráfico de navíos de registro y pidieron que fueran suprimidos porque dificultaban el despacho de las flotas y trastornaba el comercio. Explicaron cómo, al arribar sin previo aviso no se podía prevenir ningún caudal para levantarlos, mientras que la llegada de buques de manera sucesiva abatía los precios. Destacaron que no se había logrado el objetivo de los registros, que era la reducción de los precios, porque los encomenderos llevaban de Cádiz las facturas recargadas con 18% de riesgo de mar, del embarque de sus personas y el costo de las escrituras para enviar a Cádiz sus anticipos.

Los apoderados del consulado solicitaron que las flotas se despacharan cada tres años y su tonelaje se limitara de acuerdo con las existencias de Nueva España. Demostraron que los registros habían sobre abastecido el virreinato, por lo que la moneda sería insuficiente para “feriar la flota”. Explicaron que los sobrantes de las ferias daban lugar a que los encomenderos peninsulares se internaran en Nueva España a vender de primera mano a precios bajos, situación que impedía a los comerciantes del reino vender de segunda o tercera mano. Se quejaron de que había sesenta encomenderos establecidos en el virreinato, muchos de los cuales eran extranjeros, los cuales solían comprar a otros para revender, competencia que había llevado a muchos tratantes del reino a la quiebra y a retirarse del comercio.

Denunciaron que los peninsulares pagaban las remisiones de Cádiz con dinero tomado a interés del 5 al 8%, que recargaban en los precios, y solían pedir prórrogas para pagar o no saldaban sus adeudos. En 1748 y 1749 Manuel de Rivas Cacho había prestado al encomendero Martínez de Rivas más de 100,000 pesos para que los remitiera a Cádiz, y una vez vencido el plazo, le había quedado a deber 68,000 pesos. A principios de 1755 Martínez de Rivas y su hijo habían intentado viajar a Cádiz, “pagando con hacer una escritura” afianzada con una casa en Sevilla y “otros arbitrios remotos”, por lo que Rivas Cacho había pedido ejecución contra el primero.

Otro problema causado por los encomenderos era que remitían la moneda a Cádiz de manera continua, lo que impedía que circulara en el reino. Además de que lesionaban a la real hacienda porque tomaban los metales de los reales mineros sin manifestarlos, ni pagar derechos. Los diputados consulares plantearon que los mercaderes de México llevaban las cargas del Estado, aventuraban millones de pesos al habilitar las minas, el beneficio de metales, las haciendas y los tratantes de tierra adentro, mientras éstos compraban al contado a los “gachupines”, que ni vendían al fiado, ni fomentaban actividad alguna. Advirtieron que, de mantenerse tales condiciones, se podía “hacer reventar a los acreedores del reino”. Finalmente, plantearon las siguientes demandas: que el comercio se hiciera por flotas y ferias en Jalapa, sin que los virreyes pudieran dar licencia a los cargadores para pasar a México u otros lugares; que los peninsulares residentes en el interior se retiraran a Jalapa, dejando sus existencias encomendadas a comerciantes del reino, o que las vendieran en presencia de un interventor del consulado, para evitar que se revendieran entre sí; y que la próxima flota saliera hasta mediados de 1757, porque Nueva España carecía de caudales y estaba recargada con “muchos millones de mercadurías”. [119]

Es posible que a través del manejo de los caudales del fondo de alcabalas, los apoderados del Consulado de México lograran que los funcionarios de la Casa de Contratación y el Consejo de Indias rindieran dictámenes favorables sobre la mayor parte de los asuntos que presentaron. Ambos plantearon que el comercio Atlántico sólo favorecía a las casas extranjeras asentadas en Cádiz, las cuales, además de haber desplazado a los españoles, durante la guerra habían aumentado los precios y no los habían reducido por las facilidades que ofrecían los navíos de registro. Condenó el tráfico de navíos porque habían ocasionado el sobre abasto del virreinato, situación que tenía paralizado al comercio de Cádiz. Asimismo, afirmó que los cargadores residentes en Nueva España contradecían las determinaciones reales al pagar parte de las cargas de los registros con frutos de la tierra y comprarse entre ellos para revender, valiéndose de terceros. En esta forma se habían adueñado del comercio interior, percibían ganancias que correspondían a los naturales y se las llevaban a España, dejando otros encomenderos en su lugar, y habían llegado al exceso de establecer “tiendas con criados en los reales de minas”, por lo que consideraban “justo contener tan considerables desórdenes”.[120]

El apoyo que brindaron al consulado las instituciones del gobierno de Indias fue determinante. En noviembre de 1756 se ordenó que la flota zarpara el año siguiente y que los comerciantes matriculados en España que residían en el virreinato, se dirigieran a la feria de Jalapa,[121] llevando sus mercancías o dejándolas en la ciudad de México. El comercio de los cargadores españoles se limitó a la feria de Jalapa, al prohibir que cuando ésta concluyera se internaran en el virreinato. Además, se autorizó a los mexicanos para que remitieran caudales a Cádiz con el objeto de “emplearlos en ropas y retornarlos en flotas”. [122] En esta forma se restituyó a los mercaderes de México el monopolio sobre la distribución de bienes europeos dentro del virreinato.

SIGLAS Y REFERENCIAS

AGI: Archivo General de Indias

AGN: Archivo General de la Nación

AGNM: Archivo General de Notarías, ciudad de México

AHH: Archivo Histórico de Hacienda

  • Arcila Farías, Eduardo, Reformas económicas del siglo XVIII en Nueva España, II Volúmenes, México, Secretaría de Educación Pública, serie Setentas, 1974, No 118.

  • Bakewell, Peter J. Minería  y  sociedad en el  México  Colonial. Zacatecas (1546‑1700), México, 1976, Fondo de Cultura Económica.

  • Bernal, Miguel Antonio La financiación de la Carrera de Indias (1492-1824). Dinero y crédito en el comercio colonial español con América, Sevilla, 1992, Fundación El Monte.

  • Bertrand, Michel, Grandeur et misères de l´office. Les officiers de finances de Nouvelle Espagne (XVIIe–XVIIIe siècles), Paris, 1999, Publications de la Sorbonne.

  • Bustos Rodríguez, Manuel, Cádiz en el sistema Atlántico. La ciudad, sus comerciantes y la actividad mercantil (1650-1830), Madrid, 2005, Sílex Ediciones, Universidad de Cádiz.

  • Carrasco González, Guadalupe, Los instrumentos del comercio colonial en el Cádiz del siglo XVII, (1650-1700), Madrid, 1976, Banco de España, Estudios de Historia Económica nº 35.

  • Chaunu, Pierre, Las Filipinas y el pacífico de los ibéricos siglos XVI-XVII-XVIII. (estadísticas y atlas), México, 1976, Instituto Mexicano de Comercio Exterior.

  • Delgado Rivas, José María, Dinámicas imperiales [1650-1796]. España, América y Europa en el cambio institucional del sistema colonial español,

    Barcelona, 2007, Edicions Bellaterra.
  • Domínguez Ortíz, Antonio, Sociedad y Estado en el siglo XVIII español, Barcelona, 1988, Editorial Ariel.

  • Domínguez Ortíz, Antonio, La sociedad española en el siglo XVII, Granada, Consejo Superiror de Investigaciones Científicas-Universidad de Granada, 1992, 2 vols., [edición facsimilar 1963].

  • García-Baquero, Antonio, Cádiz y el Atlántico (1717-1778). El comercio colonial español bajo el monopolio gaditano, Cádiz, Diputación provincial de Cádiz, 1988, 2 vols. [1ª. Edición 1976].

  • García-Baquero, Antonio,  Andalucía y la Carrera de Indias (1492-1824), Sevilla, 1986, Escuela de Estudios Hispanoamericanos, 2 vols.

  • García-Fuentes, Lutgardo, El comercio español con América 1650-1700, Sevilla, 1980, Excma. Diputación Provincial de Sevilla / Escuela de Estudios Hispanoamericanos, CSIC, 574 p.

  • García-Fuentes, Lutgardo,  “En torno a la reactivación del comercio indiano en tiempos de Carlos II”, en Anuario de Estudios Americanos, 1979, v. XXXVI, pp. 251-287.

  • Guijo, Gregorio M. de, Diario 1648-1664, Edición y prólogo de Manuel Romero de Terreros, México, 1952, Editorial Porrúa.

  • Haring, Clarence H.Comercio y navegación entre España y las Indias, México, 1984, Fondo de Cultura Económica, [1a. ed. en inglés 1918].

  • Hoberman, Louisa Schell, Mexico's merchant elite, 1590-1660. Silver, state and society, Durham, 1991, Duke University Press.

  • Huerta, María Teresa, “Redes mercantiles en torno a la plata en el norte minero novohispano. Segunda mitad del siglo XVII”, en Antonio Ibarra y Guillermina del Valle, coordinadores, Redes sociales e instituciones comerciales en el Imperio Español, siglos XVII a XIX,  México, 2007, Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Economía; Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, 2007, pp. 85-116.

  • Iglesias Rodríguez, Juan José,  Una ciudad mercantil en el siglo XVIII: El Puerto de Santa María, Sevilla, 1991, Universidad de Sevilla, Fundación Municipal de Cultura de El Puerto de Santa María.

  • Kuethe, Allan J. “El fin del monopolio: los Borbones y el Consulado andaluz”, en Enriqueta Vila Vilar y Allan J. Kuethe, eds., Relaciones de poder y comercio colonial:_nuevas perspectivas, Sevilla, 1999, Escuela de Estudios Hispano-americanos / Texas-Tech University, pp. 35-66.

  • Kuethe, Allan J. “Traslado del consulado de Sevilla a Cádiz: nuevas perspectivas”, en Ibídem.,1999 Kuethe, Allan J.Kuethe, Allan J. pp. 67-82.

  • Lang, Mervyn F.,  El monopolio estatal del mercurio en el México colonial (1550-1710), México, 1977, Fondo de Cultura Económica.

  • Laredo Quesada, Miguel-Ángel, “El mundo comercial y financiero europeo (siglos xv y xvi)”, en Actas del V Centenario del Consulado de Burgos (1494-1994), Burgos, Excma. Diputación Provincial de Burgos, 1995.

  • Liss, Peggy K., Los imperios transatlánticos. Las redes del comercio y de las Revoluciones de Independencia, México, 1989, Fondo de Cultura Económica.

  • Lynch, John, El siglo XVIII. Historia de España, XII, Barcelona, 1991, Editorial Crítica, Serie Mayor, directores: Josep Fontana y Gonzalo Pontón.

  • Lynch, John,  España bajo los Austrias. 2. España y América (1598-1700), Barcelona, 1988, Ediciones Península, [1º. ed. en español 1970].

  • Morineau, Michel, Un aluvión de oro y plata: los caudales de Indias, en España y América. Un océano de negocios. Quinto Centenario de la Casa de la Contratación 1503-2003, Madrid, 2003, Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales, pp. 209-222.

  • Pérez Herrero, Pedro, "Actitudes del consulado de México ante las reformas comerciales borbónicas (1718-1765)", en Revista de Indias, 44, núm. 174, 1984 pp. 466-488.

  • Real Díaz, José Joaquín, "Las ferias de Jalapa", en Las ferias comerciales de Nueva España, México, 1959, Instituto Mexicano de Comercio Exterior. (Serie fuentes y estadísticas del comercio exterior de México).

  • Romano, Ruggiero, Coyunturas opuestas: la crisis del siglo XVII en Europa e Hispanoamérica, México, 1993, Fondo de Cultura Económica, Fideicomiso Historia de las Américas.

  • Serrano Mangas, Fernando, Los Galeones de la Carrera de Indias, 1650-1700, Sevilla, 1985, Escuela de Estudios Hispanoamericanos.

  • Stein, Stanley J. y Barbara H. Stein, Plata, comercio y guerra. España y América en la formación de la Europa moderna, Barcelona, 2002, Crítica.

  • Studnicki-Gizbert, Daviken, From Agents to Consulado: Comercial Networks in Colonial Mexico, 1520-1590 and Beyond, Anuario de Estudios Americanos, v. LVII, (1), 2000 pp. 41-68.

  • Valle Pavón, Guillermina del, “Orígenes de la centralidad comercial de la ciudad de México en el siglo XVI”, en Lourdes de Ita, coordinadora, Organización del Espacio en el México Colonial: Puertos, Ciudades y Caminos, México, 2010, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Instituto de Investigaciones Históricas.

  • Valle Pavón, Guillermina del, Bases del poder de los mercaderes de plata de la ciudad de México. Redes, venalidad, control del consulado y la casa de moneda a fines del siglo XVII, 2010, Anuario de Estudios Americanos.

  • Valle Pavón, Guillermina del, “El régimen de privilegios del consulado de mercaderes de la ciudad de México”, en Beatriz Rojas, coordinadora, Cuerpo político y pluralidad de derechos. Los privilegios de las corporaciones novohispanas, México, 2007, El Centro de Investigación y Docencia Económica; Instituto de Investigaciones Dr. José Ma. Luis Mora, pp. 155-187.

  • Valle Pavón, Guillermina del, “La lucha por el control de los precios entre los consulados de México y Andalucía”, en Revista Complutense de Historia de América, Madrid, número 32, 2006 pp. 41-62. (Dossier “El tráfico comercial hispano-indiano: instituciones, actores y mercancías”).

  • Valle Pavón, Guillermina del,  “Los mercaderes de México y la transgresión de los límites al comercio Pacífico en Nueva España, 1550-1620”, en Revista de Historia Económica, La Economía en tiempos del Quijote, v. XXIII, número extraordinario, Madrid, 2005 pp. 213-240.

  • Valle Pavón, Guillermina del, "Conflictos por la representación y gestión del derecho de alcabalas, la transformación de la normatividad electoral del Consulado de México en el siglo XVII", en Bernd Hausberger y Antonio Ibarra, coordinadores, Comercio y poder en América colonial: los consulados de comercio siglos XVIII y XIX. Elites comerciales, instituciones corporativas y gestión del cambio económico colonial, Frankfurt, 2003, Ed. Vervuert, Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, pp. 41-72.

  • Valle Pavón, Guillermina del, "Expansión de la economía mercantil y creación del Consulado de México", en Historia Mexicana, revista del Centro de Estudios Históricos, El Colegio de México), vol. LI, núm. 3, (202), enero-marzo,2002  pp. 517-557.

  • El Consulado de comerciantes de la ciudad de México y las finanzas novohispanas, 1592-1827, (Tesis para optar al grado de doctor en historia), México, 1997, El Colegio de México, Centro de Estudios Históricos.

  • Walker, Geoffrey J. Política española y comercio colonial, 1700-1789, Barcelona, 1979, Editorial Ariel.


[1] Desde el siglo XIII los puertos de Cádiz y Santa María eran escalas en la larga ruta marítima que articulaba los puertos del Mediterráneo, con los del Mar del Norte y el Báltico; además constituyeron las cabeceras del tráfico con África. Ambos centros mercantiles, además de brindar servicios de flete y reparación de barcos, ofrecían productos de la tierra: vinos, aceite, lana, mercurio, así como oro, esclavos y otros bienes del sur del Sahara; trigo, lana y colorantes del Magreb. Bustos, Cádiz, 2005, pp. 61, 62; Laredo Quesada, “Mundo”, 1995, pp. 153, 155, 162.

[2] Dicha bahía tenía a la entrada tres leguas de ancho y podía albergar gran número de navíos, cerca de dos mil, de acuerdo con un testimonio de 1673. Bustos, Cádiz, 1995, p. 81.

[3] De acuerdo con Haring, en 1508 se estableció en Cádiz un visitador dependiente de la Casa de Contratación de Sevilla. Haring, Comercio, 1984, pp. 9-13. Según Bustos, en 1509 varios jueces de la Casa de Contratación se habían estableció en Cádiz, en donde se constituyó el Juzgado y Tabla de Indias. Bustos, Cádiz, 1995, pp. 47, 48

[4] Haring, Comercio, 1984, pp. 13-17.

[5] Memoria de la junta de mercaderes del 10 de noviembre de 1598. AGN, AHH, 213-11. Valle Pavón, “Consulado”, 1997, pp.

[6] Acerca de la erección del Consulado de México y sus principales funciones véanse Valle Pavón, “Expansión” y “Régimen”, 2007.

[7] Valle Pavón, “Mercaderes”, 2005.

[8] García Baquero, Cádiz, 1976, t. I, p. 105.

[9] Sobre el papel que desempeñaron las empresas extranjeras en el comercio que se realizó en México en los años que siguieron a la conquista y en décadas subsiguientes véanse Valle Pavón, “Orígenes”, 2010; Studniki-Gizbert, “From Agents”, 2000, pp. 46, 47.

[10] Haring, Comercio, 1984, pp. 13, 14.

[11] Haring, Comercio, 1984, pp. 11-15.

[12] Lynch, España, 1988, pp. 99-111.

[13] Valle Pavón, “Consulado”, 1997, p.

[14] Haring, Comercio, 1984, p. 17.

[15] Bustos, Cádiz, 1995, p. 51.

[16] Para solventar los requerimientos de la guerra, en dicho año el soberano mandó repartir 30,000 ducados entre los hombres de negocios de Sevilla, quienes otorgaron al rey cerca de 32,500 ducados. Los Reyes, “Lisboa”, 2005, pp. 108, 109.

[17] Haring, Comercio, 1984, pp. 14-15.

[18] Lynch, España, 1988, II, p. 90-95, 102-105.

[19] Hoberman, Mexico’s, 1991, pp. 268, 269.

[20] Haring, Comercio, 1984, p. 214.

[21] Los holandeses se apoderaron de  Guayana (Fort Nassau) 1624, de Curazao, Bonaire y Aruba, entre 1621 y 1640; los ingleses de Guyana en 1595, de San Cristóbal, Santa Lucía y Jamaica, entre 1610 y 1655; y los franceses de Martinica y Guadalupe en 1635, de Tortuga en 1640, Cayena en 1650 y Haití en 1655. Romano, Mecanismo, 2004, p. 282. En 1667, España tuvo que reconocer la conquista de Jamaica. Delgado Rivas, Dinámicas, 2007, p. 57

[22] Hoberman, Mexico’s, 1991, p. 269.

[23] García Baquero, Cádiz, 1976, t. I, p. 106, 107.

[24] Lang, Monopolio, 1977, p. 82.

[25] Serrano Mangas, Galeones, 1985, pp. 93-95; Huerta, “Redes”, 1997, p. 188.

[26] Lynch, España, 1988, v. II, pp. 172, 221-222; Delgado Rivas, Dinámicas, 2007, pp. 56, 57.

[27] Bustos, Cádiz, 2005, pp. 138-184, 355-372. Delgado Rivas, Dinámicas, 2007, pp. 57-59.

[28] Studnicki-Gizbert, “From Agents”, 2000, pp. 46, 48; Valle Pavón, “Origenes”, 2010.

[29] Valle Pavón, “Bases”, 2010.

[30] Lang, Monopolio, 1977, pp. 24, 25; Hoberman, Mexico´s, 1998, p. 77.

[31] Haro fue cónsul en 1638 y 1639 y prior en 1640, 1643, 1646, 1650, 1651.

[32] Se llamaba plata del “rescate” al metal en bruto, o refinado, que no había sido gravado por el fisco, el cual era comprado por los comerciantes o “rescatadores” a los mineros y sus trabajadores. Véase al respecto Bakewell, Minería, 1976, pp. 290-292.

[33] El pago del diezmo real (10% del valor de la plata producida) era un privilegio reservado a los mineros, mientras que el quinto real (el 20% del metal declarado) lo pagaban los comerciantes o rescatadores cuando presentaban la plata fundida que habían comprado a los mineros y sus trabajadores.

[34] Guijo, Diario, 1952, t. I, pp. 186, 187, 191, 192.

[35] En 1644 Haro informó al rey que amonedaba en promedio 250,000 pesos anuales, y 300,000 pesos de la real caja. Y en 1653 Haro comprobó que había acuñado poco más de 2 millones de pesos, suma que representaba, aproximadamente, el 55% de la amonedación promedio anual registrada en dicha década. Real orden de 24 de marzo de 1645. Cuaderno de Elecciones del consulado de 1636 a 1666. AGN, AHH, 664-32; Hoberman, Mexico´s, 1991, p. 76

[36] Simón de Haro había colaborado con los virreyes para el despacho de la flota y el galeón de Manila, teniendo intereses en ambos comercios, así como para el pago de los salarios de los jueces y oficiales del virreinato. Real orden de 24 de marzo de 1645. Cuaderno de Elecciones del consulado de 1636 a 1666. AGN, AHH, 664-32; Hoberman, Mexico´s, 1991, p. 177.

[37] Además de haber estado involucrado en el contrabando, cuando Haro había sido prior del consulado, la corporación había administrado la renta de alcabalas y acumulado grandes adeudos con la real Hacienda. Véase al respecto Valle Pavón, “Conflictos”, 2003, pp. 54-56.

[38] Hoberman, Mexico’s, 1991, pp. 47-49, 269.

[39] Bertrand, Grandeur, 1999, p. 36, 237-239.

[40] El número de habitantes pasó de algo más de 7,000 en 1600 a 22,000 o 23,000  en 1650. Bustos, Cádiz, 1995, pp. 53, 77.

[41] Domínguez Ortiz, Sociedad, 1963, p. 141; Bustos, Cádiz, 1995, pp. 49, 50.

[42] Carrasco González, Instrumentos, p. 12; Bustos, Cádiz, 1995, p. 77.

[43] Hoberman, Mexico´s, 1991, p. 268.

[44] Bustos, Cádiz, 1995, p. 76. A pesar de las denuncias de los sevillanos, estos también tenían una participación importante en el contrabando. En 1651, la corona repartió entre los mercaderes de Sevilla 140,000 pesos de plata, en compensación por el contrabando que habían practicado en los últimos años. Los Reyes, “Lisboa”, 2005, p. 110.

[45] Haring, Comercio, 1984, p. 17; Bustos, Cádiz, 1995, pp. 47, 48.

[46] Hoberman, Mexico´s, 1991, p. 269.

[47] Morineau, 2003; Romano 1993, pp. 129-138.

[48] García-Baquero, Andalucía y la Carrera, 1986, pp. 87 y ss.

[49] García Fuentes, “En torno”, 1979.

[50] Haring, Comercio, 1984, pp. 17, 18; García-Baquero, Cádiz, 1976, t. I, p. 107; Bustos, Cádiz, 1995, pp. 51, 52

[51] García-Fuentes, Comercio, 1980, pp. 104-109; Kuethe, “Traslado”, 1999, p. 67.

[52] Juan Bautista de Larrea, Domingo de Larrea, en 1698 fue nombrado gobernador de Nueva Vizcaya unos años después, propuso como su sucesor a su pariente Pedro Martínez de Murguía.

[53] Huerta, “Redes”, 2007, pp. 95, 96, 107.

[54] Valle Pavón, “Bases del poder”, 2010. Acerca de los estrechos vínculos de los mercaderes de México con los oficiales de Veracruz, y la forma en que estas relaciones propiciaban el contrabando y la defraudación fiscal, véase Bertrand, Grandeur, 1999, pp. 237-239.

[55] Copia de carta escrita a Don Pedro Cristóbal de Reinoso y Mendoza, México, 10 de junio de 1727. Libro de cartas y papeles del Consulado. AGN, AHH, 2025, f. 155 v. Sobre la familia Reinoso, Iglesias Rodríguez, Ciudad, 1991, pp. 358-366.

[56] Bustos, Cádiz, 1995, pp. 417, 418. En 1720, Antonio Felix Mendoza y Mendoza iba a realizar un viaje a Nueva España, por lo que  su tío Pedro Cristóbal de Reinoso y Mendoza, recomendó al Consulado que se valiera de Andrés Martínez de Murguía y a don Juan Bautista de Iturri, vecinos de Cádiz, para que, en nombre de la corporación negociaran el nuevo arrendamiento de las alcabalas de la ciudad de México. México y agosto 23 de 1720. AGN, AHH, 2025.

[57] Instrucción del prior y cónsules de la ciudad de México, México y agosto 23 de 1720. AGN, AHH, 2025.

[58] Finiquito de la cuenta de Pedro Cristóbal y Juan Joseph de Reinoso Mendoza, México, 17 de mayo de 1751. AGNM, notario 350 Diego Jacinto de León, v. 2282, fs, 148v-150v.

[59] García-Baquero, Cádiz, 1988, p. 107; Bustos, Cádiz, 2005, pp. 53, 54.

[60] En 1663, el oidor de la audiencia, Calderón y Romero, ante el incremento de la extracción de plata que no había pagado derechos, planteó que, cuando los mineros eran sorprendidos transportando la plata que carecía de la marca correspondiente alegaban que se dirigían a la ciudad de México para pagar los gravámenes, no obstante, vendían los metales a los tratantes de las flotas de manera clandestina. Bakewell, Minería, 1976, p. 254.

[61] "Relación dada por el excmo. señor duque de Linares...”, en Instrucciones, 1991, tomo II, pp. 787- 788.

[62] Bernal, Financiación, 1992, pp. 224-226, en especial el cuadro situado en la p. 226.

[63] Representación del Consulado de México, 15 de mayo de 1725. AGN, AHH, 269-2.

[64] A partir de la década de 1690 el comercio oriental adquirió relevancia creciente, como indica la tendencia ascendente que mantuvo el cobro del almojarifazgo de Filipinas hasta 1720. Chaunu, Filipinas, 1976, pp. 107, 110, 111.

[65] "Representación del Consulado de México al virrey Fernando de Alencastre, duque de Linares: esponen la situación del comercio en la Nueva España y solicitan llegadas bianuales de la flotas españolas (1713).", AGI, México 2501.

[66] "Representación del Consulado de Sevilla al Consejo de Indias en respuesta a la solicitud del Consulado de México sobre que se hagan las flotas bianuales (1714)". AGI, México, 2501

[67] Delgado Rivas, Dinámicas, 2007, pp. 95, 96.

[68] Walker, Política, 1979, pp. 97, 100-102; Stein y Stein, Plata, 2002, pp. 169-172; Valle Pavón,  “Lucha”, 2006.

[69] García-Baquero, Cádiz, 1988, pp. 104-109.

[70] Los sevillanos mantuvieron el oficio de prior y uno de los cónsules, quedando el otro cargo de cónsul para los gaditanos, a quienes correspondieron diez de los treinta puestos de electores. La imposibilidad de los representantes de los cargadores de Cádiz para acceder al priorato limitó su influencia en la corporación, circunstancia que mantuvo la rivalidad entre las dos sedes del Consulado durante casi todo el siglo. Bustos, Cádiz, 2005, pp. 54-57.

[71] Walker, Política, 1979, p. 138; Pérez Herrero, “Actitudes”, 1984, pp. 109-111; Delgado Rivas, Dinámicas, 2007, pp. 100, 101.

[72] “Real orden, 20 de marzo 1718”, en Real Díaz, “Ferias”, 1959, pp. 147-148.

[73] Capítulo 10 de la real cédula del 28 de septiembre de 1720. AGN, Reales cédulas, v. 41-50.

[74] La navegación de buques de “registro” para el comercio con los territorios americanos fue normada en el Proyecto de flotas y galeones de 1720, de acuerdo en el cual, dichas naves sólo podían destinarse a regiones secundarias, en las que no se realizaba el comercio regular, por lo que Nueva España quedó prácticamente excluida de dicho tráfico. García-Baquero, Cádiz, 1988, pp. 167-168.

[75] El poder económico de los jenízaros se pone de manifiesto por el hecho de que en la flota de 1717 la carga de dieciocho de ellos había sido superior a la de los setenta y españoles. Bustos, Cádiz, 2005, pp. 167, 168.

[76] García-Baquero, Cádiz, 1988, pp. 122-123;  Bustos, Cádiz, 2005, pp. 168-170.

[77] El consulado planteó que sus miembros carecían de dinero para “levantar” una flota de veinte navíos, cuando el rey “solo había ofrecido siete”.  Del Consulado a su apoderado Pedro Cristóbal de Reinoso, 16 de mayo de 1721. AGN, AHH, 2025, f 10v.

[78] Se hace referencia a la real orden del 16 de mayo de 1722 en Inventario cedulas. AGN, AHH, 599-2.

[79] Real Díaz, “Ferias”, 1959, pp. 36-39; Walker, Política, 1979, pp. 139, 140, 149-151.

[80] La autorización mencionada se oponía a las órdenes dictadas en 27 de septiembre de 1725 y en 14 de febrero de 1726, que reconocían que los mencionados vasallos eran españoles. García-Baquero, Cádiz, 1988, pp. 122-126; Bustos, Cádiz, 2005, pp. 168-170.

[81] Representación del Consulado de México, 16 de noviembre de 1722. AGN, AHH, 269-2.

[82] En 1723 el Consulado pagó en México cerca de 110,000 pesos en escrituras por dicho concepto. Del Tribunal del Consulado a su apoderado Pedro Cristóbal de Reinoso Mendoza, México, 15 de noviembre de 1723. AGN, AHH, 2025, f. 49v.

[83] Walker, Política, 1979, pp. 167, 168.

[84] Bustos, Cádiz, 1995, p. 361.

[85] Real Díaz, “Ferias”1959, pp. 47, 48, 53; Walker, Política, 1979, pp. 165, 166. Del tribunal del Consulado a su apoderado Pedro Cristóbal de Reinoso. México, septiembre 22 de 1722. AGN, AHH, 2025, fs. 42, 43.

[86] Del Consulado de México a Pedro Cristóbal de Reinoso y al Consulado de Cádiz, México 15 de noviembre de 1723. AGN, AHH, 2025. Según Real Díaz, el Consulado de Cádiz planteó al rey la misma demanda en octubre de 1724. Real Díaz, “Ferias”, 1959, p. 54.

[87] En reconocimiento a la valiosa intercesión del marqués de Valero, el consulado de México le hizo llegar un lote de las medallas con las que conmemoró la coronación de Luis I, nueve en oro, para que entregara ocho a “las personas reales” y conservara una, y cien de plata. Del Consulado marqués de Valero, 15 de agosto de 1724. AGN, AHH, 2025.

[88] Del Consulado a Pedro Cristóbal de Reinoso, México, 12 de agosto de 1724. AGN, AHH, fs. 54 y v.

[89] Real Díaz, “Ferias”, 1959, pp. 63-64; Walker, Política, 1979, pp. 168-171.

[90] Real cédula del 14 de abril de 1725. AGN, Reales cédulas, v. 45-10, fs. 20-22.

[91] Dicha licencia se había dado por cédula del 28 de julio de 1725. Del Consulado al marqués de Valero, al Consulado de Cádiz y a Juan Joseph de Reinoso, México, 7 de mayo y 22 de junio de 1726. AGN, AHH, 2025, fs. 85-90, 102.

[92] Walker, Política, 1979, pp. 172-174.

[93] Del Consulado de México al de Cádiz y a su apoderado, Pedro Cristóbal de Reinoso, 20 de agosto de 1726. AGN, AHH, 2025, fs. 101 v., 102, 106 v. Walker, Política, 1979, pp. 173-174.

[94] Se estableció “que no se extravíen las ropas y géneros que llevaren [las flotas], ni los comerciantes que fueren en ellas, que es lo que conduce a asegurar el buen éxito de las ferias”. Sólo en caso de que el comercio de México no dispusiera del monto necesario para adquirir los rezagos, los flotistas serían autorizados a desplazarse al interior de Nueva España. “Real Cédula de 2 de abril de 1728”, en Real Díaz, “Ferias”, 1959, documento 2, p. 150.

[95] Walker, Política, 1979, p. 237; Delgado Rivas, Dinámicas, 2007, pp. 126, 127. Tampoco fue atendida la propuesta planteada por el Presidente de la Casa de contratación, quien propuso en 1732, que se autorizara a los flotistas a internarse en el virreinato para vender sus rezagos y que los precios de la feria se negociaran entre dos diputados del comercio de México, uno de Puebla y tres diputados peninsulares. Arcila, Reformas, 1974, t. 1, p. 89-91.

[96] Real Díaz, “Ferias”, 1959, pp. 103-104; Pérez Herrero, "Actitudes”, 1984, p. 130.

[97] Sobre las causas que desencadenaron dicho conflicto, véase Liss, Imperios, 1989, pp. 30, 31.

[98] En Nueva España el tonelaje de carga se elevó en 142.74% en el periodo 1739-1754, con respecto la etapa 1717-1738. García-Baquero, Cádiz, 1988, pp. 168-173.

[99] Kuethe, “El fin”, 1999, pp. 51, 52.

[100] Real orden del 10 de diciembre de 1743, AGN, AHH, 269-2.

[101] García-Baquero, Cádiz, 1988, pp. 126-129; Bustos, Cádiz, 2005, pp. 171, 172

[102] Valle Pavón, “Consulado”, 1997, pp. 127-131.

[103] Memorial del consulado de México que del virrey conde de Fuenclara remitió al rey a través del marqués de la Ensenada, el 25 de noviembre de 1744. AGN, AHH, 269-2.

[104] Véase al respecto la Representación de los diputados del comercio de Nueva España al Presidente de la Casa de Contratación sobre el modo en que se deben despachar las flotas. También puede verse la representación del consulado a Revillagigedo de 1746. AGN, AHH, 269-2.

[105] “Cédula real del rey... (1745)”, AGI, México 2025.

[106] Representación de los diputados del comercio de Nueva España al Presidente de la Casa de Contratación sobre el modo en que se deben despachar las flotas, Cádiz, 10 de enero de 1756. AGN, AHH, 269-2.

[107] Lynch, Siglo XVIII, 1991, pp. 143-149; Domínguez Ortiz, Sociedad, 1988, pp. 283-288.

[108] AGN, AHH 640-36

[109] Se hace referencia a dicho memorial en Representación del tribunal del consulado al virrey Juan Francisco de Güemes y Horcacitas, México, 8 de abril de 1750. AGN, AHH, 269-2.

[110] Kuethe, “El fin”, 1999, pp. 51, 52.

[111] Real orden del 25 de abril de 1749. AGN, AHH, 269-2. Real Díaz, “Ferias”, 1959, p. 105.

[112] Representación del consulado a Revillagigedo, 8 de abril de 1750. AGN, AHH, 269-2.

[113] Poderes, México, 17 de mayo y 9 de junio de 1751. AGNM, notario 350 Diego Jacinto de León, v.2282, año 1751, fs. 148v-150v y 193v.

[114] Consulta del virrey primer conde de Revillagigedo, comunicando la situación de los negocios comerciales en la colonia y las causas probables en el irregular registro de platas (1753), AGI, México, 2025.

[115] Sobre la participación de los intereses andaluces en el “golpe” que condujo al derrocamiento del marqués de Ensenada, véase Kuethe, “El fin”, 1999, pp. 51-54.

[116] El uso de registros sueltos entre 1739 y 1754 aumentó el tonelaje del comercio con Nueva España en un 142.74%, con respecto al periodo 1717-1738. García-Baquero, Cádiz, 1988, pp. 168-174; Lynch, El siglo XVIII, 1991, pp. 138, 139, 161-173.

[117] Expediente sobre el destino del fondo de sobras de alcabalas. Año de 1776. AGI, México, 2503.

[118] Representación de los diputados del comercio de Nueva España al Presidente de la Casa de Contratación sobre el modo en que se deben despachar las flotas, Cádiz, 10 de enero de 1756, AGN, AHH, 269-2; “Memorial de Francisco Xavier Gamboa y Francisco de la Cotera, apoderados del consulado de México en Madrid, solicitando el restablecimiento del sistema de flotas”, AGI, México, 2025.

[119] Representación de los diputados del comercio de Nueva España al Presidente de la Casa de Contratación sobre el modo en que se deben despachar las flotas, Cádiz, 10 de enero de 1756 AGN, AHH, 269-2.; “Memorial de Francisco Xavier Gamboa... (1755 o 1756)”, AGI, México, 2025.

[120] Dictamen sobre la representación del consulado de México acerca de la situación del comercio en Nueva España, [posiblemente de 1756]. AGN, AHH, 269-2.

[121] Para acudir a Jalapa se concedió un plazo 15 días, contados a partir de la publicación del bando de 1º de junio de 1757 sobre la llegada de la flota. Consulado año de 1757. Autos sobre que se tengan por del comercio del reino en la Universidad de sus mercaderes a los sujetos que se presentaron para la matricula a que fueron admitidos. AGN, AHH, 634-61.

[122] Real orden del 12 de noviembre de 1756. AGN, AHH, 269-2.

 


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