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DE LAS REFORMAS A LA INDEPENDENCIA: LA POLÍTICA INDIANA DE ESPAÑA EN TORNO A 1800
 

Dr. Luis Navarro García
Discurso de ingreso como Académico Correspondiente en Sevilla

Cuando nos hallamos conmemorando el ciclo principal de la pérdida de las colonias españolas en América, el que se extiende desde 1808 hasta 1825, parece interesante reflexionar sobre el modo en que España afrontó tan grave crisis. ¿Tomó por sorpresa este movimiento a nuestro gobierno?

¿Se habían hecho algunos planes para impedirlo? ¿O será que España, primera potencia colonizadora de Europa ha de resultar siempre mala emancipadora, desde que perdió Holanda, hasta las últimas posesiones africanas?

A España, es decir, a su gobierno, le preocupó desde fecha muy temprana el futuro de sus magníficas posesiones americanas. ¿Desde qué fecha?        

Descartemos algunas advertencias, pronósticos o vaticinios más o menos remotos que pueden servir de antecedentes, y que alguna razón de ser tenían, porque ¿cómo pudo España crear, dominar y conservar un imperio que era todo un continente, a tanta distancia, y envidiado, codiciado y amenazado por todas las potencias de la época? Concretándonos no a vaticinios alarmistas, sino a informaciones autorizadas y documentadas, podemos fijar una fecha, entre otras posibles, para el principio de la preocupación española por el futuro de sus colonias. Esa fecha sería la de 1781, que marca un momento decisivo precisamente en la guerra de Independencia de los Estados Unidos, y el dato se refiere al más importante de las Indias españolas, el virreinato de México o de Nueva España.

En ese año de 1781, hallándose la España de Carlos III en guerra con los ingleses –la última guerra victoriosa contra Inglaterra--, un enviado especial del gobierno, con título de comisario regio, visitó México y se entrevistó con el virrey y todas las altas autoridades del virreinato para activar la movilización  de recursos destinados a las fuerzas españolas y francesas que a la sazón combatían en el Caribe. El comisionado regio era el sevillano Francisco de Saavedra, que años después sería ministro de Hacienda y de Estado de Carlos IV, y todavía más adelante, presidente de la Junta Suprema de Sevilla, miembro de la Junta Central, y miembro del Consejo de Regencia, entre los años 1808 y 1810.

Pues bien, en 1781 Saavedra, que quedó deslumbrado por el potencial económico y cultural de México, se alarmó al palpar el ambiente político que allí encontró –“en poco tiempo adquirí bastantes datos para comprender el estado interior de aquel reino y el origen del descontento que empezaba ya a difundirse por todas las clases”1 --, y volcó esa alarma en una página que dio a conocer mi llorado amigo el Dr. Morales Padrón, recientemente desaparecido. Dice así esta página en sus párrafos esenciales:

“La América, con la rebelión de los angloamericanos y la independencia que es regular que aseguren, ha variado mucho de semblante. Por consiguiente es necesario que España haga muchas variaciones en el sistema que hasta aquí ha observado con sus colonias. Distínguense estas de las demás naciones, las cuales sólo son factorías o depósitos de negociantes transeúntes, en lugar de las españolas que son una parte esencial de la nación separada de la otra. Hay pues vínculos muy sagrados entre estas dos porciones del imperio español, que el gobierno de la metrópoli debe procurar estrechar por todos los medios imaginables, ya atrayendo a los hijos de los americanos ricos con empleos y distinciones que gocen en España, ya promoviendo matrimonios y enlaces de una parte a otra, ya concediendo fomentos a su comercio y agricultura, ya enviando a los gobiernos e intendencias hombres de probidad, desinterés, prudencia y talento. Por estos medios se borrará el desprecio con que los europeos miran a los americanos, y la antipatía o rencor con que estos, como es natural, les corresponden” 2.

Estas pocas líneas contienen un puñado de graves informaciones y advertencias. La primera, las consecuencias de la Independencia de las vecinas colonias británicas y del ejemplo que de ella tomarían los españoles de América. Luego, el carácter peculiar de las colonias españolas, “parte esencial de la nación separada de la otra”, y la necesidad de que el gobierno fortaleciese esos vínculos, para lo que se proponen varias medidas que atraigan a los americanos o que proporcionen a aquellos países buenos administradores. Por último se levanta acta de la existencia de malas relaciones personales entre los españoles americanos o criollos y los españoles europeos o peninsulares, empleándose aquí las palabras “desprecio”, “antipatía” y “rencor”.

Sin duda, Saavedra comunicó estas impresiones a tres de los más destacados políticos españoles del momento: Aranda, Gálvez y Floridablanca.

A decir verdad, en algunos de ellos esa preocupación era todavía más antigua. La primera impresión de incomodidad de las Indias se había percibido más de una década atrás, en 1767, con ocasión de la expulsión de los jesuitas. El descontento que esta medida produjo fue especialmente grave en México, y fue resuelto con una serie de órdenes reservadas por las que se dispuso la venida a España de varios altos dignatarios civiles y eclesiásticos del virreinato cuya disconformidad se había hecho notoria. Este asunto se sometió a informe del Consejo Extraordinario creado para tratar todo lo relativo a la expulsión, y ese Consejo, que presidía el ya citado conde Aranda, aprobó el 5 de marzo de 1768 un dictamen elaborado por los dos fiscales: Campomanes y Moñino, conocidos más adelante como condes de Campomanes y de Floridablanca. ¿Y qué dijo el Consejo Extraordinario de Castilla, y estamos hablando del más alto órgano del gobierno imperial? El pasaje más  importante de ese dictamen dice así:

“Los vasallos de S. M. en Indias, para amar la matriz que es España, necesitan unir sus intereses, porque no pudiendo haber cariño a tanta distancia, sólo se puede promover este bien haciéndoles percibir la dulzura y participación de las utilidades, honores y gracias… No pudiendo mirarse ya aquellos países como una pura colonia, sino como unas provincias poderosas y considerables del Imperio español. Para prevenir, pues, el espíritu de independencia y aristocracia, no bastaría castigar  a los autores de semejante pensamiento…”.3 Después se enumeran las medidas que se proponen, de las que hablaremos más adelante, y que por el momento no fueron aplicadas, pero adviértase ya cómo algunos hombres del gobierno se preocupan de que los vasallos de Indias amen a España, y cómo reconocen –como lo hará Saavedra en 1781-- que no se trata allí de puras colonias, sino de provincias poderosas, y de que hay que “prevenir” el espíritu de independencia…

En los días de la expulsión de los jesuitas y de la consulta del Consejo que acabamos de considerar, otro importante personaje ya citado, José de Gálvez se hallaba precisamente como visitador o inspector en México, de donde extrajo una considerable experiencia que pocos años después, al ser nombrado ministro, aprovecharía para establecer las directrices de su gobierno. El malagueño Gálvez, que desempeñó el ministerio de Indias desde 1776 hasta 1787, se nos ofrece como el más caracterizado representante de la política reformista, tan propia de los Borbones y en particular de Carlos III, consistente en sanear y mejorar el funcionamiento de las instituciones, cuando en el plan de intendencias escribe: “varias veces se pensó en uniformar el gobierno de estas grandes colonias con el de la metrópoli…; se ha resuelto extender el plan de intendentes para toda la comprensión del virreinato  de México” 4.

Por esas fechas, como se ha dicho, era presidente del Consejo Extraordinario el conde de Aranda, que luego serviría como embajador en París, desde donde se manifestaría partidario de cambios sustanciales en la política americana de Carlos III.

Con esto queda dicho que en la década de 1780, la última del reinado de este monarca, están ya planteadas por tres autorizados portavoces las tres orientaciones fundamentales de la política indiana española. La primera, la de Gálvez, es la que puede ser llamada sencillamente “colonialista”. La segunda, la preconizada por Floridablanca, será la línea “unionista”. La tercera, la de Aranda, sería la propuesta “autonomista”. Merece la pena recordar que los tres personajes fueron figuras destacadas de los gobiernos de los últimos Carlos: Gálvez, ministro de Indias de Carlos III, de 1776 a 1787, en que muere; Floridablanca, primer ministro como ministro de Estado con Carlos III desde 1777 y luego con Carlos IV hasta 1792; y el conde de Aranda, embajador en Francia con el primero y también ministro de Estado con el segundo de febrero a noviembre de 1792. Gálvez, Floridablanca y Aranda: tres hombres que convivieron y compartieron responsabilidades de gobierno pero que, en presencia de una misma realidad, el riesgo que corría el imperio indiano, concibieron tres proyectos políticos muy diferentes, que colisionaron entre sí sin que ninguno de los tres llegara a imponerse. La sublevación e independencia de las Trece Colonias británicas fueron el aldabonazo que alarmó a estos tres políticos.

El proyecto “colonialista” de Gálvez, expresado con bastante nitidez ya en sus escritos anteriores a su acceso al ministerio –su “Discurso de un vasallo”5 y los informes enviados desde México— se resumen en un gran plan de reformas que mejorasen el gobierno de las colonias, en beneficio de sus habitantes, y al mismo tiempo las hiciesen más productivas para la metrópoli. En ese plan entran la creación del cuarto virreinato –Buenos Aires—, la intendencia y luego capitanía general y audiencia de Venezuela, o la comandancia general de las provincias internas de Nueva España, junto con el plan general de creación de las intendencias, que podrían llegar a ser unas cincuenta grandes provincias, de modo que cincuenta intendentes, magistrados de alto carácter, la mayoría coroneles del ejército o capitanes de la armada, controlasen todos los dominios ultramarinos. Entre otras de sus muchas reformas cabe recordar la del decreto de “libre comercio” de 1778, que manteniendo el monopolio español del tráfico de las Indias, abrió todos los puertos importantes de España y América al comercio directo entre la metrópoli y las colonias, y también la declaración de 1782 de que todos los vasallos –peninsulares o criollos— se considerasen iguales para desempeñar los cargos de la administración, aunque en la práctica se diese un claro predominio de los europeos o peninsulares.

Todas estas reformas modernizadoras iban desmontando la compleja organización legada por los Austrias, reforzando el control centralizador ejercido desde la metrópoli, y la medida más audaz llegó a atentar contra la máxima y casi mítica autoridad virreinal. Ya el marqués de Esquilache, gran valedor de Gálvez, había intentado años atrás quitar al virrey el mando supremo de las tropas del virreinato, lo que el virrey resistió con éxito; luego Gálvez privó al virrey del gobierno de la audiencia de la capital, nombrando en su lugar un regente, y lo quiso excluir del manejo de la Real Hacienda, poniendo al frente de cada virreinato un superintendente que vigilase las operaciones de los intendentes. Pero esta fue una de las reformas de más corta vida, pues ante la protesta de los virreyes, los superintendentes fueron suprimidos poco después de la muerte de Gálvez.

Las mismas intendencias planteaban problemas, porque aunque Gálvez había previsto que los intendentes gozasen altos sueldos y pudiesen ir ascendiendo de unas provincias a otras de mayor importancia, constituyendo una verdadera carrera burocrática, pronto se vio que los “subdelegados”, es decir, los gobernadores de los distritos subordinados a los intendentes, quedaban mal dotados y se harían precisas nuevas modificaciones. Todo esto era previsible: la resistencia al cambio, que nunca falta; la necesidad de ir perfeccionando las nuevas instituciones…  El caso es que esa paulatina mejora no fue posible, y las mismas reformas de Gálvez quedaron incompletas: las intendencias no llegaron a establecerse en el virreinato de Nueva Granada o Bogotá; las tres superintendencias de México, Lima y Buenos Aires, que tan beneficiosas se anunciaban para la dirección de la hacienda y la economía de estos virreinatos, fueron suprimidas poco después de la muerte de Gálvez; y el arreglo de las intendencias y subdelegaciones que se preparó con la Ordenanza General de 1803 quedó sin aplicar por orden de Godoy, por entrar en contradicción con otras ordenanzas militares.

La muerte de Gálvez en 1787 causó la paralización o frustración de la mayor parte de sus reformas. Al frente del gobierno quedó entonces Floridablanca, cuyo proyecto político tanto se diferenciaba del  malagueño. Mientras que Gálvez sólo concebía a los españoles de América como súbditos obedientes que merecían ser bien gobernados,  el murciano Floridablanca pretendía, desde los días de la expulsión de los jesuitas, formar entre la metrópoli y las colonias “un solo cuerpo de nación”, y había señalado en la Instrucción a la Junta de Estado el modo de conseguirlo: suprimir el ministerio de Indias y repartir todos los asuntos del gobierno de Ultramar entre los cinco ministerios metropolitanos: Estado, Hacienda, Gracia y Justicia, Guerra y Marina, que regirían indistintamente a los súbditos peninsulares y a los de América 6.

Así Floridablanca, ya en el gobierno de Carlos IV, logró la división del ministerio de Indias en dos –de Hacienda y Guerra y de Gracia y Justicia--, y al comenzar el reinado de Carlos IV, suprimió esos dos para realizar su plan de unificar el gobierno peninsular con el indiano, fórmula que  perduró ya hasta 1808. De todos modos, el gobierno de Floridablanca como primer ministro en esta segunda etapa no duró mucho, sólo hasta 1792, pues fue desplazado al fracasar su política frente a la Revolución Francesa. Pero cabe recordar los planes que veinticinco años atrás había formulado con Campomanes para atraer a los españoles de América, “no pudiendo mirarse ya aquellos países como una pura colonia, sino como unas provincias poderosas y considerables del Imperio español”, en las que convendría prevenir el espíritu de independencia.

Entre las medidas entonces propuestas, además de las que deberían reforzar las relaciones comerciales, figuraban las de atraer a los jóvenes americanos a cursar estudios en España, reservarles plazas en el ejército, mantener un regimiento de americanos en la península, “enviar siempre españoles a Indias con los principales cargos y colocar en los equivalentes puestos en España a los criollos”, incluso crear unos diputados permanentes de aquellos virreinatos ante el gobierno. Todas estas medidas, habían escrito Campomanes y Moñino en 1768, “son urgentes, puesto que ahora hay todavía tiempo, y dentro de poco podría ser tarde”. Ahora bien, el gobierno de Carlos III en aquellas fechas no debió apreciar la urgencia que se apuntaba. Las medidas de política económica fueron aplicadas por Gálvez, así como las de reserva de plazas en la administración para criollos, tanto en América como en España, pero las otras vías de atracción de la juventud americana a España no se pusieron en práctica.

Es ahora, muerto Gálvez y convertido Floridablanca en indiscutible jefe del gobierno, cuando tiene ocasión de impulsar dos de aquellas ideas: la creación en Granada del Real Colegio de Nobles Americanos, en el que los jóvenes americanos españoles, mestizos o indios nobles pudiesen seguir los estudios de Teología, Derecho Civil y Canónico, Arte militar y Política, que los capacitasen para “ocupar los primeros puestos  y dignidades en el  estado eclesiástico, militar y civil”. Del mismo modo procedió Floridablanca a crear una Real Compañía de Guardias de Corps de Nobles Americanos que formaría parte de las Reales Guardias junto con las Compañías española, italiana y flamenca7 . Pero tanto el Colegio de Granada como  la  Compañía de Nobles Americanos tendrían muy corta vida, al sobrevenir la caída de Floridablanca del gobierno y su destierro, y luego los sucesos de 1808, de modo que aquellas iniciativas apenas han dejado huella. Así, Floridablanca, que interrumpió los planes de Gálvez, no tuvo éxito en la aplicación de los suyos, y tampoco prestó atención a los atrevidos proyectos de Aranda, formulados también durante el reinado de Carlos III.
           
Tanto Gálvez como Floridablanca buscaban el fortalecimiento y conservación del imperio. Esto se conseguiría, pensaba el malagueño, manteniendo la desigualdad entre metrópoli y colonias, pero perfeccionando el gobierno de éstas. Para el murciano, en cambio, era necesario llegar a la equiparación de metrópoli y colonias, equiparar los reinos indianos a los peninsulares, idea difícilmente realizable y más en aquella época, no ya solo por la distancia y la lentitud de las comunicaciones y por la naturaleza del gobierno absoluto entonces imperante, sin verdadera representación nacional. Esta idea será, sin embargo, preconizada por el mismo Floridablanca desde la presidencia de la Junta Central, la que presidirá la reunión de las Cortes de 1810 y la redacción de la Constitución de 1812. Pero aun así esa idea no llegó a impregnar eficazmente el espíritu de la Monarquía española.

El plan de Aranda, que tuvo un precedente muy próximo en la sugerencia formulada al rey en 1781 por el intendente de Venezuela José de Ábalos8 , proponía algo muy distinto: la fragmentación del imperio, manteniendo alguna forma de subordinación de las porciones ultramarinas respecto de la península. Aranda formuló su plan en 1783, a raíz de la independencia de los Estados Unidos y poco después de haber tenido por Saavedra información del malestar que comenzaba a percibirse en México.

El punto de partida de Aranda en este “Dictamen reservado” dirigido a Carlos III, que ha sido llamado “carta profética”, es el peligro que para las Indias supone el nacimiento de la nueva nación americana, a la que atribuye una formidable potencia expansiva: “Esta república federativa ha nacido, digámoslo así, pigmea… Mañana será gigante, conforme vaya consolidando su constitución, y después un coloso irresistible en aquellas regiones”. Para Aranda, ya entonces las colonias españolas estaban demasiado cerca de los Estados Unidos que, según su pronóstico de lo que “infaliblemente había de suceder en pocos años”, pronto procurarían la posesión de la Florida, y después la de todo México9 .
           
Pues bien, el “único medio” de evitar esta y otras pérdidas, y tal vez otras mayores, consistiría, dice el conde, en “que V. M. se desprenda de todas las posesiones del continente de América, quedándose únicamente con las islas de Cuba y Puerto Rico en la parte septentrional y algunas que más convengan en la meridional, con el fin de que ellas sirvan de escala o depósito para el comercio español”. Para verificar esto bastaría con enviar tres infantes de la Casa Real española que pasasen a ser reyes de México, del Perú y de Tierra Firme, mientras que el rey de España tomaría el título de emperador, al que los tres reyes americanos y sus sucesores enviarían anualmente una contribución en oro, plata o efectos coloniales como el tabaco. Los nuevos soberanos y sus sucesores deberían casar con infantas de España o de su familia, y a la inversa, manteniendo una unión indisoluble entre las cuatro coronas, que tendrían además una unión comercial y una estrecha alianza ofensiva y defensiva. Se asociaría esta empresa “nuestra íntima aliada la Francia”, “con exclusión absoluta de la Inglaterra”.

El conde de Aranda se ofrecía para dirigir la puesta en práctica de esta idea, que tomaría por sorpresa a Inglaterra: “¡Qué golpe terrible para el orgullo inglés!”. Pero Carlos III no parece haber tomado en consideración este proyecto, y el mismo Floridablanca rechazó una variante que Aranda le expuso en 1786, sugiriendo entonces que se permutase Portugal por el Perú, con lo que Brasil se extendería de océano a océano, pero España lograría la unidad peninsular. “La especie del cambio es graciosa”, se limitó a comentar, algo malhumorado, el murciano10 .

Es sabido que Aranda llegó a ejercer la jefatura del gobierno a la caída de Floridablanca en 1792, pero por pocos meses y en la más difícil coyuntura creada por la Revolución Francesa, de modo que no tuvo oportunidad para poner en práctica su plan. Lo curioso es que el mismo plan fue  asumido años después como propio por su sucesor en el gobierno D. Manuel Godoy en la última etapa de su privanza.  Hecha realidad la amenaza del expansionismo norteamericano, y demostrada la superioridad naval inglesa que podía dejar incomunicada a la metrópoli con las posesiones indianas, el proyecto de división de la Monarquía hispánica volvía a resultar válido.
           
En 1803 se había hecho efectiva la anexión de Luisiana por los Estados Unidos, que la compraron a Napoleón y que maliciosamente quisieron suponer que el límite occidental de Luisiana se encontraba en el Río Grande o del Norte, con lo que se apropiaban de paso toda la extensa provincia de Texas. Eso creó una peligrosa fricción. Resurge entonces el plan de Aranda. En 1804 ya concibió Godoy la posibilidad de “que en lugar de virreyes fuesen infantes a América, que tomasen el título de príncipes regentes”. Estos príncipes regentes serían cuatro, correspondientes a los cuatro virreinatos. La idea fue esta vez bien acogida por el rey, según dice Godoy en sus Memorias, pero no se llevó a cabo porque precisamente entonces se produjo un rompimiento con Inglaterra y no pareció prudente enviar a los infantes a América corriendo el peligro de un apresamiento.
           
Dos años más tarde se volvió a plantear el punto de las monarquías americanas, con tanto empeño que el 4 de octubre de 1806 dirigió Carlos IV de su puño y letra una carta a los miembros del gobierno y a ocho prelados proponiendo “establecer en diferentes puntos de ella (América) a mis dos hijos menores, a mi hermano, a mi sobrino el infante D. Pedro, y al Príncipe de la Paz, en una soberanía feudal de España, con títulos de virreyes perpetuos y hereditaria en su línea directa… con ciertas obligaciones de pagar un tributo que se les imponga  y de acudir con tropas y navíos donde se les diga”.
           
Todos los consultados, obispos y ministros, menos uno, dieron un dictamen favorable al plan en el que se incluía la adjudicación de un reino americano a Godoy, que podía merecerlo dada su calidad de Príncipe de la Paz. Cabe suponer que el territorio que se pondría en sus manos sería precisamente el de Texas y el nordeste, o incluso todo el gran norte de México, que habría de defender de las apetencias norteamericanas. Pero, por supuesto, el plan no se realizó por persistir circunstancias adversas.
           
En octubre de 1807 se trató por última vez de este plan, ahora en el Tratado de  Fontainebleau, en el que Napoleón aceptó “reconocer a S. M. Católica el Rey de España como Emperador de las  Dos Américas cuando todo esté preparado para que S. M. pueda tomar este título”, que evidentemente implicaba la erección de monarquías en las Indias. Pero tampoco en esta ocasión llegó a materializarse tan importante idea, habiéndolo impedido primero el estado de guerra con Inglaterra y luego el motín de Aranjuez y las abdicaciones de Bayona11 .

Este proyecto de monarquías americanas, que más o menos reservadamente había estado sobre las mesas de los gobernantes desde 1781 hasta 1808, es el que de manera natural volvió a ser propuesto –esto es lo importante-, no por ningún ministro, sino por los diputados americanos en las Cortes españolas de 1820-1821, es decir, en los días del Trienio Liberal, que constituye  la etapa decisiva del proceso de la independencia hispanoamericana continental, y cuando muy pocas esperanzas cabía albergar de que tal proceso concluyese de manera favorable a España.
           
En mayo de 1821 se formó en Madrid una comisión de ocho diputados, por mitad peninsulares y americanos, a la que los americanos propusieron  presentar una petición a las Cortes: “reducíase -cuenta el diputado mexicano Lucas Alamán- a ejecutar sin nombre de independencia y bajo la forma representativa el proyecto del conde de Aranda” 12. Es decir, crear monarquías que serían puestas en manos de infantes españoles. La idea era tanto más factible cuanto que esa era exactamente la propuesta formulada poco antes por Agustín de Iturbide en el Plan de Iguala con el que México alcanzó la independencia. Pero los diputados peninsulares rechazaron la idea por parecerles contraria a la unidad de la nación española, idea clave de la Constitución de 1812 y del pensamiento de Floridablanca, cuya realización se hallaba ya en situación seriamente comprometida.
           
El 25 de junio, sin embargo, los diputados americanos presentaron once proposiciones a las Cortes, la primera de las cuales pedía el establecimiento en América de tres secciones de las Cortes, como tres cuerpos legislativos, y un delegado o virrey –que podría ser un  infante español 13 - al frente de cada una de las tres demarcaciones territoriales. Era la última posibilidad de mantener, bajo una nueva forma, la unión entre las Indias y España. Pero también este plan fue rechazado, como lo fue en noviembre en las mismas Cortes el Tratado de Córdoba suscrito por Iturbide y O’Donojú, por el que se intentó la independencia de México como imperio, con un emperador español, que hubiera podido ser el mismo Fernando VII14 . A los  escasos diputados americanos que aún seguían en Madrid no les quedó otra solución que la de abandonar las Cortes, plasmándose así la ruptura de manera clamorosa.
           
Los tres proyectos de reforma del gobierno de América se habían frustrado, pero no fue el movimiento separatista de las colonias, sino la invasión de la península por Napoleón, la que cogió desprevenido al gobierno español, mientras que la difusión de las ideas liberales y los debates sobre las Constitución de 1812 habían contribuido a ahondar el desencuentro entre los intereses de los países americanos y los de la metrópoli.

Cádiz, 23 de noviembre de 2011

 

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1. SAAVEDRA, Francisco de: Los decenios (Sevilla 1995), pág. 177.

2.MORALES PADRÓN, Francisco: Diario de Don Francisco de Saavedra (Sevilla 2004), págs. 29-30 y 247-248.

3.Informe de los fiscales Campomanes y Moñino al Consejo Extraordinario. Madrid, 5 marzo 1768. AGI Indiferente 2778. Documento publicado por NAVARRO GARCÍA, Luis: “El Consejo de Castilla y su crítica de la política indiana en 1768” en  Homenaje al Profesor Alfonso García Gallo (Madrid 1996, 5 vols.), vol. V, págs. 187-207.

4.Informe y plan de intendencias, puntos 4 y 5. México, 16 enero 1768. AGI Indiferente 1713. Transcrito en NAVARRO GARCÍA, Luis: Las reformas borbónicas en América. El plan de intendencias y su aplicación (Sevilla 1995), págs.111-134.

5.Publicado por NAVARRO GARCÍA, Luis: La política americana de José de Gálvez según su “Discurso y reflexiones de un vasallo” (Málaga 1998).

6.Instrucción reservada, 8 julio 1787, punto CXLV. En Obras originales del conde de Floridablanca (Madrid 1867). También en RUIZ ALEMÁN, Joaquín: Floridablanca. Escritos políticos (Murcia 1982).

7.Estatuto del Real Colegio de Nobles de Granada, Madrid 15 enero 1792, y Real Orden de 6 abril 1793 creando la Compañía de Caballeros Americanos. En Kontezke: Colección de documentos para la historia de la formación social de Hispanoamérica (Madrid 1953-1962; 3 vols.), vol. II, págs. 697-705 y714.

8.MUÑOZ ORÁA, Carlos A.: “El intendente Ábalos y su plan para la defensa de América” en Revista Humanidades (Mérida 1961), núms. 3 y 4.

9.RODRÍGUEZ, Mario: La revolución americana de 1776 en el mundo hispánico (Madrid 1976) reproduce el proyecto de Ábalos (págs. 54-63) y el dictamen de Aranda (págs. 63-66).

10.VARELA MARCOS, Jesús: “Aranda y su sueño de la independencia suramericana” en Anuario de Estudios Americanos XXXVII (1980), 351-368.

11.RAMOS PÉREZ, Demetrio: España en la Independencia de América (Madrid 1996), págs. 89-107.

12.ALAMÁN, Lucas: Historia de México (México 1849-1852; 5 vols.), vol. V, págs. 548-573.

  13.Sin embargo, el diputado por Coahuila, Ramos Arizpe, inflamado de sentimiento republicano, se oponía a esta posibilidad. RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, Francisco Javier: José Miguel Ramos Arispe, de súbdito a ciudadano (Saltillo 2008), págs. 44 (citando a Lorenzo de Zavala) y 271  (en carta de Ramos a Lucas Alamán).

14.ÁVILA, Alfredo: En nombre de la nación. La formación del gobierno representativo en México (México 1999), pags. 201-207. DELGADO, Jaime: España y México en el siglo XIX (Madrid 1940-1943; 3 vols.), vol. I, págs. 39-57.

 

 

 

 


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