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FORMACIÓN HISTÓRICA DEL SEGURO ESPAÑOL Y SU PROYECCIÓN HISPANOAMERICANA
 

D. José Luis Maestro Martínez
Discurso de ingreso como Académico Correspondiente en Madrid

En primer lugar, quiero manifestar mi agradecimiento a la Real Academia Hispanoamericana de Ciencias, Artes y Letras por haber tenido a bien admitirme en su seno como Académico correspondiente.

En cuanto al tema de este mi discurso de ingreso, y dado que mi actividad profesional durante los últimos veinticinco años ha estado estrechamente ligada al mundo del seguro, desde perspectivas tan variadas como la legal, la técnica, la contable y la económico financiera, y que mi actuación en este campo se ha desarrollado desde puestos de trabajo igualmente diversos, como son los de miembro del órgano de control y supervisión del sector asegurador, de consultor externo, de ejecutivo en entidades aseguradoras y de miembro de consejos de administración, me ha parecido que resultaría coherente con mi trayectoria elegir para mi ponencia de presentación en esta docta institución un tema que guardase estrecha relación con mis experiencias profesionales y, al mismo tiempo, con la vocación hispanoamericana de esta Real Academia. El tema en cuestión ha sido el de la formación histórica de la institución aseguradora, de su implantación en nuestra patria y su proyección hacia la América hispana; habiéndome fijado como término final para la ubicación temporal de este proceso el de finales del siglo XVIII, por ser a partir de entonces cuando se produce la emancipación de las naciones hispanoamericanas y la consolidación y  desarrollo de sus instituciones aseguradoras con caracteres propios, relativamente al margen del vínculo de unión que hasta entonces había significado su común ascendiente  de origen exclusivamente hispánico. Ello, sin perjuicio de aportar también algunas pinceladas finales sobre la situación actual y las perspectivas del seguro en el conjunto de países integrantes de esa gran comunidad de naciones.

En términos generales, puede decirse que el desarrollo de la institución aseguradora corre parejo, si bien con cierto retraso, con el de la actividad económica, así como con el ejercicio del comercio. Desde una perspectiva histórica, bien podría decirse que ni una ni otro habrían alcanzado la importancia  que hoy conocen de no haber sido por el respaldo que a ambos ofrece la actividad aseguradora. Esto nos trae a la memoria  una conocida anécdota del escritor Giovanni Papini, con ocasión de la visita que, allá por los años treinta del pasado siglo, hizo al magnate de la industria automovilística norteamericana Henry Ford, en su despacho de Manhattan, en el edificio que lleva el nombre del creador de la dinastía. Cuenta Papini cómo, ante la admiración que en él suscitó la vista de la famosa isla desde lo alto del rascacielos en que se encontraba situado el despacho del empresario, como signo sensible de la vitalidad de la economía del país, Ford le hizo la aguda observación de que toda la acumulación de riqueza que dicha vista sugería no habría sido posible de no haber contado con la cobertura que el seguro proporcionaba a los empresarios que arriesgaban enormes capitales para levantar semejantes rascacielos; y a los profesionales, cuya estabilidad económica, y consecuente ausencia de preocupaciones, se veía garantizada por la institución aseguradora.

Algo parecido cabe observar en relación con la evolución del comercio, respecto del cual resulta igualmente impensable que hubiera alcanzado los niveles actuales de no haber mediado la protección que el seguro confiere a todos los interesados en el intercambio de bienes y servicios. Claro que esto no siempre ha sido así, como antes apuntábamos al aludir al retraso que presenta el desarrollo del seguro en relación con el de la actividad comercial; pero, quizá por eso, el comercio y, significativamente, el comercio ultramarino, no alcanzó una verdadera madurez  hasta que se generalizó el recurso a la cobertura que la institución aseguradora proporciona. Pero como la actividad comercial, con las limitaciones que se quiera, ha ido históricamente, en cuanto a la evolución de sus propias figuras e instituciones, por delante de la actividad aseguradora, conviene ver cómo han sido los orígenes de esta última y cómo ha ido evolucionando hasta convertirse en instrumento idóneo para favorecer el ejercicio del comercio.

En la historia del seguro suele distinguirse entre una época llamada prehistórica, que llega desde la Edad Antigua hasta mediados del siglo XIV, y una época denominada histórica, que abarca desde el fin de la anterior hasta nuestros días1 ; si bien, para evitar confusionismo con lo que se conoce generalmente como Prehistoria, conviene advertir que el uso de la calificación de prehistórica para la primera de las épocas que pueden distinguirse en la evolución del seguro sólo pretende aludir al hecho de que durante la misma no hay todavía una conciencia clara de que se estén conformando los perfiles de una institución mercantil, ni tampoco existen construcciones conceptuales ni  registros sistemáticos sobre la materia, y sí sólo figuras contractuales, o cuasicontractuales, inconexas, que más responden a la satisfacción de concretas necesidades que a una concepción abstracta de la institución. También se ha distinguido, a nuestro entender, con mayor fortuna, entre una época pretécnica, que abarca hasta bastante más allá del siglo XIV, podríamos decir hasta casi finales del siglo XVII, de otra época que puede calificarse de técnica; consistiendo la diferencia entre ambas en que sólo en la segunda de las épocas referidas se acude con decisión a la técnica aseguradora, basada en la aplicación del cálculo de probabilidades y de la ley de los grandes números.

La referencia a una época pretécnica y a otra técnica obliga a hacer alguna mención a los fundamentos técnicos de la institución aseguradora; no sólo por entender mejor en qué consiste, básicamente, la operativa propia de ésta, sino también para poner de manifiesto cómo, en su evolución histórica, el seguro ha ido tratando, frecuentemente de un modo inconsciente e intuitivo, de aproximarse, con notable éxito práctico, a lo que habrían sido los resultados derivados de la aplicación de la técnica aseguradora moderna. Y decimos que con notable éxito, es decir, con un grado suficiente de satisfacción para los interesados en la operación, porque de otro modo la institución no habría podido mantenerse en el tiempo ni, por tanto, haber alcanzado el desarrollo al que ha llegado con el transcurso de los siglos.

1. Fundamento técnico de la operación de  seguro

Permítasenos, pues, antes de abordar la cuestión relativa a su formación histórica, una breve digresión sobre los fundamentos técnicos del seguro.

El objeto del seguro es la cobertura de un riesgo al que se hallan expuestas las personas o las cosas aseguradas. Una definición muy completa de la operación es la contenida en el artículo 1 de nuestra Ley de Contrato de Seguro, de 8 de octubre de 1980, conforme a la cual por el contrato de seguro el asegurador se obliga, mediante el cobro de una prima, y para el caso de que se produzca el evento cuyo riesgo es objeto de cobertura, a indemnizar el daño producido al asegurado, o a satisfacer un capital, una renta u otras prestaciones convenidas. De la indicada definición se desprende que un elemento esencial del contrato de seguro es la existencia de un riesgo 2, entendiéndose por tal la posibilidad de que por azar se produzca un acontecimiento que dé lugar a una necesidad patrimonial3

Ahora bien, así como el riesgo es un elemento esencial del contrato, una característica necesaria del riesgo, para que pueda hablarse de riesgo técnicamente asegurable, es que dependa del azar; es decir, que la producción del evento contra cuya posibilidad de ocurrencia se concierta el seguro no dependa de la voluntad humana4 . Esto es esencial para que pueda establecerse el precio de la cobertura del riesgo en cuestión, es decir, la prima del seguro, mediante el cálculo de la probabilidad de ocurrencia del siniestro, en aplicación de la ley de los grandes números. El cálculo así realizado es un cálculo técnico, que sólo resulta posible porque el asegurador dispone de las estadísticas apropiadas sobre frecuencia y coste medio de los siniestros.

Un sencillo ejemplo bastará para ilustrar, aunque sea de manera elemental y un tanto esquemática,  cómo se llega a la determinación de la prima del seguro. Supongamos que en una sala hay cien personas, y que entre ellas se va a celebrar una rifa en la que el premio será el pago de cien euros, previamente recaudados mediante aportaciones iguales a un fondo común por parte de todos y cada uno de los presentes. Intuitivamente se advierte que la contribución de cada uno habrá de ser de un euro, pues siendo cien los presentes con ello se habrán recaudado los cien euros requeridos. Conceptualmente, la operación se plantea como una ecuación de equivalencia entre los cien euros del premio y la suma de todas las aportaciones, que serán la aportación que haga cada uno (que es la incógnita, aunque intuitivamente hayamos deducido que es un euro) multiplicada por el número de aportantes, que son cien. Con base en esa ecuación de equivalencia, si se quiere despejar esa incógnita, es decir, determinar cuánto tiene que ser la aportación de cada uno, ésta será el resultado de dividir los cien euros del premio por el número  de aportantes, que es cien; o, lo que es lo mismo, de multiplicar los cien euros del premio por el cociente uno dividido por cien. Pero ese cociente, uno dividido por cien, representa el número de casos favorables a que toque el premio (sólo le puede tocar a uno entre cien) dividido por el número de casos posibles (cien); es decir, ese cociente representa la probabilidad de ser premiado. De manera que la aportación de cada participante en el sorteo es el importe del premio, multiplicado por la probabilidad de que éste le toque.

Algo similar es lo que ocurre en el planteamiento técnico de la operación de seguro: el asegurador debe formar con las primas percibidas de los expuestos al riesgo el fondo suficiente para poder pagar los siniestros, con lo que procederá de manera análoga a lo que hemos visto para el supuesto de la rifa: planteará a priori la equivalencia entre lo que tendrá que pagar a quienes sufran los siniestros con lo que tiene que recaudar de todos los expuestos al riesgo 5.
Así como en el caso de la rifa lo que habría que pagar al ganador era el importe del premio, que era un dato conocido, en el seguro lo que habrá que pagar a quienes tengan siniestro, es decir, la siniestralidad esperada, es también un dato conocido por medio de las estadísticas que maneja el asegurador. De modo que el importe de dicha siniestralidad deberá ser equivalente al de las aportaciones (primas) que tiene que recibir de cada uno de los expuestos al riesgo; y, como también sucedía antes con la rifa, llegará a la determinación de la prima mediante el producto del coste medio de los siniestros, es decir, del importe que, por término medio habrá que pagar a quien sufra un siniestro, por la probabilidad de que éste se produzca. El precio así determinado es la prima del seguro, así llamada porque se cobra por anticipado, ya que el planteamiento de la operación supone que el asegurador ha de reunir previamente el fondo necesario para pagar los siniestros que se produzcan durante el periodo de cobertura; lo que, por otra parte, resulta de toda lógica, ya que, de otro modo, los asegurados que no hubieran tenido siniestro podrían después negarse a pagar la prima.

Se trata, además, de un precio técnico, porque su determinación se basa en el empleo de la técnica actuarial, que, además, responde a dos principios básicos: el principio de equidad y el de suficiencia. Equidad, porque la prima así calculada es equitativa, en el sentido de que responde a la valoración del riesgo basada en la probabilidad de ocurrencia del siniestro, al margen de cualesquiera otras consideraciones, como pueden ser la obtención de un determinado beneficio o las oscilaciones de la oferta y la demanda; y suficiencia, porque el fondo formado con las primas determinadas conforme a ese principio de equidad será, al mismo tiempo, el que permita hacer frente al pago de todos los siniestros por parte del asegurador6 .

2. La actividad aseguradora en la época pretécnica

Este planteamiento de la operación, en cuanto que requiere del empleo de estadísticas y de la técnica actuarial, se inscribe en el marco asegurador propio de la época que hemos calificado como técnica; pero ello no quiere decir que, en la época anterior, a la que hemos denominado pretécnica, no se llevara a cabo la actividad aseguradora conforme a un planteamiento similar, basado en una técnica más elemental, pero técnica al fin y al cabo, fundada en la agrupación de riesgos, en la limitación cuantitativa de las sumas aseguradas y en la experiencia; todo lo cual confiere al seguro, desde el momento de su aparición como institución con perfiles propios en el tráfico mercantil, una fisonomía propia, distinta del mero azar o de la simple apuesta. Pero incluso para esto fueron necesarios muchos siglos de actividad económica, antes de que el apoyo de la institución aseguradora llegase a constituir un poderoso incentivo para el intercambio de bienes o servicios, sin que éste se viese limitado por el temor a las pérdidas imprevistas que el mismo pudiese comportar. A ese largo periodo durante el cual el seguro aún no había sido objeto de desarrollo, siquiera en esos términos de pretécnico a que hemos hecho alusión, es al que se le viene denominando como prehistoria del seguro; a la que, no obstante, hay que hacer referencia, porque alguna de las instituciones que la configuran han sido básicas para su transformación en una actividad que ha mostrado resultar necesaria para el desarrollo económico.

En realidad, una verdadera historia del seguro no ha sido todavía escrita, y los valiosos trabajos y monografías elaboradas sobre el tema apenas han podido iluminar alguna que otra zona de este vasto cuadro. El historiador del seguro tiene ante sí un campo escasamente removido y una masa ingente de materia prima. Para que el seguro nazca y se desarrolle no basta la presencia de peligros capaces de transformarse en perjuicios patrimoniales, ni tampoco que los sujetos expuestos a los riesgos se den cuenta de tales peligros y de sus posibles consecuencias: es necesario, ante todo, ser conscientes de que, tratándose de peligros comunes a muchos, solamente la unión de todos los que se encuentran amenazados, es decir, la solidaridad económica entre los miembros de la colectividad expuesta al riesgo, puede proveer, mediante modestos sacrificios de cada uno de sus miembros, los recursos necesarios para compensar las pérdidas, manteniendo así el equilibrio económico del grupo. Además, deben darse determinadas circunstancias, que se identifican con la estructura social y económica, características de un determinado momento histórico, y de las concepciones morales y filosóficas propias de dicho momento y de dicho ambiente.

Así, en el mundo clásico faltaban, por ejemplo, las premisas para la organización de cualquier clase de seguro sobre la vida humana, porque, según la opinión entonces universal, la vida del hombre libre no era susceptible de valoración pecuniaria (no así la del esclavo, que era considerado como mercadería). Sólo en la Edad Media, a través de la infiltración en el Derecho romano de elementos de Derecho consuetudinario germánico, con su principio de compensación a la parte ofendida por parte del reo en caso de homicidio, se empezó a abrir el camino a la valoración de la vida humana. De igual modo, los seguros de daños, al margen del seguro marítimo, que, como en seguida veremos, fue el primero en desarrollarse en el tráfico mercantil, sólo empezaron a verse como un medio de aliviar desastres, a cuya posibilidad de ocurrencia podía verse expuesto un gran número de personas, con ocasión del famoso incendio de Londres, de 1.666 7. Por otra parte, la convicción de la utilidad, y hasta de la posibilidad teórica de una protección del seguro contra las consecuencias económicas de determinados  eventos, no significa todavía su realización. El paso de la idea a la práctica choca, a menudo, con dificultades gravísimas: ante todo, de orden técnico; pero no  menores son las derivadas de la mentalidad conservadora de la gran mayoría de los hombres, que no renuncian fácilmente a su manera de pensar y de actuar, mantenida desde tiempo inmemorial8 .

3. Antecedentes en la Antigüedad clásica

Aparte de algunos remotos precedentes que se han querido adivinar en el comercio mesopotámico, como el llamado seguro de los mercaderes que formaban parte de las caravanas de Babilonia, en cuya virtud los participantes en la expedición contribuían a compensar las pérdidas que algunos de ellos pudieran experimentar durante el viaje por  robos de bandidos o alguna otra eventualidad imprevista, el precedente más próximo del seguro, con una regulación relativamente conocida, se ha querido ver en los collegia tenuiorum y otras asociaciones profesionales de la época romana. De este tipo de colegios, en los que se ha creído atisbar una imagen primitiva del seguro, o de la asociación de seguro mutuo, han hablado todos los que se han ocupado de la historia de la institución: efectivamente, los collegia de artesanos tuvieron un gran desarrollo y una activa participación en las luchas políticas; pero, por lo que aquí importa, también desempeñaban funciones de asistencia social entre sus miembros, la principal de las cuales era el sepelio por cuenta común  de los socios fallecidos que carecieran de los necesarios medios de fortuna; forma ésta de actuación que, posteriormente, dio lugar a la aparición de otra clase de collegia, los collegia funeraticia, cuyos miembros ya no se definían por su pertenencia a una misma profesión, sino por compartir el interés común de proveer a los gastos de sepelio. Esta misma institución de los collegia también se extendió a la profesión militar, bajo la forma de cajas militares, que tuvieron finalidades más amplias que la de los colegios de artesanos, puesto que su función asistencial se extendió también a otras facetas, como el reembolso de ciertos gastos de viaje en el caso de cambio de guarnición, o la satisfacción de ciertas prestaciones a quienes hubieran terminado su servicio9 .

Pero, aunque en todas estas asociaciones aparezcan elementos que lejanamente hacen vislumbrar la idea de seguro, falta en ellas el carácter esencial de éste, que es el cálculo, o, al menos, las estimaciones empíricas equivalentes dirigidas a obtener la exacta compensación de las prestaciones con las contraprestaciones. Al faltarles el principio técnico, estas instituciones no fueron  más que simples instituciones de socorro mutuo. En el mundo romano, no es el comercio o la industria, sino los bienes raíces, lo que constituye la base de la estructura económica de la sociedad. La economía doméstica y el trabajo servil hacen imposible la gran industria y las vastas y complejas instituciones financieras: los romanos no conocen la organización del crédito, las letras de cambio ni los valores mobiliarios; la vida de las clases pudientes se desarrolla en la quintas; la posesión de bienes raíces les ofrece demasiada tranquilidad para que sintiesen la necesidad del seguro, por lo que las formas embrionarias de éste se reducen a las antes mencionadas asociaciones de socorros mutuos entre clases populares. El nacimiento del seguro presupone un fervor de actividad industrial y comercial, que sólo se produce en las postrimerías de la Edad Media e inicios de la Edad Moderna, cuando se abren las nuevas rutas marítimas. Nada tiene, pues, de extraño, que los inicios de la actividad aseguradora se desarrollen en el ámbito del seguro marítimo, con ocasión de la apertura de nuevas rutas comerciales10 .

También en este ámbito existen precedentes conocidos de la institución aseguradora, basados, principalmente, en la concurrencia de una mutualidad entre los interesados en la expedición marítima. La condición primordial para el desarrollo de la mutualidad es la existencia de un grupo de personas que tengan los mismos intereses y sepan que se hallan expuestos  a los mismos riesgos11 . Quizá el precedente más llamativo en este aspecto, entre otras cosas porque, con ciertos matices, persiste en la actualidad, es el que puede encontrarse en las leyes de Rodas, cuyo texto literal no se conoce, pero a las que existen numerosas referencias en la Antigüedad. De estas leyes, la más próxima a la institución aseguradora es la que los romanos conocían como Lex Rhodia de Jactu, que constituye el precedente más próximo de la institución de la echazón, regulada en nuestro vigente Código de Comercio como una de la variantes de la avería gruesa. La Ley de Rodas otorga una carácter legal a la mutualidad o sociedad de hecho que se forma a causa de un peligro común entre todos los que participan en una empresa marítima, ya sean el dueño del barco, los fletadores o los propietarios de las mercaderías, y establece el principio de la repartición proporcional entre todos ellos de los daños derivados del sacrificio voluntario del cargamento, o de parte de él, resultante de arrojarlo al mar para aligerar el barco  y salvar a éste y a los que en él viajan.

Pero, aun cuando en la echazón concurren algunos elementos comunes a los propios de la actividad aseguradora, como son la existencia de un riesgo que afecta a todos los interesados y la repartición proporcional de las pérdidas, el instituto regulado por la Ley de Rodas tiene una finalidad diferente: no responde a una necesidad de seguridad, o de reparación del daño, sino a una necesidad de justicia, o de equidad. No obstante lo cual, con base en esa institución, y con la evolución del préstamo a la gruesa, que tiene su precedente en el llamado foenus nauticum o préstamo marítimo, se va perfilando un concepto próximo al moderno de seguro, basado en la noción de que la expedición marítima adquiere cada vez más el carácter de una empresa colectiva, en la que participan todos aquéllos a quienes la misma afecta de una u otra manera: una  “societas maris”, en la que al riesgo, en el sentido de potencial evento generador de siniestros, se une el verdadero riesgo de empresa, que es compartido por todos los que participan en la misma. Todo esto no nos hace avanzar sensiblemente hacia la solución del problema, pero muestra cómo las instituciones preaseguradoras se van modificando y adaptando a las nuevas condiciones y a las nuevas situaciones.

En realidad, el seguro marítimo aparece con rasgos propios en las ciudades italianas en época próxima a los comienzos del siglo XIV 12, cuando empieza a afirmarse el capitalismo financiero, con nuevos instrumentos de cambio y de giro, y con el paralelo desarrollo de la industria, el comercio y el tráfico marítimo, por contraposición a la economía tradicional basada en la posesión de bienes raíces, heredada de la época romana. El seguro marítimo se conecta con la vigorosa intensificación del tráfico por esta vía, al amparo de los nuevos avances técnicos que facilitan la navegación. En realidad, se había navegado siempre, desde los tiempos clásicos; pero la navegación de la época antigua, hasta el comienzo de la baja Edad Media, era una navegación pendiente del tiempo  favorable; costera, cuando era posible. Si el viento era contrario o el tiempo amenazador, el navío, movido principalmente por los remos, se quedaba o se refugiaba en puerto, esperando el tiempo oportuno para salir nuevamente y proseguir viaje. Hacia la época de las Cruzadas la navegación a vela conoce importantes perfeccionamientos: se aprende a navegar contra el viento y, a partir del siglo XIII, el navío es dotado del timón, en  vez de los largos remos situados a popa que hasta entonces trataban de hacer sus veces, con mucha menor eficacia. Se introduce el uso de la  brújula, con lo que puede empezarse a navegar sin la ayuda de las estrellas. También se empieza a navegar más ágilmente con la evolución del velamen, que combina velas latinas con velas cuadras, y permite el uso de más de estas últimas en un solo palo, como sucede con las cocas, que representan el tipo perfeccionado de buque mercante en la Edad Media.

4. El préstamo a la gruesa como embrión del seguro marítimo13

Todo ello hace que el comercio marítimo empiece a aumentar de manera muy significativa y, con él, la difusión de instituciones propias de ese tráfico, de las que la más notable, por lo que aquí nos interesa, es el préstamo a la  gruesa, sobre el que existe generalizada coincidencia en que, a través de su evolución a lo largo del siglo XIV, surge la figura del seguro marítimo.

El préstamo a la gruesa o préstamo a riesgo marítimo es una institución de rancio abolengo en el derecho del mar, y nuestro Código de Comercio la recoge en su artículo 719 al estipular que se reputa como tal aquél en que, bajo cualquier condición, dependa el reembolso de la suma prestada y el premio por ella convenido del feliz arribo a puerto de los efectos sobre los que esté hecho, o del valor que obtengan en caso de siniestro. En seguida veremos cómo de la evolución de esta figura surge el seguro marítimo; pero, para ello, es menester un breve análisis de en qué consiste esta modalidad contractual, que, en principio, no es sino una variante del préstamo de dinero o préstamo mutuo, en la que interviene un elemento de incertidumbre en cuanto a la obligación de devolver lo prestado.

En esencia, el préstamo a la gruesa supone que el prestamista entregue a un comerciante, a título de préstamo, una suma de dinero, que se halla garantizada por las mercaderías que el comerciante proyecta transportar por mar a un puerto determinado para comerciar con ellas y obtener un beneficio. La particularidad de esta figura respecto de un préstamo ordinario estriba en que la obligación por parte del comerciante de devolver la suma prestada se halla condicionada al feliz arribo a puerto, como dice nuestro Código, de las mercaderías transportadas. Quiere ello decir que si durante el viaje se pierden las mercaderías por algún evento fortuito, o de fuerza mayor, el comerciante no tendrá que devolver nada al prestamista. La obligación de devolución de lo prestado sólo se mantiene si el viaje se ha realizado felizmente; pero, en tal caso, el comerciante prestatario no sólo deberá devolver la suma recibida a título de préstamo, sino, además, pagar el interés pactado de antemano con el prestamista.

Además, el préstamo a la gruesa presenta otra particularidad, relativa ésta al interés que debe pagar el prestatario; y es que éste corresponde, no sólo al efecto del valor temporal del dinero, como sucede en cualquier préstamo ordinario, sino que incluye lo que se ha denominado pretium periculi, o precio del peligro, que trae su causa de la necesidad de compensar al prestamista por el riesgo que corre en la operación, al subordinar su derecho al reembolso de la suma prestada a la incertidumbre de que el viaje llegue o no a feliz término, pues, como se ha indicado, si esto no sucede, no sólo perderá la cantidad entregada, sino que también dejará de percibir el interés pactado. Por ello, el interés propio del préstamo a la  gruesa es superior al de un préstamo ordinario, ya que incluye también el pretium periculi.

Con el tiempo, esta figura va experimentando una paulatina y casi imperceptible mutación, derivada del hecho frecuente de que el comerciante pueda no necesitar el dinero en el momento de concertar el préstamo y que, en vez de ello, convenga con el prestamista que la entrega de la suma en que el préstamo consiste sólo se haga efectiva en caso de naufragio, o de que las mercaderías no lleguen a puerto. Esta estipulación no debe, sin embargo, impedir que el prestamista perciba el interés que corresponde a una operación de este tipo; pero, en vez de pagarse a posteriori, se pacta que el interés se pague al prestamista por anticipado.

Estas modificaciones respecto del planteamiento original de la operación presentan ventajas para las dos partes contratantes: en primer lugar, para el prestamista, ya que en un préstamo normal a la gruesa habría tenido que entregar la suma convenida antes de la partida del buque, y habría corrido el riesgo, en caso de siniestro, de perder tanto la suma prestada como el interés correspondiente a la operación, que incluye, por un lado, el interés ordinario y, por otro, el precio del peligro. Sin embargo, con esta  variante, conserva el capital hasta el término del viaje y lo puede invertir en cualquier operación sin riesgo. Además, como ha recibido por adelantado el precio del peligro, puede quedar satisfecho con un interés menor que el propio de un préstamo a la gruesa; lo que también representa una ventaja para el comerciante prestatario.

Es así como, de manera casi imperceptible, mediante la introducción de pactos como el indicado, se produce el tránsito del préstamo a la gruesa al seguro 14: en efecto, a cambio del premio, que, en el contrato de seguro sería la prima, el prestamista se obliga hacer efectiva la suma convenida si se produce el siniestro; y, como, en tal caso, el prestatario no tendrá que devolver nada, el efecto de dicha convención se asimila del todo a la finalidad indemnizatoria propia de todo seguro de daños. A primera   vista, la diferencia entre una u otra alternativa no parece muy grande: da la impresión de que el cambio de una a otra sólo afecta al momento en que se hacen efectivas las prestaciones de las partes, tanto de entrega de la suma prestada, que sólo se produce una vez acaecido el siniestro, como del premio por ella estipulado, que ahora se paga a priori. Pero, desde el punto de  vista jurídico, hay una modificación muy importante: el préstamo es un contrato real, cuya perfección requiere la entrega de la cosa, mientras que el seguro se perfecciona por el mero consentimiento 15, que se manifiesta, no sólo mediante el concurso de la oferta y la aceptación por ambas partes, sino mediante el pago del premio. Y es, precisamente, ese pago del premio, es lo que acaba por ser la prestación fundamental a cargo de una de las partes, a cambio de la cual la otra se obliga, mediante la entrega de la cantidad convenida para tal eventualidad, a indemnizar el daño sufrido en caso de siniestro, o, como dice nuestra Ley de Contrato de Seguro, en caso de que se produzca el evento cuyo riesgo es objeto de cobertura.

Por otra parte, y al margen de lo anterior, al tiempo que se produce la evolución que acabamos de comentar en el planteamiento del préstamo a riesgo marítimo, subsiste el instituto de la contribución por avería gruesa, una de cuyas modalidades es, como hemos dicho, la de la echazón, que se amalgama con esta combinación como un riesgo particular; esto es, como uno más de los llamados riesgos del mar, a los cuales se halla expuesta la expedición marítima; por lo que dicha contribución sería a cargo del asegurador en caso de siniestro.

5. El seguro como operación distinta de la simple apuesta

Es una opinión bastante generalizada que el seguro marítimo así configurado fue, en sus etapas iniciales, una operación del todo azarosa desde el punto de vista técnico, muy emparentada con la apuesta, instituciones ambas que, aun compartiendo la nota común de tratarse de contratos aleatorios o de suerte, difieren radicalmente16 por cuanto, aunque tanto en el seguro como en la apuesta se halla presente el elemento de riesgo, en el contrato de seguro se trata de un riesgo técnicamente asegurable, en el sentido de que, en términos generales, es susceptible de tratamiento estadístico; de tal manera que, aunque el contrato sea aleatorio, cuando el asegurador considera la operación en masa, es decir, en relación con el total de expuestos al riesgo, ésta se convierte en una operación financiera cierta 17, porque en relación con la colectividad de asegurados se cumple la ley de los grandes números; cosa que, evidentemente, no sucede con la apuesta.

Por ello, afirmaciones como la antes apuntada en el sentido de equiparación entre la apuesta y el seguro en las primeras etapas de éste deben verse con cautela, pues corren el riesgo de ser demasiado absolutas. Aunque aún nos encontremos en una época que hemos denominado pretécnica, no cabe duda de que los especuladores relacionados con la práctica del seguro son profesionales especializados, que se dedican sólo o preferentemente a este tipo de operaciones y que, por consiguiente, asumen la cobertura de numerosos riesgos, dando así lugar al cumplimiento de la premisa técnica fundamental en la práctica aseguradora, que es el agrupamiento de riesgos similares, de forma que en la colectividad así formada se cumpla la ley de los grandes números y su corolario de compensación de los riesgos entre sí. Además, vemos suscribir casi siempre los contratos entre varios aseguradores, en régimen de lo que hoy llamamos coaseguro, de forma que se produce entre ellos un reparto de cuotas en la cobertura del riesgo; y hasta, con frecuencia, se produce (a partir, por lo menos, de 1.370) el recurso al reaseguro, que consiste en la cesión de parte de riesgo asumido a otro reasegurador.

Por otra parte, al tratarse de aseguradores profesionales, antes de asumir el negocio habrán examinado y valorado adecuadamente el riesgo subjetivo, es decir, la confianza que merece el asegurado, ya sea el naviero, el comerciante o fletador, así como el riesgo objetivo, o sea, la naturaleza de las mercancías, la calidad del buque y las características del itinerario. Con base en todo lo cual habrán llegado a la fijación del premio del seguro. Podemos, pues, concluir, que estamos en presencia de una técnica; quizá elemental, en un principio, pero técnica, después de todo, que confiere al seguro de aquellos tiempos una fisonomía radicalmente diferente de la simple apuesta.  Baste decir, en este sentido, que, aún hoy en día, no muy diferente es el sistema de determinación de la prima en no pocos de los denominados grandes riesgos, donde, a diferencia de lo que ocurre con los llamados riesgos de masa, no existe una regularidad estadística que permita fijar el precio del seguro en términos de estricta equivalencia actuarial entre aportaciones de los asegurados y prestaciones del asegurador18 .

La actividad de los aseguradores fue singularmente facilitada por el nacimiento de la Bolsa, que en el siglo XV, funcionaba ya desde hacía algún tiempo. Se comprende fácilmente que la concentración de los negocios en un solo punto, al que llegaban noticias de todo género relativas a toda clase de acontecimientos y, entre ellos, los relativos a la navegación, tales como naufragios, disponibilidad de fletes, peligro de piratas, etc., haya favorecido grandemente la evolución y el perfeccionamiento del seguro marítimo, permitiendo una  especie de valoración colectiva sobre la magnitud actual de este tipo de riesgos, día a día, así como una primitiva clasificación de los varios daños y peligros relacionados con los viajes por mar.

6. La aparición de la póliza

Indicio característico de la novedad de la institución, y de que la circunstancia de que el contrato de seguro, para responder a las necesidades de la vida febril del comercio, debe poseer los requisitos de agilidad, rápida comprensión y fácil estipulación, sin necesidad de la intervención pesada del letrado o del escribano, es el hecho de que el documento que lo contiene adopta muy pronto el nombre cómodo y genérico de póliza, que aún hoy se conserva. Póliza es una voz que se deriva del latín polliceri (prometer), y se refiere a un documento que puede dar fe de lo pactado sin necesidad de que sea revestido por las formas solemnes reservadas a los contratos redactados por los escribanos. La póliza, como documento probatorio de la existencia del contrato, no se limita al ámbito del seguro: así, existen también pólizas de crédito, pólizas de fletamento, etc. En todo caso, la póliza de seguro es firmada por las partes del contrato sin mayor formalidad, y se redacta en el lenguaje comercial del tiempo.

El primer contrato de seguro del que tenemos testimonio data del año 1.347 19, y se conserva en el archivo notarial genovés. En todo caso, los formalistas documentos notariales empiezan a decaer en el mismo siglo XIV y son gradual y rápidamente sustituidos por la póliza, lo cual contribuye notablemente al desarrollo de la institución, junto con la agrupación de los aseguradores en los puertos más importantes. En este sentido, una ley genovesa de 1.434 equipara, desde el punto de vista jurídico, a los aseguradores reunidos en grupos o compañías aseguradoras con los  banqueros; y ya, antes de esto, se había creado en el puerto de Brujas una Cámara de seguros contra los riesgos marítimos, a petición de los comerciantes flamencos. Por cierto, entre los contratos de seguro allí celebrados ya hay constancia de que intervinieran aseguradores españoles 20.

Sin embargo, a pesar de que a principios del siglo XV ya había numerosos precedentes de la práctica del seguro marítimo en centros comerciales de Italia, de Flandes y de la propia España, los contratos en los que el mismo se estipulaba no eran sino convenciones aisladas sobre materia aseguradora, que poco tenían que ver con el instrumento jurídico codificado y normalizado del seguro como tipología contractual con categoría propia. El contrato de seguro, como tal categoría autónoma dentro de los contratos mercantiles, no existe en el mundo hasta la aparición del primer Edicto de los Magistrados de Barcelona de 22 de noviembre de 1.435, conocido por el nombre de Ordenanza de Barcelona, como proclama Luis Benítez de Lugo en su monumental Tratado de Seguros21 , recogiendo la opinión de Donati, el célebre estudioso de la institución y del derecho de seguros.

En esta célebre Ordenanza se dispone que el seguro se habrá de estipular mediante pacto escrito, haciéndose constar en la póliza el pago del premio; y que el cumplimiento del pago implica la entrada en vigor del contrato. Los aseguradores están obligados a satisfacer la indemnización convenida en el plazo de tres meses o cuatro meses (según las distancias) contados a partir de la fecha en que tengan noticia cierta de los hechos ocurridos a la nave o a las cosas aseguradas. Además, con el fin de combatir el fraude, la suma asegurada no podrá ser superior a las tres cuartas partes del valor de los objetos asegurados, ya se trate de las mercancías o del navío. Con el tiempo,  se apreciaron errores, omisiones y deficiencias en la Ordenanza de Barcelona de 1.435, por lo que los Magistrados municipales procedieron a sucesivas modificaciones hasta que, en 1.484, se publicó una nueva Ordenanza que venía a ser una refundición de todas las precedentes, aunque la referencia a la póliza en que debe documentarse el contrato de seguro es común a toda la legislación de la época.

 

7. Las Ordenanzas de Sevilla

Nos encontramos, pues, con que, a finales del siglo XV, cuando se produce el descubrimiento de América, se inicia la denominada “Carrera de Indias” con una clara normativa vigente y un conocimiento profundo del seguro marítimo, si bien, hasta ser reglamentado en 1.556, los contratos de seguro se hicieron sin sujeción a normas especiales y, a pesar de lo antes indicado sobre lo dispuesto en las Ordenanzas de Barcelona, en el comercio con las Indias no era infrecuente que se recurriera al contrato denominado “in fide”, que se celebraba de forma verbal, limitándose el asegurador a anotarlo en sus libros de contabilidad 22. Este tipo de contratos, al carecer de toda formalidad, presentaba, como es lógico, la ventaja de su rapidez; pero, como también es natural, daba lugar a toda clase de pleitos, abusos y reclamaciones, de cuyo conocimiento se ocupaba la Casa de Contratación, de Sevilla. Pronto iba, pues, a resultar inadecuado ese instrumento, a medida que aumenta el tráfico con Indias y se multiplica, en consecuencia, el número de operaciones. De ahí que en 1.556 se dicten las llamadas Ordenanzas de Sevilla23 , que contienen una muy completa regulación del seguro en relación con el comercio a Indias 24, tanto en lo relativo a cuestiones formales como a aspectos sustantivos de la operación.

Así, no existiendo antes un registro oficial de pólizas, resultaba muy buen negocio asegurar varias veces y a distintas personas un mismo cargamento, pues en caso de naufragio el cargador percibía varias veces el valor de la suma asegurada; eso, si no decidía arrojar el cargamento al agua, obteniendo mayor ganancia que la que hubiera tenido negociando con las Indias, a costa de tiempo, molestias y trabajos. A ello se puso remedio, dentro de lo posible, obligando a que todo seguro fuera público, siendo el contrato nulo de no cumplirse este requisito. Además, con el fin de evitar a las partes los perjuicios derivados del extravío de las pólizas, se impuso a los corredores que interviniesen en los seguros la obligación de inscribir en sus libros el texto íntegro de las pólizas, sin omitir detalle alguno, bajo pena de fuertes multas.

Dado que los navieros tendían a abusar del seguro de buques, provocando a veces los naufragios para obtener indemnizaciones superiores al valor del navío, se prohibió suscribir pólizas cuyo importe excediera de dos tercios del valor del buque. También se especuló concertando pólizas cuando el asegurado conocía ya la pérdida del navío o de las mercancías; por lo que la ley determinó que si había mediado mala fe del asegurado el contrato sería nulo, para lo que se establecieron presunciones basadas en el transcurso de ciertos plazos entre la suscripción del contrato y la comunicación del siniestro 25. Así mismo, se prohibió, “por ser extraño a nuestras leyes”, el seguro llamado “por vía de apuesta”, que consistía en formalizar pólizas sobre mercancías o naves que no eran propiedad del asegurado: éste pagaba la prima correspondiente y cobraba en caso de siniestro, pero no tenía realmente un interés en las cosas aseguradas 26.

Las Ordenanzas de Sevilla contenían también disposiciones relativas al pago de la prima y a la comunicación del siniestro. Así, disponían que la prima debiera pagarse dentro de los tres meses siguientes a la celebración del contrato y, en caso contrario, el asegurador no estaría obligado a pagar indemnización alguna en caso de siniestro. Así mismo, el asegurado debería notificar la producción del siniestro al asegurador dentro de los dos años siguientes a la firma del contrato, y de no hacerlo así perdería su derecho a toda reclamación. Hecha la notificación del siniestro, se concede un plazo de dos años para el cobro de la pérdida o avería sufrida. Transcurridos esos cuatro años, si el asegurado no hubiese hecho uso de sus derechos, el asegurador quedaría liberado de su prestación.

Las Ordenanzas de Sevilla fueron modificadas por sendas disposiciones de 1.618 y 1.671, relativas, la primera de ellas, a la inscripción de las pólizas en el registro real; y, la segunda, a regular el momento a partir del cual empieza a correr el riesgo en el préstamo a la gruesa. Toda la legislación anterior pasa, en 1.680, a la Recopilación de Leyes de Indias y, posteriormente, se publican nuevas cédulas en materia de seguro marítimo: una, de 1.763, vuelve a prohibir el seguro- apuesta; posteriormente, en 1.765 se autoriza a suscribir pólizas por el valor total del buque, eliminándose la limitación anterior de los dos tercios de dicho valor; aunque previamente ya se habían redactado las Ordenanzas de Bilbao, de 1.737, verdadero antecedente de nuestro Código de Comercio, en las cuales también se hacía referencia al seguro marítimo. En 1.768, se legisla sobre el problema del uso conjunto del seguro y del préstamo a la gruesa, disponiendo que este último podría tomarse sobre dos tercios del importe del flete, y que la póliza de seguro no se hiciese sino por la diferencia entre el valor completo del buque y la cantidad tomada a préstamo 27. Así se ponía coto a la mala práctica de suscribir simultáneamente ambos tipos de contratos, de la que se derivaba con frecuencia un lucro ilícito para el asegurado-prestatario.

Por último, una ley de 1.777 vino a resolver un problema importante: el de las variaciones en el valor de las primas, ya que no era infrecuente que, una vez acordadas, la concurrencia de circunstancias exteriores e imprevisibles determinara una modificación unilateral por parte del asegurador. Esta ley dispuso que la prima, una vez fijada, no podría modificarse por el asegurador28 salvo que en la póliza se estableciera lo contrario y se especificaran con claridad las causas de posibles alteraciones 29.

8. Creación de las primeras entidades aseguradoras

Así, a finales del siglo XVIII ya existía una regulación relativamente amplia sobre el seguro marítimo, aunque aún continuaba teniendo bastante importancia el préstamo a la gruesa. En todo caso, es en esta época cuando empiezan a aparecer las primeras entidades aseguradoras30 , la primera y más importante de las cuales es la Real Compañía de Seguros Terrestres y Marítimos de Madrid, creada en 1.784, que estableció dos direcciones generales: una en Madrid, para el seguro terrestre, que entonces iniciaba su andadura en relación con el seguro de incendios y de hundimiento de edificios, y otra en Cádiz, para el seguro marítimo. A partir de ahí surgen numerosas compañías, la mayoría de ellas domiciliadas en Cádiz, que llega a albergar hasta cincuenta y cuatro, como consecuencia, en parte, del desplazamiento desde Sevilla a esa capital de los organismos relacionados con el comercio indiano31 . También se crean en Barcelona hasta siete compañías de seguros, aunque a finales de siglo su número se había reducido a uno; habiéndose también constituido sociedades de seguros en La Coruña, en Santander y en Bilbao. Además, en otros puertos, como Santander y Málaga, se crearon delegaciones que actuaban como apoderados de la Real Compañía de Seguros Marítimos de Madrid. En definitiva, a finales del siglo XVIII existían en España más de medio centenar de compañías aseguradoras, aunque no todas adoptaron la forma de sociedad anónima; en parte, debido a la influencia de las Ordenanzas de Bilbao, que aún no reconocían la importancia de las sociedades de capital, y sólo regulaban las de tipo personalista, como la sociedad colectiva y la comanditaria.

En cuanto al capital social, la Real Compañía de Seguros Marítimos y Terrestres de Madrid era la más importante, con un capital de 2.250.000 pesos fuertes, mientras que otras de menor relevancia, como las de La Coruña, o Santander tenían capitales inferiores, cifrados en 400.000 pesos. Las primas de los seguros variaban notablemente, según la zona en la que operasen los navíos asegurados y, sobre todo, que se tratase de condiciones de paz o de guerra. Así, para el comercio con las Indias las primas llegaron a ser del quince y el dieciséis por ciento de la suma asegurada, mientras que para la navegación en aguas europeas bajaban hasta el dos o tres por ciento; pero, en caso de guerra, dichas primas llegaban a sufrir incrementos de hasta un cincuenta por ciento 32.
Tiene también su importancia, en relación con la actividad desarrollada por las compañías, el papel desempeñado por los corredores en su condición de intermediarios entre aquéllas y los asegurados. En realidad, en el ámbito del  seguro marítimo la colaboración de estos profesionales ha sido una constante desde los mismos orígenes de la institución, como lo atestigua el que ya la legislación del siglo XV haga referencia a ellos. El Arancel de Corredores, de 1.750, aprobado por Real Cédula de 30 de octubre, establece, en el capítulo décimo, el número de sesenta para los corredores de lonjas, y prohíbe a toda persona, fuera de los corredores oficialmente reconocidos, actuar como intermediarios en la contratación de seguros; aunque autoriza a las partes en el contrato de seguro a entenderse directamente, sin necesidad de intervención de corredor. La Real Cédula mencionada fijaba, asimismo, las comisiones a percibir por los corredores en materia de seguros, regulando así, por medio de normas de derecho público, lo que en tiempos posteriores constituyó una materia exclusiva de relaciones jurídico-privadas.

9. Aparición del seguro en los virreinatos

En los  virreinatos americanos, la única forma de seguro que se practicó en un principio fue la del seguro marítimo. Con la llegada de los Borbones a la Corona de España la economía americana sufrió una gran transformación: se le prodigó desde la metrópoli una gran atención, debido, fundamentalmente, a que al haber sido España derrotada por Inglaterra en sucesivas guerras, se experimentó la sensación de que ésta trataría de arrebatar a España su imperio transatlántico. Esta idea empezó a alimentarse tras el tratado de Utrecht, que puso fin a la Guerra de Sucesión, y continuó durante el resto del siglo y, en buena medida, orientó la política exterior de los Borbones y sus ministros: evitar la pérdida de América fue la consigna general, tanto más cuanto que el ejemplo de Inglaterra puso de relieve el enorme valor que adquiría una potencia respaldada por unas colonias efectivamente puestas en marcha 33.

Ello supuso una serie de reformas, especialmente en tiempos de Carlos III, para sacar al Imperio de la modorra del burocratismo austracista, lo que se tradujo en un impulso a la administración virreinal y local, la defensa del litoral del Plata y del Pacífico y el estímulo de producción colonial, con concesiones importantes a la libertad de comercio; lo que, indirectamente, influyó en el desarrollo del seguro marítimo, que, como se ha dicho, era la única modalidad de seguro practicada en el continente hispanoamericano. Sin embargo, en los virreinatos no existía ninguna casa aseguradora, y los comerciantes locales debían acudir a la metrópoli. Para ello, dos fueron los procedimientos utilizados para la contratación en las casas aseguradoras de España.

El primero de ellos fue el de comunicar a España aviso de las mercaderías o caudales que se pensaba despachar a la metrópoli, para que, de este modo, se pudiese, previamente al embarque, contratar el correspondiente seguro. El otro procedimiento, mucho más operativo y, finalmente, utilizado en la práctica, consistía en la utilización de apoderados de esas casas aseguradoras residentes en los virreinatos. Parece que la aparición de esos apoderados está vinculada al surgimiento de entidades aseguradoras relativamente potentes, con la aparición de sociedades con forma anónima, por su mayor capacidad para la captación de capitales, merced al mecanismo de limitación de responsabilidad de los accionistas que, como es sabido, fue clave para el desarrollo de tales sociedades y para que adquirieran la importancia económica que llegaron a tener en la economía moderna, en detrimento de las sociedades de tipo personalista.

No obstante, en las postrimerías del siglo se empiezan a crear casas aseguradoras locales. Así, en 1.789 se crea en Méjico la primera compañía aseguradora del virreinato de Nueva España en el puerto de Veracruz, con un capital de 200.000 pesos, y unos años más tarde, en 1.802, se funda en el mismo puerto, como consecuencia de la prosperidad que éste disfrutaba, la Compañía de Seguros Marítimos de Nueva España, bajo la inmediata protección de la Virgen de Guadalupe. En La Habana se forma otra compañía en 1.795, bajo la forma jurídica de sociedad anónima, con un capital de 800.000 pesos, que fueron desembolsados por sesenta casas comerciales; lo que es muestra del interés que la actividad aseguradora suscitaba ya en los empresarios de la época.

En el Virreinato de la Plata,  por Real Cédula de 30 de enero de 1.794, se crea el Consulado de Buenos Aires, a imagen y semejanza del Consulado de Sevilla, con la facultad de conocer sobre los pleitos y reclamaciones que se produzcan en materia mercantil, incluida la relativa a la actividad aseguradora, siendo la normativa principalmente aplicable la constituida por las Ordenanzas de Sevilla y por las de Bilbao, que llegaron a convertirse en un verdadero código mercantil para todos los  virreinatos. Ya antes de la creación del Consutado, en 1.784, es decir, en el mismo año de creación de la  Real Compañía de Seguros Terrestres y Marítimos de Madrid, se había constituido en Buenos Aires una agencia local de ésta, que, en virtud de los poderes concedidos, funcionó de hecho como el primer asegurador en lo que luego sería la república Argentina. Transcurrido algo más de una década, el Secretario del Consulado de Buenos Aires habría de formular la primera iniciativa local de creación de una compañía de seguros, que habría de cristalizar en 1.796 con la creación de la compañía denominada La Confianza, la primera formada en el Río de la Plata con capitales y dirección locales.

En los demás territorios de la América hispana la creación de compañías locales es más tardía, entrado ya el siglo XIX, por lo que se trata de acciones que rebasan ya el marco temporal que hemos tomado como referencia para la formación histórica del seguro español e hispanoamericano. No obstante, con el fin de no acabar esta intervención sin haber hecho referencia a la importancia económica de la institución en la coyuntura actual, a continuación facilitaremos algunos datos que permiten apreciar, a grandes rasgos, la importancia relativa del seguro en aquella región. Entendemos que, para una mejor comprensión de las cifras que a continuación facilitamos, lo más práctico es compararlas con las del seguro español, ya que, de otro modo, la expresión de magnitudes económicas en términos absolutos podría ser de escasa utilidad a efectos de proporcionar una imagen realmente ilustrativa sobre la importancia del sector asegurador en las naciones hispanoamericanas.

10. Algunas cifras actuales sobre el seguro en España e Hispanoamérica34

El exponente más ilustrativo de la cifra de negocio propia de la actividad aseguradora es el volumen de primas emitidas 35; es decir, de primas correspondientes a contratos de seguro suscritos o prorrogados en el ejercicio de que se trate; y, a este respecto, el total de primas emitidas en el conjunto de países hispanoamericanos en el ejercicio 2.008 ascendíó a 69.000 millones de euros 36: 25.000 millones en seguros de vida y el resto, o sea, 44.000 millones, en seguros distintos del de vida. El país con mayor volumen de negocio fue Brasil, con 25.000 millones de euros en concepto de primas emitidas para el conjunto del sector (vida más no vida), seguido de Méjico, con 12.600 millones; Venezuela, con 7.000 millones; Puerto Rico, con 6.400 millones, Argentina, con 5.100 millones y Chile, con 4.500 millones. Comparado con estas cifras, el seguro español arrojó en el mismo periodo un volumen total de primas de 60.000 millones de euros37 : 28.000 millones en el seguro de vida y 32.000 en seguros generales. Quiere esto decir que la totalidad del seguro hispanoamericano no es mucho mayor, en términos de primas, que el sector asegurador español.

No obstante, el volumen de primas, por si solo, puede no ser un buen indicador de la importancia del sector asegurador en la economía de un país, pues hay que ponerlo en relación con el resto de magnitudes macroeconómicas del mercado de que se trate; de las cuales el producto interior bruto es un exponente muy significativo, como también lo es el volumen de primas por habitante; sobre todo, a efectos de comparar unos mercados con otros. De ahí que, junto a este último índice,  sea frecuente la utilización de otro que suele denominarse índice de penetración, el cual representa la relación entre el volumen total de primas emitidas en un país determinado y el producto interior bruto del país en cuestión. Pues bien, el valor máximo para este índice se alcanza en Chile, donde las primas del sector asegurador representan un 3,9 % del producto interior bruto. Cerca de esa cifra se halla un grupo de países, representado por Panamá, Brasil y Venezuela, todos ellos con un 3,3 %, para descender a niveles muy modestos, próximos al 1 %, en países como Bolivia, Perú, Guatemala y Paraguay. Ese mismo índice se sitúa en España en el 5,5%, por debajo de los países de Europa Occidental, pero muy superior al del resto de países hispanoamericanos.

Algo parecido sucede con el índice de primas per cápita: en España este índice supone 1.300 euros por habitante, mientras que en la generalidad de los países hispanoamericanos este índice se sitúa en niveles bastante inferiores. Así, dejando aparte a Puerto Rico, donde las primas por habitante alcanzan los 1.625 euros (más que en España), los países en los que este índice alcanza cotas más elevadas son Chile y Venezuela, con 270 y 254 euros, respectivamente. Los países que ocupan los últimos lugares son Bolivia y Nicaragua, con sólo 14 euros por habitante.

Sin embargo, el crecimiento del seguro en Hispanoamérica es bastante más vivo que en España: así como en nuestro país el crecimiento medio del periodo 2007-200838 fue del 5,5 %, en el conjunto de los países hispanoamericanos el incremento del volumen de negocio se situó en el entorno del 8%. Naturalmente, es más fácil registrar crecimientos porcentuales más fuertes cuando se parte de una base más baja que cuando el punto de arranque es el correspondiente a un mercado más consolidado; pero, como siempre que se hace un análisis de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades, ello puede verse como un indicativo de que toda debilidad contiene el germen de mayores oportunidades de desarrollo, que, muchas veces, vienen dadas por el simple hecho de corregir las debilidades detectadas y no incurrir en los mismos errores en que han caído otros competidores, mediante un hábil aprovechamiento de la experiencia ajena. El crecimiento económico en Hispanoamérica tiene ante sí un largo recorrido, del que es buena muestra el interés por invertir allí de los países más desarrollados; entre ellos, España. Esa posibilidad de largo recorrido en cuanto al desarrollo económico empieza ya a ser una evidencia contrastada en países como Brasil y Chile; y otro tanto ha de suceder con la industria aseguradora, de cuya historia pasada hemos hecho aquí un somero bosquejo, pero de la que, sin duda, habrá mucho más que escribir en un futuro no lejano.

Muchas gracias

Cádiz, 16 de marzo de 2.011

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1.DEL CAÑO, Fernando: Derecho Español de Seguros. Madrid 1.983

 

2.PICARD, Maurice y BESSON, André: Les Assurances Terrestres en Droit Français. Librairie Générale de Droit et Jurisprudence. Paris, 1970.

3.GARRIGUES, Joaquín: El Contrato de Seguro Terrestre. Imp. Aguirre. Madrid, 1.975.

4.Para Manes, el riesgo consiste en la incertidumbre objetivada respecto a un suceso que, es de suyo, económicamente perjudicial, aunque no necesita ser, ni es muchas veces, temido (MANES, Alfred: Teoría General del Seguro. Editorial Logos. Madrid, 1930).

5.En el seguro de vida, las tablas de mortalidad proporcionan el número de personas vivas a cada edad: así el  número de personas que cumplen la edad x años viene dado por la notación lx (l, del inglés “living”, o sea, los que viven a esa edad). Del mismo modo, l x+1 serán los que cumplan la edad x+1, lx+2 los que cumplan la edad x+2, y así sucesivamente. Por diferencia entre los que cumplieron la edad x y los que cumplen la edad x+1 se tendrá el número de fallecidos en el año x, dx  (d, del  inglés “dead”). Si se trata de un seguro que garantiza a todos los asegurados que fallecen con edad x el pago de un capital C a un beneficiario designado en el contrato, el asegurador planteará la ecuación de equivalencia entre aportaciones de los asegurados (primas) y las prestaciones a su cargo (siniestralidad) de la siguiente manera: lx . p = C . dx Donde el primer miembro de la igualdad representa las aportaciones de los asegurados, que serán el producto del número de asegurados vivos al principio del año por la prima que ha de pagar cada uno de ellos. El segundo miembro representa las prestaciones a pagar por los fallecimientos producidos en el año, que serán el producto del número de fallecidos por el capital a pagar a cada uno. En esa ecuación de equivalencia, la incógnita es la prima, ya que el capital a pagar es una cantidad cierta, y el número de vivos y de fallecidos se conoce por la tabla de mortalidad. Sólo habrá, pues, que despejar la prima, cuyo importe será: P = C . (dx / lx) Donde el cociente (dx / lx) es la probabilidad de siniestro, es decir, el número de casos favorables al fallecimiento dividido por el número de casos posibles. Lo que confirma lo antes adelantado en el sentido de que la prima es el producto del coste medio del siniestro por la probabilidad de que éste ocurra; lo que suele expresarse diciendo que la prima es el equivalente actuarial de la prestación a recibir en caso de siniestro.
Así como en el seguro de vida el siniestro siempre es total, por lo que en caso de siniestro el asegurador deberá pagar la totalidad del capital asegurado, en los seguros distintos del de vida el siniestro puede ser parcial, en cuyo caso el asegurador sólo pagará el daño realmente producido. A igualdad de capitales asegurados, en el seguro de vida el importe de éstos coindice con el coste medio; pero no sucede lo mismo en el seguro de daños. Así la ecuación de equivalencia entre aportaciones y prestaciones se planteará del siguiente modo: s = p . e, siendo s la siniestralidad esperada (que el asegurador conoce por medio de las estadísticas que maneja), p la prima, que, como antes, es la incógnita, y e el número de expuestos al riesgo. La prima que tiene que pagar cada expuesto al riesgo será, pues, p= S / e.
La igualdad anterior no varía si el segundo miembro se multiplica y se divide por n, siendo n el número de siniestros; de tal modo que quedaría:  p = (s/n) . (n/e) donde (s/n) es el coste medio de los siniestros y (n/e) la frecuencia siniestral, que, cuando el número de casos observados es suficientemente elevado, tiende a la probabilidad. Así pues, también aquí la prima viene dada por el producto del coste medio de los siniestros por la frecuencia (probabilidad) con que se manifiestan.

6.MAESTRO, J.L.: Garantías Técnico-financieras de las Entidades Aseguradoras. Ed. Centro Universitario Winterthur. Barcelona, 2.000.

7.DONATI, Antígono: Los Seguros Privados. Librería Bosch. Barcelona, 1.960.

8.GRATTON, Julio: Esquema de una Historia del Seguro. Ediciones Acayú. Buenos Aires, 1.955.

9.DONATI, A.: op. cit.

10.GRATTON, J.: op. cit.

11.Hay general coincidencia en la importancia del principio mutual como base de la actividad aseguradora, y de los precedentes de la misma. Entre los primeros en formular nítidamente este principio, STEIN, Oswald: Le Droit international des Assurances, Paris, 1928, citado por Manes: l´assurance est mutualité ou elle n´est pas assurance.

12.MANES, A.: op. Cit.

13.SILBERSCHMIDT, H:: Das Seedahrlehen als Ausgangpunkt der Versicherung gegen Prämie (Veröffentlichungen, cuad. 38). Berlín, 1.926.

14.Los intereses adeudados por el prestatario hubieron de emanciparse del premio del riesgo confundido con ellos, y éste abonarse sin condición alguna. Además, la indemnización no había de hacerse efectiva por el capitalista anticipadamente, sino bajo condición, y siempre que el evento dañoso se produjese. A la transición del préstamo a la gruesa al seguro contribuyó la Decretal del Papa Gregorio IX de 1.230, en la que se prohibía como usurario el préstamo con interés. Ello contribuyó, seguramente de manera inconsciente, a que se separara el negocio relativo al anticipo del capital del contrato por el que se asume el riesgo a cambio de una prima (MANES: op. cit.).

15.Como es norma general en nuestro Derecho, conforme al cual los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento (artículo 1.258 del Código civil). No obstante, aun cuando la consensualidad se mantiene respecto del contrato de seguro terrestre, el seguro marítimo, en el sistema del Código de Comercio, se transforma en un contrato formal, puesto que la observancia de forma escrita tiene carácter constitutivo y no meramente probatorio (art. 737 del Código de Comercio). En este sentido, ver SÁNCHEZ CALERO, Fernando: Comentarios a la Ley de Contrato de Seguro. Ed. Aranzadi. Madrid, 1.998.

16.Varios autores: entre ellos, GARRIGUES, J.: Tratado de Derecho Mercantil, Ed. Imp. Aguirre, Madrid, 1.974.  URÍA, R.: Derecho Mercantil, Ed. Imp. Aguirre. Madrid, 1.976.

17.Es decir, así como contrato a contrato hay equivalencia actuarial entre la prestación del asegurador y la contraprestación del asegurado (la prima), a nivel global de toda la cartera asegurada hay equivalencia cierta entre el total de prestaciones a cargo del asegurador y el total de primas recaudadas de los asegurados; por lo que, globalmente considerada, la operación deja de ser aleatoria. Ver PALACIOS, J.F. y MAESTRO, J.L.: Manual de Contabilidad y Análisis Financiero de Seguros. Ed. Centro de Estudios de Seguros, Madrid, 1.991. En el mismo sentido, MAESTRO, J.L.: Nociones Generales sobre el Contrato de Seguro, Rev.  Previsión y Seguro, núm. 34.Madrid, 1.994.

18.La equivalencia entre aportaciones y prestaciones es un principio clásico de la operación de seguro. Uno de los primeros en plantearlo con rotundidad es Goldschmidt, precisamente en relación con el seguro marítimo, en su obra Zur Geschichte der Seeversicherung, Leipzig, 1.901. Sin embargo, este principio general, que enlaza con el de suficiencia de la prima, empieza a conocer excepciones en la moderna normativa de control de la actividad aseguradora: así, en la Directiva 92/96/CEE, sobre el seguro de vida.

19.Este dato es citado por numerosos autores; entre ellos, BENÍTEZ DE LUGO, Luis: Tratado de Seguros. Instituto Editorial Reus. Madrid, 1.955. En el mismo sentido, F. DEL CAÑO (op. cit.).

20.BENÍTEZ DE LUGO, L.: op. cit.

21.BENÍTEZ DE LUGO, L: op. cit.

22.CÉSPEDES DEL CASTILLO, Guillermo: Seguros marítimos en la Carrera de Indias. Anuario de Historia del Derecho Español. Madrid, 1949.

23.A las que habían precedido las Ordenanzas de Burgos, de 1.538, y en las que se inspiraron pocos años más tarde las primeras Ordenanzas de Bilbao, de 1.569, cuya notoriedad fue, en todo caso, menor que las de Sevilla. Éstas eran formuladas por el Consulado de la plaza, en tanto que órgano de gobierno de los comerciantes, bajo la presidencia de un juez real del Consejo de Indias, y sancionadas por la autoridad del rey.

24.MAESTRO, Manuel: De los Riesgos y Seguros de la Carrera de Indias. Sede Editorial, Madrid, 1991.

25.Muchas de estas regulaciones subsisten, con algunas variantes, en nuestro Código de Comercio. Así, la necesidad de pacto escrito (art. 737), la limitación de responsabilidad del asegurador por la pérdida del buque a cuatro quintas partes de su valor ,en lugar de los dos tercios de las Ordenanzas de Sevilla (art. 751), la nulidad del contrato si ya se conocía el acaecimiento del siniestro (art. 784), o el seguro sobre buenas o malas noticias (art. 785)

26.CÉSPEDES DEL CASTILLO, Guillermo: op. cit.

27.También esto se halla previsto en el artículo 784 del Código de Comercio.

28.Es el principio de invariabilidad de la prima, que recogía el artículo 388.2 del Código de Comercio, derogado por la Ley 50/1980,  de Contrato de Seguro. En la actualidad, este principio se formula, junto a los de indivisibilidad, equidad y suficiencia, como uno de los principios generales a los que deben responder obligatoriamente las tarifas de prima en una norma de Derecho público, como es el Reglamento de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, aprobado por Real Decreto 2486/1998, de 20 de noviembre.

29.En análogo sentido, el artículo 767 del Código de Comercio.

30.Nos referimos a entidades aseguradoras en su moderna forma de sociedades de capital, única que, junto a las sociedades mutuas (dejando aparte la categoría meramente testimonial de las cooperativas), reconoce actualmente nuestro derecho sobre ordenación de los seguros privados. Con anterioridad, fueron numerosas las compañías o casas de seguros con forma de sociedades personalistas, e incluso de empresarios individuales. En este sentido, resulta interesante el trabajo de PONS, Jerònia: “Compañías de seguros marítimos en España”, en Revista Española de Historia, 2.007, núm. 235.

31.No disponemos de datos acerca de cuántas de estas compañías eran entidades con forma de sociedad anónima.

32.MAESTRO, Manuel: Aspectos Financieros de la Carrera de Indias. Sede Editorial. Madrid, 1992.

33.VICÉNS VIVES, Jaime: Manual de Historia Económica de España. Editorial V.V. Barcelona, 1.959

34.Dentro de Hispanoamérica incluimos a Brasil, aunque, en general, cuando se quiere incluir a Brasil dentro del conjunto formado por ese país y los demás países hispanoamericanos, es frecuente utilizar el término Iberoamérica. No obstante, como el término Hispanoamérica procede del radical Hispania, que incluye a España y Portugal, no nos parece inadecuado utilizar esta expresión; en todo caso, mucho más rigurosa que la frecuente, y relativamente reciente, de Latinoamérica, que sólo se empezó a utilizar en tiempos de Napoleón III, con ocasión de la expedición francesa a Méjico, al objeto de buscar cierta legitimidad para la misma, basada en el componente de “latinidad”, al que Francia no era ajeno.

35.Aunque, en el seguro de vida, tan importante como el volumen de primas emitidas, para apreciar la importancia de un mercado, es el importe alcanzado por las reservas o provisiones matemáticas; es decir, con la capitalización de la parte de prima no destinada a la cobertura del riesgo de mortalidad (la denominada prima de ahorro).

36.Fundación MAPFRE. Instituto de Ciencias del Segur: El mercado asegurador latinoamericano Diciembre 2009.

37.Informe anual de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. Ministerio de Economía y Hacienda.

38.En 2009 el aumento del volumen de primas ha sido prácticamente nulo.

 

 

 


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