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CÁDIZ: ESCENARIO DEL PRIMER ENCUENTRO HISPANO-AMERICANO
 

Miguel León-Portilla

Apertura a la modernidad fueron los trabajos de las Cortes de Cádiz que culminaron en 1812 con la promulgación de una nueva constitución de corte liberal. Estaba ella concebida para tener igual vigencia en España e Hispanoamérica y, aunque dicha constitución tuvo en realidad limitada vigencia, sólo entre 1812 y 1814 y después durante el trienio liberal entre 1820 y 1823, llegó a influir grande y perdurablemente entre los españoles y los hispanoamericanos.

Su corte liberal, que implicó reformas trascendentales como la del reconocimiento de que la soberanía reside en la nación y no en una persona por importante que sea; la supresión de privilegios y limitaciones a la autoridad del Rey; así como una enunciación de los derechos humanos y de los ciudadanos, la división del gobierno en tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial; la libertad de prensa y de comercio, todo lo cual iba a transformar de raíz lo que había sido el Antiguo Régimen.

Importa destacar desde un principio que la reunión de las Cortes extraordinarias en Cádiz constituyó un primero y trascendental encuentro entre españoles, hispanoamericanos y filipinos. Casi dos siglos habrían de transcurrir hasta que, con motivo del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en 1992, se celebrara en Guadalajara de México otro encuentro hispano-americano en la primera de las llamadas Cumbres Iberoamericanas.

Antecedentes

Tanto España como varios reinos y provincias americanas se encontraban en crisis. La península Ibérica había sido invadida por las tropas de Napoleón y en varios lugares del continente americano como en Caracas, Buenos Aires, México y otros habían estallado movimientos independentistas. Ciertamente el momento en que iban a reunirse las Cortes en Cádiz no era el más adecuado para deliberar con tranquilidad. Siendo esto verdad, también lo era que la misma circunstancia de la invasión francesa y las insurgencias en Hispanoamérica obligaban a hacer frente a tales turbulencias.

Desde algún tiempo antes, en vista de las situaciones que se vivían, tanto en la Península como en Ultramar, se habían organizado las que se conocieron como juntas, en las que se discutían las posturas que debían asumirse tras la renuncia de Fernando VII. A la par que existían numerosas de esas juntas en España, surgieron varias en América. En México desde 1809 las hubo en Valladolid de Michoacán y en Querétaro; en Venezuela la de Caracas; en la Nueva Granada las de Quito, Santa Fe y Cartagena de Indias, así como en otros varios lugares del continente.

Ante los levantamientos que se producían en América se suscitó en España el temor de una desintegración de las antiguas posesiones ultramarinas. Así, en tanto que los españoles se afanaban por oponerse a la invasión francesa, se reconoció la necesidad de tomar en cuenta a los habitantes de las tierras americanas. Más aún consideraron algunos que, en las circunstancias que afligían a España, ésta debía dar un distinto tratamiento a esas antiguas posesiones en América y Asia.

La idea de que las mismas no debían mantenerse ya como colonias sino como reinos integrantes de la nación española comenzó a imponerse. No pocos se resistían ahí a la dominación española, patente, entre otras cosas, en que la mayoría de las autoridades civiles, militares y eclesiásticas las ejercían españoles peninsulares.

De tal situación se habían dado ya cuenta algunos, entre ellos el Conde de Aranda y el célebre marino Alejandro Malaspina. El primero había sugerido a Carlos III la posibilidad de transformar en reinos independientes a los varios virreinatos americanos, formando una alianza perpetua en la que el monarca español fungiría como emperador e infantes españoles como reyes de los países americanos. Por su parte Alejandro Malaspina, tras recorrer en una importante expedición marítima de alcances científicos las posesiones españolas en América y Asia, al retornar a España en tiempos ya de Carlos IV, incluyó en sus informes propuestas dirigidas a conceder autonomía a los habitantes de esos territorios ultramarinos.

Y aunque ni Carlos III ni Carlos IV prestaron atención a tales proposiciones, no por ello lo que exponían dejaba de ser pertinente. De esta suerte, el primer encuentro en las Cortes celebradas en Cádiz con la participación de diputados españoles y americanos, iba a ser escenario de discusiones y propuestas para reformar de raíz la relación hasta entonces asimétrica que existía entre la península y las tierras americanas.

Confuso y dramático era el momento que precedió a la convocatoria de las Cortes Extraordinarias. Buena parte de España se hallaba invadida por los ejércitos napoleónicos. A la abdicación que había hecho en Bayona Carlos IV en su hijo, siguió la renuncia de éste al trono de España. Un día antes, al tener conocimiento de la insurrección popular el 2 de mayo en Madrid, Fernando VII, el rey prisionero, emitió dos decretos que prenunciaban su inminente renuncia al trono. En uno disponía que una Junta de Gobierno asumiera la soberanía y dirigiera la guerra contra los franceses. En el otro expresaba la necesidad de convocar a Cortes extraordinarias.

Al conocerse tanto en España como después en tierras americanas la renuncia de Fernando VII, se organizaron, como ya se dijo, en varios lugares juntas en las que discutió cuáles eran las actitudes y medidas que debían asumirse. Es interesante recordar en este contexto que, antes de que en la Nueva España hubiera juntas como las de Valladolid de Michoacán y Querétaro, tuvo lugar una reunión convocada por el virrey José de Iturrigaray en septiembre de 1808, con la presencia de los miembros de la Audiencia de México y algunos del Ayuntamiento de la capital para examinar lo que estaba ocurriendo en España.

En esa reunión se escucharon pareceres que, de algún modo, prenunciaron lo que iba a ocurrir. Los miembros del Ayuntamiento ahí presentes, Francisco Primo Verdad y Francisco Azcárate, así como el fraile mercedario Melchor de Talamantes, sostuvieron que, al hallarse en suspenso la autoridad del rey, la soberanía recaía en el pueblo. Tal aseveración fue juzgada adversamente por el Virrey y los de la Audiencia, todos ellos peninsulares. La consecuencia fue que quienes la habían expresado, fueron hechos prisioneros y poco después aparecieron muertos en la cárcel.

Al atender ahora al que fue el primerísimo de estos encuentros, y valorar de modo especial lo que se siguió de la presencia en Cádiz de delegados de ambos hemisferios, importa recordar en forma sucinta los acontecimientos que antecedieron y otros que coincidieron con la celebración de esas Cortes extraordinarias, a partir de la convocatoria a ellas en agosto de 1810. Y no deja de llamar la atención que en el mes de septiembre de ese mismo año en que se iniciaron los trabajos de las Cortes en el Teatro de la Isla de León, un eclesiástico ilustrado, Miguel Hidalgo y Costilla en el pueblo de  Dolores en  Guanajuato, México,  —conociendo lo que ocurría en España donde Napoleón había impuesto como rey a José I— iniciaba un levantamiento en la madrugada del 16 de septiembre. Las palabras que Hidalgo, iniciador de la Independencia de México, dirigió a quienes fueron convocados por él incluían referencias explícitas a lo que ocurría en España:

Sepan ustedes que este movimiento no tiene más objeto que quitar el mando a los europeos, porque, como ustedes sabrán, se han entregado a los franceses y quieren que corramos la misa suerte, lo cual no hemos de consentir jamás y ustedes, como buenos patriotas, deben defender este pueblo hasta nuestra vuelta, que no será muy dilatada, para organizar el gobierno.[1]

De este modo, dando como argumento que en España había quienes reconocían el gobierno de José I, impuesto como rey por Napoleón, incitó Hidalgo al pueblo a levantarse contra el peligro de que también México corriera la misma suerte de quedar sometido a Francia.

Lo que no nunca había ocurrido, ni imaginado, sucedió entonces. Con derechos igualitarios los peninsulares y los ultramarinos iban a hacer propuestas que implicaron debates y la necesidad de respetar las diferentes opiniones. Y al tocar temas de interés particular para los hispanoamericanos se hubo de tomar conciencia de que, si en España la invasión napoleónica ponía en riesgo la soberanía nacional, en América las insurrecciones que se estaban produciendo ponían en entredicho la declaración con que iba a iniciarse la nueva constitución: “la nación española es la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios”.

Apertura de las Cortes

Las Cortes celebraron su sesión inaugural el 24 de septiembre de 1810 en la Isla de León con integrantes no por estamentos de clero y nobleza, sino de forma individual y proporcional y que debían trabajar en una sola Cámara.

Se aceptó, primero tácitamente y luego de forma abierta, que el propósito principal de la reunión de las Cortes era la elaboración de una nueva constitución.

Aunque no hay consenso en cuanto al número de diputados presentes en la apertura de las Cortes, Manuel Chust registra 104 de los cuales sólo 29 eran americanos.

Por su parte Marie Laure Reu-Millan nota que, entre septiembre de 1810 y septiembre de 1823, fueron en total 86 los representantes americanos que asistieron efectivamente a las reuniones.[2] En el conjunto de participantes americanos un cierto número fue de suplentes. Al iniciar sus trabajos los diputados eran 104 de los cuales 30 eran de Ultramar, 28 americanos y 2 filipinos. Desglosando la procedencia de los diputados ultramarinos que se fueron incorporando posteriormente cabe notar que había dos de la Isla de Cuba, uno de Santo Domingo, uno de Puerto Rico, quince de México, seis de la Capitanía de Guatemala, uno de Venezuela, dos de la Nueva Granada, ocho del Perú y dos del Virreinato de Buenos Aires.

Entre los más destacados diputados mexicanos estaban José Miguel Guridi Alcocer, por Tlaxcala; José Ignacio Beye Cisneros, por la capital; José Miguel Gordoa Barrios, por Zacatecas; Miguel González Lastri, por Yucatán; Joaquín Maniau, por Veracruz; José Miguel Ramos Arizpe, por Coahuila; Manuel María Moreno por Sonora y Mariano Robles, por Chiapas.

A su vez, entre los diputados procedentes de otros lugares que más se distinguieron por sus participaciones sobresalen José María Lequerica, de Quito; el peruano Dionisio Inca Yupanqui que defendió las causas de los indígenas, el venezolano José Domingo Rus que recibía informes de residentes en su patria.

En cuanto a las diversas profesiones de los diputados americanos, los había eclesiásticos, entre ellos tres obispos y también militares. De diversas profesiones había algunos, con estudios, universitarios, abogados y magistrados, así como funcionarios públicos, miembros de cabildos, hacendados, comerciantes y cuatro que ostentaban títulos de nobleza.

Los principales temas debatidos y los acuerdos alcanzados

Uno de los asuntos que debía quedar claramente establecido fue el que las mismas Cortes declararan su legitimidad y soberanía. Sobre esto versó la intervención que hizo Diego Muñoz Torrero, diputado por Extremadura. Con el fin de disipar dudas o contradicciones las Cortes solicitaron la presencia del obispo de Orense, que presidía la Regencia. Al no atender éste la tal solicitud, hubo una inicial confrontación entre los diputados liberales, incluidos los americanos, y los de tendencias conservadoras.

Una propuesta formuló entonces José Mejía Lequerica, diputado por Santa Fe de Bogotá y uno de los más activos entre los ultramarinos. En ella planteaba que, durante la ausencia de Fernando VII, al poder ejecutivo, la Regencia, se diera el tratamiento de Alteza y a las Cortes el de Magestad. Ello fue aceptado.

A la par que se atendía a cuestiones como estas de interés general, surgieron muy pronto otras concernientes directamente a los americanos. Propusieron ellos tres puntos: la igualdad de su presentación en las Cortes y posteriormente en los distintos cargos; asimismo la formulación de un proyecto autonomista y un decreto de amnistía general a favor de los insurgentes en los distintos lugares de América. Y debe notarse que el punto de la igualdad de representación en las Cortes y en otros contextos estuvo estrechamente relacionado con la cuestión de si debía reconocerse como ciudadanos a quienes descendían de africanos. Estos, de no considerarse ciudadanos; no podían tomarse en cuenta para establecer una representación equitativa. Ello explica los repetidos debates sobre tal materia, en los que participaron de forma sobresaliente diputados como el mexicano Ramos Arizpe.

Las propuestas antes mencionadas marcaron el primer momento de debates entre los diputados americanos y los peninsulares. Estos no sólo contradijeron a los de Ultramar sino que calificaron de impertinentes tales proposiciones. Al final, con diversos pretextos, quedaron ellas pendientes. El diputado por Valladolid de España, Evaristo Pérez de Castro presentó a su vez un proyecto que se tuvo como conciliatorio pues en él se reconocía genéricamente que tanto los peninsulares como los americanos y de Asia “son iguales en derechos”.

En tanto que esto se debatía en la Isla de León, quienes ahí se hallaban, temiendo un ataque de los franceses, propusieron trasladarse a Cádiz y, si fuera necesario, a algún lugar de América. Fue ese el momento en que los americanos volvieron a la carga con nuevas proposiciones. Abarcaban ellas la igualdad y la representación proporcional de los americanos bien fueran españoles o indios, así como la igualdad en el ejercicio de los cargos públicos. Temas de interés económico fueron los de la libertad de cultivos, como los de la vid y el olivo; la producción de manufacturas y de importaciones y exportaciones, así como de navegación y pesca.

El debate que suscitó todas estas proposiciones, pese a su importancia y duración, ha quedado un tanto desapercibido por la historiografía española que, anclada en una interpretación estrictamente peninsular, la mayor parte de las ocasiones considera un problema periférico la cuestión americana.[3]

Largo, muy largo, sería seguir paso a paso con base sobre todo en las Actas de las Cortes de Cádiz, la presentación de propuestas, los debates y las resoluciones referentes a la que se ha denominado “la cuestión americana” y, por supuesto a las diversas cuestiones de interés para peninsulares y americanos que cristalizaron luego en la Constitución de Cádiz.

Las discrepancias de los americanos con respecto a las posturas y postulados de los peninsulares, deben entenderse precisamente en función de la diversidad de los antecedentes y situaciones que prevalecían en el Nuevo Mundo. Hubo planteamientos como uno que formuló el ya mencionado Ramos Arizpe, diputado mexicano, que hizo ver la necesidad de reorganizar las administraciones territoriales y explicó con detalle lo que ocurría en las provincias norteñas donde para que sus habitantes pudieran ser atendidos tenían que realizar viajes a lugares en extremo distantes.[4] No debe olvidarse que, sobre todo en el reinado de los Borbones, su centralismo acentuó la idea de que los territorios de Ultramar constituían colonias sometidas a leyes que se les imponían desde Madrid. Estas podían exigir una gama enorme de impuestos, sobre todo en casos extraordinarios como para el mantenimiento de las fuerzas militares en las guerras.

Factores muy adversos para los americanos eran los ya referidos de la exclusión de que eran objeto para ocupar puestos importantes en el gobierno y la administración pública. Las grandes limitaciones en materia de cultivos agrícolas, explotación de minas y comercio sobre todo el exterior. También la existencia del Santo Oficio de la Inquisición que perseguía cualquier manifestación tenida como herética o considerada peligrosa, así como la privación de libertades como la de prensa.

Coincidencia de proposiciones, digna de mención, fue la del mexicano Miguel Guridi y Alcocer y el distinguido peninsular Agustín Argüelles e lo concerniente a la esclavitud. Esta, sostuvieron ambos, debía de ser abolida como incompatible con las ideas liberales y los postulados de la religión católica. Hubo, sin embargo, quienes se opusieron a tal propuesta, entre ellos los representantes de Cuba y Venezuela, argumentando que la mano de obra de los esclavos era indispensable para el desarrollo de la economía, en las minas y las labores agrícolas y ganaderas. Tras un reñido debate, la propuesta no pasó a ser una resolución. Y conviene recordar que esto que se discutió en agosto de 1813, había sido ya objeto de un decreto abolicionista expedido en México en 1810 por Miguel Hidalgo, el iniciador de la revolución de independencia.

Tratando de hacer una valoración de las principales consecuencias de la Constitución elaborada por las Cortés de Cádiz pueden enumerarse los siguientes puntos: 1) Básicamente se rompió con el Antiguo Régimen y se estableció un marco jurídico de principios liberales que suprimía postulados como el de que la soberanía residía en quien reinaba por la gracia de Dios. 2) Se establecían nuevos conceptos de nación, soberanía y ciudadanos. La soberanía la ejercía la nación, o sea el conjunto de ciudadanos, que elegían libremente a sus representantes. 3) El gobierno debía ejercerse a través de los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. 4) Aunque se reconocía como religión única al catolicismo, quedaba suprimida la Inquisición. 5) Se establecía un gran conjunto de libertades en ramos como los de la imprenta, el comercio, la industria, las comunicaciones y otras. 6) Quedaban reguladas la celebración y las facultades de las Cortes 7) Se reglamentaba la formulación de las leyes y su promulgación. 8) Se imponían restricciones a la autoridad del Rey. 9) Se enunciaban los derechos de que debían disfrutar todos los españoles, en particular los tocantes a la educación, los tribunales y la administración de justicia 10) Se puntualizó acerca de las obligaciones de los españoles en sus contribuciones y en el servicio en caso de guerra. Otro asunto, que merece muy especial mención, es el relativo al reconocimiento de ciudadanos con pleno derecho, no ya sólo a los españoles y criollos de Ultramar sino también a los indígenas. Esto, como lo ha señalado el historiador ecuatoriano Jaime E. Rodríguez,

En contraste con la monarquía británica que no reconocía a los indios como súbditos de la Corona y con los Estados que no les otorgó la ciudadanía sino hasta 1924.[5]

En lo que se legisló sobre todo esto tomaron parte muy activa los diputados americanos como consta en las Actas de las Cortes de Cádiz. Y, si varias de sus demandas no obtuvieron respuesta favorable, quedó al menos la conciencia de su planteamiento considerado justo y prudente. A pesar de que mucho de lo requerido no se logró, las Cortes y la Constitución de Cádiz no pueden tenerse como un fracaso. Lo que ocurrió más tarde y puso en entredicho lo alcanzado merecen breve recordación.

El regreso de Fernando VII

Al regresar de su exilio Fernando VII “el deseado”, abolió la Constitución de Cádiz y persiguió a quienes se tuvieron como a sus más radicales instigadores. En el caso del diputado mexicano Ramos Arizpe, fue acusado y puesto en una mazmorra durante cerca de veinte meses. Después estuvo recluido cuatro años en la Cartuja de Araceli, en Valencia y no recobró la libertad sino hasta el triunfo de los liberales en 1820 gracias al levantamiento al que siguió la puesta en vigor de la Constitución de Cádiz que hubo de jurar Fernando VII.

Al tenerse noticia de esto en distintos lugares de América no pocos se regocijaron, aunque también hubo otros a los que disgustó y preocupó este hecho. Las razones que tenían para adoptar tal actitud de rechazo a la vigencia de la Constitución fueron de dos géneros principales. Quienes luchaban por lograr la plena separación de España consideraron que, al reconocerse y proclamarse de nuevo la Constitución, podrían debilitarse los argumentos en que se sustentaba la justicia de su insurrección. Otros, en cambio, conservadores aferrados a preservar el Antiguo Régimen, vieron en la restauración constitucional un gran peligro que se cernía sobre las instituciones tradicionales y sus propios intereses.

La restauración de la Constitución de Cádiz en la Nueva España

En el caso de la Nueva España, al recibirse en Veracruz la noticia de la restauración constitucional, hubo grande alborozo. Al enterarse de esto el virrey Juan Ruiz de Apodaca, hondamente preocupado, vaciló en principio acerca de reconocer y jurar o no la Constitución pero al final, para evitar mayores males, lo hizo.

Ante estos acontecimientos un grupo de conservadores y absolutistas se reunió en la iglesia de la Profesa en la ciudad de México. Encabezaba el grupo el canónigo español Matías Monteagudo y en él participaron, entre otros, el doctor Tirado, ministro del Tribunal de la Inquisición y el presidente de la Audiencia Miguel Bataller. Como lo refiere el historiador mexicano Julio Zárate en el tomo tercero de México a través de los siglos, ese grupo había llegado originalmente en sus conciliábulos a la conclusión de que se opusieran y evitaran la proclamación en México de la Constitución. Pero, al jurarla el Virrey Ruiz de Apodaca, tuvieron que idear otro plan. Paradójicamente, el plan consistía en proclamar la independencia de México, estableciendo una monarquía con un infante de España, cuidando de no mencionar las instituciones constitucionales, pues que eludir su cumplimiento era el principal y casi único motivo que impulsaba a los absolutistas a dar ese paso desesperado.[6]

Para llevar a cabo dicho plan el canónigo Monteagudo se puso en contacto con el coronel realista Agustín de Iturbide a quien conocía desde tiempo atrás. Iturbide se había distinguido combatiendo a los insurgentes independentistas. El propio Monteagudo influyó luego para que el virrey Ruiz de Apodaca lo nombrara comandante del ejército del sur donde el caudillo Vicente Guerrero y otros mantenían la revolución independentista.

Iturbide propuso entonces a Guerrero que, juntos, buscaran la independencia de México. Reunidos en el pueblo de Acatempan y preparando luego el documento que se conoce como Plan de Iguala, proclamaron la Independencia. Pocos meses después, el 27 de septiembre de 1821. Iturbide hizo su entrada triunfal en la capital del país al frente del que ostentó el título de Ejército Trigarante.

Los acontecimientos se sucedieron rápidamente. Un nuevo virrey, Juan O’Donojú, había llegado a México dos meses antes. Conociendo que la mayor parte del país había reconocido ya la independencia de México de acuerdo con el Plan de Iguala proclamado por Iturbide y Guerrero, O’Donojú aceptó entonces suscribir con Iturbide los Tratados de Córdoba en la provincia de Veracruz, en los que se reconocía en definitiva la independencia del país. En dichos tratados se ofrecía la corona de México a un infante de España y, al no obtenerse respuesta favorable sino una dura reprensión a O’Donojú, se creó una regencia al frente de la cual quedó Iturbide. Al año siguiente, con el nombre de Agustín I fue éste proclamado emperador de México.

No corresponde recordar aquí el trágico desenlace que costó la vida a Iturbide. Sólo resta subrayar cómo, irónicamente, en México concluyó la sangrienta revolución que duró diez años y se logró la independencia debido en grande parte a quienes, como el canónigo Monteagudo, se oponían a la restauración de la Constitución liberal de Cádiz.

Una última apreciación

Conviene intentar una postrera consideración acerca de la Constitución de Cádiz. A pesar de que, como tal, sólo tuvo vigencia durante cinco años, ejerció ella enorme influencia en el desarrollo político y social de España e Hispanoamérica. En primer lugar, en virtud de ella, se vieron oscurecidos los postulados del Antiguo Régimen. La Constitución de Cádiz influyó asimismo en no pocas de las legislaciones hispanoamericanas. Con ella el mundo hispánico hizo su entrada en la modernidad y, aunque fue derogada por Fernando VII en 1823, su espíritu liberal no se borró.

Con todas las dificultades que supuso su elaboración por los diputados peninsulares y americanos que participaron en las Cortes extraordinarias, su redacción y su doble promulgación en 1812 y 1820, fueron renovados intentos de acercamiento entre quienes se consideraban aún españoles de ambos hemisferios. Ahora, a partir de la Cumbre Iberoamericana celebrada en Guadalajara de México en ocasión del Quinto Centenario del Encuentro de Dos Mundos, nuestros países se acercan en plan de una comunidad de naciones, para discutir cuestiones de interés común y poner en marcha acciones de interés para los pueblos de América hispana y de la península Ibérica. En este contexto la Constitución liberal de 1812 no sólo es un símbolo sino, en no pocos aspectos, una luz que permite contemplar ideales por los que bien vale la pena luchar. Por todo esto creo que es de grande interés recordar la historia de cómo Cádiz fue escenario del primer encuentro hispano-americano.

 


[1] Lucas Alamán recoge estas palabras en Historia de México desde los primeros movimientos que prepararon su independencia hasta la época presente, 5 v., México, Fondo de Cultura Económica, 1985, t. I, p. 336.

[2] Marie Lure Reu-Millan. Los diputados americanos en las Cortes de Cádiz, Madrid, 1990, p. 3.

[3] Manuel Chust, La cuestión nacional americana en las Cortes de Cádiz, Valencia, Centro Francisco Tomás y Valiente, 1999, p. 54.

[4] Véase: Maria Laure Rieu-Millan, op.cit., p. 257-258.

[5] Jaime O. Rodríguez, “La revolución gaditana: el papel de los diputados novohispanos en las Cortes de Cádiz” Memoria de las revoluciones de México, núm. 6, Invierno de 2009, p. 109.

[6] Julio Zárate, “La guerra de independencia”, t. III de México a través de los siglos, México, Ballesca y Compañía editores. S. f. p. 662

 


ISSN: 2174-0445



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