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LA POLÍTICA DE LOS DIPUTADOS HISPANOAMERICANOS Y FILIPINOS EN LAS SESIONES SECRETAS DE LAS CORTES DE CÁDIZ
 

D. Enrique P. García-Agulló y Orduña
Discurso de ingreso como Académico de Número

Acercándome a esta noble tribuna un número infinito de sensaciones han acudido a mi pensar en tropel y en inusitado vértigo acompañándome hasta el atril cual si de espíritus traviesos, unos, pero amables y afectuosos otros, quisieran ocupar por este instante mi ánimo antes de enfrentarme a estas palabras de ingreso en este noble Instituto.

Si se pudieran traducir estos sentimientos tendríamos en su catálogo la gratitud, la trascendencia, la importancia, los recuerdos y la responsabilidad.

Y el calendario.

Porque, al haberse superado sus primer siglo de existencia, en este nuevo año del siguiente, la Real Academia Hispanoamericana me ha abierto sus puertas para poder compartir en su seno el saber de Cádiz y de los gaditanos.

Pero de entre todos ellos, dos son los que me hacen expresar mis primeras palabras en este acto.

Uno, el de mi gratitud a la Academia por haberme querido recibir en su seno, mi reconocimiento a los señores Académicos que me propusieron como compañero en sus trabajos y a la Junta que me ha otorgado este honor de poder compartir con mis doctos colegas el saber de lo antiguo, el conocimiento de lo actual y la inquietud hacia lo nuevo. Pero junto al agradecimiento, mi profunda humildad con la que ante ustedes me presento siendo consciente de mi bagaje y conocedor de las altas virtudes de quienes hoy me ofrecen compañía en las tareas académicas porque sé lo que ellos valen y lo que pueda valer yo.

Ya se sabe que en todos los órdenes hay jerarquías y en todas las jerarquías costumbres y reglas para su organización. Así de los seminaristas nacen los Sumos Pontífices o de los alumnos los más sabios catedráticos. De los cadetes los generales o de los aprendices los buenos maestros de los oficios.

Con ello no es imposible considerar que de los nuevos recipiendarios se dé algún día, por qué no, al adecuado académico que esta Casa acoge en su seno.

Sucedo en la responsabilidad académica al Excmo. Sr. D. Alberto Orte Lledó, Almirante de la Armada, claro hombre de ciencia y humanidades, de quien me gustaría poder evocar ante ustedes su trayectoria en la sociedad y en este noble Instituto

El Excmo. Sr. Académico D. Alberto Orte Lledó, digno sucesor de aquellos ilustrados marinos que tanto lustre y ciencia dieron al Cádiz preconstitucional, dedicó su vida, pues, a la Marina española y a la Ciencia.

Prácticamente toda su carrera, además de su servicio a flote desempeñando distintos destinos de mar como Oficial,  la desarrolló en esa noble Institución que viera su luz primera en Cádiz a mitad del Siglo XVIII, muy cerca de nuestro Ayuntamiento, en lo que fuera Castillo de la Villa y Escuela de Guardias Marinas hasta que, a finales del mismo, fuera trasladada a la Real Isla de León, el “Real Instituto y Observatorio de la Armada”, junto con eminentes marinos y científicos hasta su nombramiento de Director y su ascenso al Almirantazgo.

Compartió su saber como docente con las nuevas promociones de la Armada a las que iría ilustrando en sus conocimientos de Ciencias Físico-Matemáticas o de Astronomía y Geofísica y, de manera más que significativa, en la medida del tiempo por cuya dedicación fue reconocido internacionalmente llevando, por sus tareas, a que el propio Observatorio de la Armada obtuviera la responsabilidad, entre otros Institutos de notable solvencia científica, en el común empeño del estudio internacional de la Hora.

Fue miembro de prestigiosas Instituciones científicas internacionales de entre las que conviene citar para perpetuar mejor su memoria, como no hace mucho recordaba nuestra Directora, su pertenencia al Comité Consultivo de la Definición del Segundo en el Buró Internacional de Pesas y Medidas, la Unión Astronómica Internacional que llegara a presidir o su adscripción al Buró Internacional de la Hora.

El Almirante Orte Lledó, Académico correspondiente de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, además de haber pertenecido con gloria y honor a esta Real Academia, fue igualmente miembro de la de San Fernando que presidió ejemplarmente siendo distinguido, entre otras condecoraciones, con la medalla de Oro del Instituto de Academias de Andalucía.

Descanse en paz, su nombre y su trayectoria como Académico me obligan aún más a cuidar con el esmero y el esfuerzo que la Academia espera de mí, este sillón Z en el que le sucedo y que ahora se me ha encomendado desde el que espero poder ocuparme Sra. Directora e Ilustres Académicos, con el mismo ahínco y la misma entrega que a él le ocupara.

Sean por ello estas palabras emoción compartida con su familia y con el cuerpo académico por quien fue entre los hombres claro, sagaz y estudioso intelectual y de quien guardaremos  con orgullo su historia y su legado.

Antes de entrar en la cuestión, permítanme también que, en este acto, en el que tengo la suerte de verme acompañado, además de por todos ustedes, por mi esposa, mis hijos y nietos, mis hermanos y familiares, mis compadres en el Bautismo y en la amistad, hacer una mención especial de quienes me dieron el ser,  mis padres, a los que si bien el buen Dios les dio larga vida, difícil le hubiere sido a la naturaleza estirarla hasta esta tarde de hoy sin quebrar las más elementales reglas de su existir.

De mi madre, maestra por formación, su afán en que me acercara al y al saber y al conocimiento de cosas e ideas sin desprenderme del seguimiento de la virtud así como de la fe que me enseñó y, de mi padre, de la misma comunión, ingeniero y docente, su acción decidida y su actitud positiva por la profesión amén de que me trasladara, por el vínculo familiar, la sangre de sus antepasados de la familia del Toro, ilustre linaje en el que naciera nuestro primer Director D. Cayetano del Toro pues no en balde, fuera mi padre nieto de Dª Rosario del Toro Quartelliers y, por ende, bisnieto de aquel buen y emprendedor alcalde de Cádiz D. José del Toro  y Carpio.

 

Llegado a este momento me gustaría presentarles a todos ustedes mi conclusión final a la que, después de estos meses de trabajo, de lecturas y de toma de notas, con el debido respeto, me voy a atrever a proponerles sobre la actuación de los Diputados hispanoamericanos en las sesiones secretas de aquellas magníficas Cortes Generales y Extraordinarias que en 1812, en esta ciudad nuestra, proclamaran la primera Constitución para España, la Constitución Política de la Monarquía Española.

Unas sesiones secretas que, muy pronto, serían denunciadas por el propio Argüelles al advertir el día 6 de noviembre de 1810 de la inconveniencia de abusar de esta herramienta, precisamente, en un día que pudo ser aciago para la historia de este enclave gaditano de libertad ya que el Diputado Lladós propuso por primera vez la posibilidad de que las recientes Cortes convocadas abandonaran la Real Isla de León y, con ello,  Cádiz,  mudándose a un nuevo y distinto emplazamiento lo que, por fortuna para nuestra historia, no logró ganar las voluntades de los Sres. Diputados.

Y la conclusión que me atrevo a proponerles no es otra que mi consideración de la falta de naturaleza secreta tal como pudiéramos dar en la actualidad a la noticia de las discusiones en una cámara parlamentaria o en un tribunal.

Fueron discusiones que, posiblemente, para mayor comodidad de quienes en las mismas intervinieron, se evitó debatirlas en público y llevadas al seno de la tranquilidad de quienes en las mismas participaron, pero que, a guisa de ejemplo y como se verá meses más tarde, ya en julio de 1811, todavía se cuestionaba esta reserva al recoger las Actas recogen la intervención del Diputado García Herreros interesándose por la posibilidad de sacar fuera del recinto parlamentario las notas sobre lo que en las mismas se trataba recibiendo respuesta afirmativa siempre “que se mantuviese ese sentido de reserva y secreto”.

Para mí ha sido una sorpresa, una muy grata sorpresa, que aquellos Padres de la Patria no usaran del secretismo de estas sesiones para cuestiones de, cuando menos, dudosa o delicada concepción sino que, por lo que a mí me ha parecido deducir, para la tranquilidad, como decía,  de quienes en las mismas participaban y poder con ello alcanzar la serenidad del trato de las cuestiones que en las mismas se trataron a fin de poder expresar en aquellos momentos iniciales de su conocimiento sus primeras impresiones.

La lectura de todas estas actas que, hasta el definitivo traslado a Madrid de las Cortes, si no he sido mal contador suman la cantidad de ochocientas once, me hacen en primer lugar poner en su interés la necesidad de admitir antes que cualquier otra consideración el árido lenguaje en el que se desarrollan tan distinto y distante del florido decir que recogen las de las sesiones ordinarias.
¿Qué pensamientos, qué conductas políticas trataron los Diputados hispanoamericanos en el seno de estas sesiones reservadas, algo que no podían conocer los testigos del momento, algo que no convenía que produjese en la calle un debate paralelo? Lo que fue no pasa en estas actas de las sesiones secretas de ser un apunte del tema, a veces un somero esbozo, pero fueron los pilares de una tierra nueva independiente.

Las actas de estas sesiones secretas son documentos redactados en esa expresión árida que suelen las mismas tomar como resumen de lo tratado que no pretende entrar en más detalles que no sea el de la enunciación de los temas. De apariencia seca, fría, carente generalmente de emotividad aunque, como en todas las reglas de la vida, excepcionalmente se encuentren algunas y, curiosamente según el tiempo avanza y la comodidad de los asuntos a tratar exijan tal vez menos reservas y mayor afán de precisión alcanzando ya en los últimos tiempos el cenit de su solemnidad o su emoción.
Pero rara es la ocasión en la que, a lo largo de estos documentos se conocen descripciones completas de aquellas magníficas piezas oratorias que tan nobles e ilustres tribunos eran capaces de instrumentar y, cuando el caso se da, alcanzan dentro de su conjunto tanta importancia que, sin duda, refieren algún principio sometido a votación de los que exigen precisión en lo acordado y, de su lectura, encuentra uno tan simpática advertencia como la que se recoge en la de la sesión de 10 de febrero de 1811 aconsejando a los señores Diputados sean parcos y concretos en sus intervenciones dirigidas a “dar energía a los ejércitos o a la administración pública cuidando de economizar lo que no sea muy ceñidos al intento y terminantes al fin propuesto…eligiendo entre todos el medio que se crea más conveniente”, que no fue todo flor y loor de atril.

Dicho esto, y en la confianza de que sea admitida por ustedes la carencia de adorno que les sugiero por todos estos documentos que a lo largo de los años 1810, 1811, 1812 y 1813 recogen los debates de aquel Augusto Congreso y partiendo, pues, de tal premisa, hora ha de ser en la que nos metamos a reflexionar  en aquellos debates reservados que, sin más pretensión y mayor ánimo que el de someter humildemente a su consideración, propone este incipiente Académico.

Dos grandes cuestiones, a los efectos que nos ocupan, me gustaría poder señalarles como las principales convocatorias en las que intervinieron aquellos Diputados en sus secretas sesiones, amén del constante conocimiento sobre los demás temas nacionales y, particularmente, sobre la Guerra que se estaba librando en nuestra patria desde 1808, entre otros asuntos.

De un lado, América y los nuevos Diputados que, por primera vez, resultaron elegidos en aquellos reinos así como de su discutida representatividad territorial frente a la europea, a lo que añadiré las discusiones sobre la libertad de comercio que para sus puertos se pretendía y, de otro, la Constitución, aspectos de la política de estas sesiones secretas donde intervinieron con mayor fruición hispanoamericanos y filipinos, que serán en los que más pediré su atención como les propongo en el lema de esta mi intervención, ya que los mismos me han resultado ser los de mayor contenido político en la transformación que España iba a conocer a raíz del cambio desde el absolutismo hacia la modernidad de una sociedad democrática y por ello más responsable.

Parecerá que no existen por mi abandono en el tratamiento otros asuntos de natural relevancia tratados también en estas sesiones secretas como a los que a la Guerra se refirieron, los de la pura construcción del nuevo estado, sus estructuras, sus nombramientos, su labor legislativa ordinaria o los primeros escarceos diplomáticos de las nuevas alianzas internacionales y de los que no niego su importante naturaleza política, sino porque el asunto que en esta sesión traigo a su interés se refiere al camino que fueron perfilando, a mi entender, muchos de aquellos próceres en el introito a las independencias de los países que hoy conforman la Comunidad Iberoamericana de Naciones.

1.  Situación histórica

España se hallaba en guerra y la Familia real, ausente en Francia. El Emperador de los franceses, en su afán de dominar Europa, había invadido la Península Ibérica con sus aguerridas tropas hasta entonces invencible, la Gran Armada.

El 2 de mayo en Madrid el pueblo se alzó en armas frente al invasor y pronto se constituyó la primera Junta que habría de erigirse en gobierno provisional y regencia.

Y es en este panorama desgarrador y de convulsión cuando, precisamente, España dio el gran paso hacia su futuro convocando Cortes generales y extraordinarias que, por primera vez, llamaría a participar en su seno a los españoles que del otro hemisferio y justo es decir de aquellos generosos personajes llegados a tan Augusto Congreso, al principio elegidos  en la península como suplentes de quienes deberían ostentar la representación de aquellas provincias de Ultramar y luego, coincidiendo suplentes con titulares, fueron llegando a este enclave gaditano. Son los Diputados de la Real Isla de León y Cádiz, los que desde el primero de los momentos dan el paso adelante para reformar España en estas sesiones secretas como en las abiertas, acordando construir ese nuevo Estado y una  Constitución como primera ley que habría de regir su territorio en el trágico instante en el que la patria se hallaba hollada por la fuerza del invasor y, desde su principio, una constante preocupación, el conocimiento de dicha contienda y las actuaciones precisas para la protección de la patria, de sus individuos, sus bienes y sus valores nacionales.

Prácticamente todas estas sesiones secretas comenzaban, tras la lectura que del acta de la anterior se llevase a cabo, con la información de los destacamentos que defendían este enclave gaditano, sede del Parlamento y del Gobierno español, con especial hincapié en las fuerzas sutiles de la Marina que, como tantas otras veces ha venido pasando lamentablemente en nuestra larga historia tuvieron que enfrentarse a sus labores de protección o ataque carentes de los medios adecuados en sus unidades y dotaciones o abandonados por las largas esperas a poder alcanzar las exiguas pagas que desde el gobierno se les remitiera.

En el seno de las sesiones secretas se conocieron y debatieron muchos asuntos y de notoria gravedad e importancia a propósito de la guerra en que España se había visto abocada a pelear con las tropas de Napoleón, desde el nombramiento de Lord Wellington, luego Duque de Ciudad Rodrigo y Grande de España como General en Jefe de todos los ejércitos españoles, como sus penurias o momentos de gloria, sus fracasos o sus triunfos y a los peligros que a España en Cádiz atenazaban.

Precisamente a este tenor, bien vale que calibremos nosotros lo que se conoció en estas sesiones respecto al interés que este enclave suscitaba en Napoleón por lo que de esencial significaba para diseñar en su tranquilidad el mapa de su Imperio ya que a finales de 1810, los Diputados conocen en sesión secreta una copia de una carta interceptada que dirige el Emperador a Soultz instándole el expreso mandato de que tomara la Isla “como fuere” y es que, aquí, entre el Caño Zuazo y la Caleta, se ha de tener en cuenta la importancia del hecho histórico trascendental de la creación de la nueva nación española, la alianza de España con Inglaterra o la reunión de las Cortes sin el Rey al no reconocer otro que a su señor D. Fernando VII, que no a su hermano José, el Rey intruso.

Y a guisa de ejemplo que en algo pueda instruir lo que les manifiesto sirva traer a colación uno de los Diputados por el que he sentido mayor aprecio, el puertorriqueño Ramón Power Giralt que, haciendo abstracción en este momento del magnífico instituto que a principios de las Cortes hiciera aprobar como instrumento de entendimiento y pacífica convivencia entre ambos hemisferios, jugó un importante papel en estos asuntos formando parte desde muy pronto de la Comisión de Guerra y de Marina por la que se le encomendara negocios de tan vital importancia como las negociaciones para la adquisición de caballos o de grano en los vecinos reinos magrebíes tan necesarios para nuestros ejércitos, la organización de las fuerzas sutiles o preocupándose de que las levas en la Marina se hiciesen más profesionalizadas, con gente de mar.

En este papel de organización, a lo que se ve, actuó Power de modo muy respetuoso con los intereses de la nación y con su indiscutible profesionalidad de oficial de la Armada se le encomendó igualmente proveyera lo necesario para la defensa de Cádiz y de La Isla haciendo prosperar su proposición de aumentar las fuerzas sutiles, convirtiéndose   para mí en uno de mis Diputados favoritos por haberse ocupado de la seguridad de los gaditanos de entonces y porque, como se desprende de las crónicas de la época, gozó de gran afecto y simpatía entre los demás Diputados dadas sus especiales dotes personales y nada independentistas.

Al igual que Mexía Lequerica, constante protagonista en numerosos debates tanto en las sesiones abiertas como en las secretas, y de quien veremos a lo largo de estas actas que desde los primeros momentos también se involucró en estas cuestiones de la Guerra al interesarse desde el principio en la organización de nuestros ejércitos pidiendo la  adscripción a los destinos de guerra a tantos Generales y Oficiales que por aquellos días parecían pulular vacantes por la ciudad o en muchos otros aspectos que merecerían sin duda la natural atención de algún erudito investigador de lo militar.

Cádiz no era más grande que su actual casco histórico y en el interior de su recinto convivirían durante estos años, además de sus vecinos, el Consejo de Regencia y sus Organismos de apoyo, las legaciones extranjeras acreditadas ante el verdadero Reino de España, las tropas llegadas desde todos los confines o desde nuestros países aliados y estos Diputados hispanoamericanos que se unieron a quienes habían sido ya elegidos para asistir a estas Cortes prácticamente en todos los territorios de la península y en sus Islas adyacentes, los prisioneros en tierra o en mar, y a quienes habrían de sumarse sin duda una serie de personajes necesarios por sus funciones que comprenderían desde los individuos que se dedicaban al servicio de todos los demás, ministres o profesionales de toda función y carrera y el clero desde Cardenal a lego.
Si uno piensa con ojos de hoy todo lo necesario de la organización de intendencia que tendría que preparar la ciudad para atender toda esta población, proveer a su alimentación o a su salud y, al mismo tiempo, preparar la defensa del sitio al que se le sometió, aquella  aventura de la libertad aumenta aún más en admiración porque pudiera llevarse a cabo en una ciudad tan reducida y tan frágil en la que ya, a finales de octubre, como se desprende del acta de la sesión secreta de primero de noviembre de 1810 las Cortes conocen del fallecimiento del primero de los Diputados, Sanz, que se llevó la peste negra.

Y hasta aquí vinieron desde allende los mares nuestros queridos protagonistas de la intervención de esta tarde. Unos hombres generosos y conscientes del papel para el que la Historia les había convocado y que durante tres largos años sufrieron de penuria y abandono apartados de sus distantes hogares y de sus añoradas familias, que sufrieron penalidades sin cuenta, que muchos de ellos tuvieron que pasar por un continuo rosario de litigios originados por la escasez y las necesidades de su supervivencia, recordándose en todos estos documentos las distintas controversias por las que tuvieron que pasar al no recibir jamás en su momento ni dietas ni mesada, por no poder atender ni tan siquiera los pagos de su habitación ni procurar la atención de quienes de su sangre o a su servicio les habían acompañado desde tan lejanas tierras, merecedores todos de que queden en la memoria nacional para comprender mejor las grandezas y las miserias de aquellos días y de aquellos hombres, en definitiva, las cosas que les afectaban en su cotidiano vivir.

Y esto es más que continua referencia en las actas de las sesiones que tratamos siendo, quizás, lo que constantemente más queda en las mismas reflejado, la cuestión de sus remuneraciones que nunca les llegaban alcanzando retrasos superiores al año que, créanme, hacen de la lectura de todas ellas un creciente desasosiego al conocer cómo tuvieron que vivir y cuán alta fue su grandeza y crecer el aprecio a tener por los Padres Doceañistas.

Las actas de las sesiones secretas, desde el inicio de las mismas hasta su salida para Madrid a finales de noviembre de 1813, aún las postreras hasta el final de estas Cortes generales y extraordinarias, están plagadas de cuestiones que tendrían que haberse considerado secundarias si no definieran con severa exactitud las penurias que estos generosos Diputados y quienes de ellos dependían pasaron mientras construían para España este imponente templo de las libertades cívicas..

Hay que ponerse en su lugar. Separados por la extrema distancia que les alejaba de sus hogares, singularmente aquéllos que a Cádiz llegaron desde el otro hemisferio, fueron convirtiéndose cada vez más en permanentes deudores de sus más elementales obligaciones, desde los gastos que tuvieran que haber acometido con motivo de su desplazamiento pasando por los de arrendamiento de su habitación, aprovisionamiento para su natural manutención, vestuario, médicos o botica, estudios para sus hijos, qué sé yo, todo lo que a principios del siglo XIX  podían enfrentarse al diario convivir, sin querer mencionar ni tan siquiera aquellos otros gastos inherentes a su cargo de los que difícilmente podían apartarse.

Es clarificadora, entre otras, y a estos efectos, la sesión de 13 de noviembre de 1811 en la que se acuerda que no se pague a ningún Diputado… ¡¡la mesada de abril!!  “hasta que se iguale a todos los que no hayan cobrado las anteriores y queden igualados y en lo sucesivo todos cobren al mismo tiempo sin preferencia alguna”

Nombres como los de Dª Rosa Lamy, Dª Josefa Herbás o Dª María y Dª Joaquina Alvarado, entre otros propietarios,  apareciendo una y otra vez a lo largo de estas 800 actas, sufridoras arrendadoras que no lograban obtener de sus Diputados deudores las rentas debidas por el uso de la habitación arrendada y ya desde el principio, cuando las Cortes estaban reunidas en la Real Isla de León, se conoce el primer litigio por la vivienda que enfrentaría a los Diputados americanos López de Lisperguer y Rodrigo, como más tarde se reiteran los de otros Diputados como Gómez Fernández, Francisco González o Zuazo, que a título de ejemplo cito, como frecuentemente citados en las mismas por estas cuestiones.

¿Quiere decir esto que los Diputados podrían considerarse cual deudores compulsivos? No creo yo que fuera así sino más bien el resultado de una organización administrativa incapaz de enfrentarse a sus naturales obligaciones por sus propias circunstancias estructurales o las sobrevenidas por la anómala situación en la que España vivía en guerra contra el mayor ejército del mundo y es que las actas de estas sesiones secretas se ven continuamente salpicadas de estas circunstancias como de tantos otros litigios por cuestiones personales o por supuestos atentados contra su honor dada la incisiva actividad de la prensa que por fin había conocido la libertad de su ejercicio a raíz del decreto de noviembre de 1810.

Y es que estas Cortes generales y extraordinarias, en sus sesiones secretas, no sólo se ocuparon de los grandes temas políticas que de seguido les voy a intentar referir, sino que se vieron obligadas a entender de todas estos litigios domésticos más grandes o más pequeños pero tan importantes para sus vidas, honor y hacienda  que giraron sobre sus vidas de constructores de la libertad.

2. La cuestión americana

Todo empezó en la Real Isla de León el 24 de septiembre de 1810 y, al día siguiente, se extendió la primera de las actas que recogía o tratado en la  primera sesión secreta en la que se debatiera la petición de renuncia a formar parte de aquel Augusto Congreso de Su Ilustrísima Reverendísima el Obispo de Orense así como del juramento al que habrían de prestarse los Diputados de no revelar parte alguna de estas sesiones secretas. Era de aquellas Cortes Presidente el catalán  Lázaro Dou y, tan pronto como en la que se celebrara el siguiente 3 de octubre, se acordó ya que fueren secretas las sesiones que hubieren de tratar sobre “los dominios de Ultramar integrantes de la nación española con igualdad de derechos y otras declaraciones”

Antes de entrar en el fondo de la cuestión les pido permiso para una pequeña licencia que no se refiere para nada a la cuestión americana pero que me pareció, por la curiosidad de su contenido y lo temprano que se da en estas sesiones secretas, sería de agrado participarla con ustedes pidiendo, eso sí,  disculpas a quien ya la conociera por entretener en demasía su atención pero que al menos en lo que a la historia de nuestra ciudad se refiere no está de más repetir una vez lo propuesto en sesión secreta de un temprano 6 de octubre de 1810, prácticamente a las dos semanas de la apertura de aquellas Cortes, por el Diputado Oliveros sobre  trasladar las Cortes a Cádiz señalando precisamente la casa de San Felipe de Neri para sesiones y oficinas, acordándose que así se haría, con lo que bien puede asumirse que esta ciudad nuestra estuviera ya en el sentir de los Diputados desde los primeros momentos para que llegara a ser deseada sede parlamentaria sin que esto disminuya nada en absoluto el protagonismo que en toda esta circunstancia se de le deba a nuestra querida y vecina ciudad de San Fernando que, junto a la nuestra, conforman sin duda el enclave gaditano donde nació para España la Libertad.
           
Desde sus primeras sesiones la voz americana se alza impetuosamente como correspondería al brío y la necesidad de hacerse ver de los hijos de nuestra más jóvenes posesiones, los territorios de Ultramar y, de entre ellos, el tribuno criollo que, sin lugar a dudas, más tiempo interviniera en estas sesiones, fue el quiteño Mexía Lequerica quien, con otros americanos, bien pronto pidieron tratar acerca “de las declaraciones lisonjeras y justas que convenía hacer a favor de los dominios de Ultramar”, pretensión que, en la sagacidad de los que se saben sabios por experiencias vividas, acordaron en la jornada del 9 de octubre que fueren tratadas estas materias en sesiones secretas y extraordinarias comenzando así un continuo juego de presiones y defensas por parte de americanos y metropolitanos para tratar de encauzar esta incipiente cuestión enojosa de la mejor y más prudente manera posible.

Quizás sea éste el primer ejercicio de consenso político de la España moderna donde, sin renunciar a lo pretendido, la prudencia de los ritmos se hace presente para poder encarrilar temas que, sin en inicio pudieren sentirse espinosos no tuviera tal fuerza la púa que no pudiera aliviarse el roce de pasar entre ellas para llegar a recoger el fruto.

Muy pronto, pues, se expondrán en la palestra los temas americanos y, desde esos momentos iniciales, curiosamente, los escribanos de actas, dan también a unos y a otros Diputados las identificaciones por territorio  denominándoles así europeos y americanos que, a primera vista, poco parece hoy podría avalar una actitud inicial de entendimiento con ese  corte continental para los hijos de una misma España que habían sido llamados a reunirse en Cádiz pero que, sin embargo, quizás por esa especial generosidad que ha de reconocerse como la primera virtud de aquellos nobles patricios y permitiéndoles a todos, en el común y ansiado espacio parlamentario, comprenderse y admitirse como iguales.

Dice el acta de la sesión secreta del 10 de octubre que “la discusión fue larga y vivaz por estimar los americanos justas sus pretensiones” y tuvo que ser aquella una sesión trascendental. Los Diputados americanos pusieron sobre la mesa a los europeos que, para discutir la cuestión americana, sería más que oportuno esperar a que fueran incorporándose a estas Cortes quienes habían sido para ellas elegidos en aquellos dominios porque las mismas se habían constituido con algunos Diputados titulares y muchos suplentes.
Reclamaron que estas mismas Cortes declarasen que los dominios de Ultramar formaban parte integrante de la Monarquía española y, por ende, debían ser todos sus habitantes iguales en derechos a los de la Madre Patria anunciando que venían a plantear otros asuntos entre los que debemos destacar la necesidad de adecuar la representación conforme a los nuevos territorios y su proporción con los de la vieja España y de discutir la sobre el comercio en sus puertos que dejaba vislumbrar ya sus íntimos deseos de liberalización del mismo, no si que dichas Cortes aprobasen “un general olvido sobre las conmociones manifestadas en algunos puntos de América”, que, con mejor castellano, poco más podría decirse de su petición de amnistía ante los primeros movimientos insurgentes.

Los europeos alegaron prudencia y, curiosamente, inquietud ante lo desconocido o lo poco corriente que llevó a los representantes de ambos hemisferios a singulares discusiones sobre la idoneidad o no de considerar iguales para esa representación  alegada a las diferentes castas y gentes de color que habitaban en la joven América.

Como muchas otras veces pasaría con la templanza jurídica de D. Evaristo Pérez de Castro, entonces Diputado Secretario, la cuestión, acordado que fuese que América era parte integrante de la Monarquía española, pasó hacia futuras sesiones obviándose así de primera mano las difíciles discusiones sobre la representación o la igualdad o no de las mal llamadas castas que, en las sesiones secretas no ponen como punto a debatir los europeos sino que desde el principio fue motivo de interés por excluirlo  de algunos diputados americanos, entre quienes recuerdo al peruano Morales advirtiendo en aquellas Cortes de los inconvenientes que habrían de presentarse por ese reconocimiento de igualdad de dichas castas.

Pero llegará la sesión del día 14 de octubre de 1810 y con ella la trascendental intervención del Diputado puertorriqueño Ramón Power y Giralt, a la sazón Vicepresidente del Congreso y único Diputado americano titular presente en el mismo, para la que les ruego me permitan leer su contenido tal y como lo recoge el Acta de aquella sesión secreta:

Las Cortes Generales y extraordinarias conforman y sancionan el inconcuso (sic) concepto de que los dominios españoles en ambos emisferios (sic) forman una misma y sola Monarquía, una misma y sola Nación y una sola familia, y que por lo mismo, los naturales que sean originarios de dichos dominios europeos o ultramarinos, son iguales en derechos a los de esta Península, quedando a cargo de las Cortes tratar con oportunidad y con un particular interés de todo cuanto pueda contribuir a la felicidad de los de Ultramar, como también sobre el número y forma que deba tener para lo sucesivo la representación nacional en ambos emisferios (sic)”.

“Ordenan asimismo las Cortes que desde el momento en que los países de Ultramar donde se hayan manifestado conmociones, hagan el debido reconocimiento a la legítima autoridad soberana que se haya establecido en la madre Patria, haya un general olvido de cuanto hubiese ocurrido indebidamente en ellas, dejando, sin embargo, a salvo el derecho de terceros”.

¿Por qué les he querido leer la transcripción exacta de lo que se dice en el Acta?  Por tres razones:

La primera porque es una de las pocas transcripciones literales que se hace en todos estos documentos distinguiéndose así de la escritura casi críptica y escondida que tienen en su conjunto todas ellas ya que, en muy pocas ocasiones, en poquísimas, vamos, se quiere dejar en las mismas firmeza tan clara y rotunda de lo que se pretende acordar.

La segunda porque en su redacción encuentro, en tan tempranos momentos de aquellos incipientes debates parlamentarios  llenos de ternura por la juventud de la expresión de sus ideas o por la franqueza de sus ilusiones, un completo tratado de consenso político en el que se deslizan conceptos tan firmes, de tan profundos cimientos, tan generosos de inicio, como la extensión de consideración de la Monarquía española a todos los confines de Ultramar y, en consecuencia, la declaración inicial de igualdad de derechos con los que la historia había reservado tradicionalmente en la Península y archipiélagos adyacentes, todos ya españoles reunidos en un mismo afán.

Y por la amnistía general en esa preciosa denominación de “general olvido” ante las conmociones surgidas en tierras americanas, y para las que, finalmente, no les hurto la complacencia lingüística de oír llamar así a lo que prontamente, en lenguaje más directo o periodístico empezarían a llamarse insurrecciones, eso sí, con la salvaguardia de los derechos de terceros que por las mismas se hubieren visto lesionados.

Finalmente, porque no debemos olvidar lo que fue más importante en aquel singular escenario, todo se hizo frente al cañón del invasor que con su espuria realeza tenía cautiva a España.

Curso adecuado que pudo favorecer el encauzamiento hábil para conducir en sus mansas aguas las primeras dificultades por un pacífico canal de comprensiones y entendimientos entre las primeras reclamaciones impetuosas o turbulentas de la joven América y la reserva cautelosa de la vieja España  y que, sin duda, unido al esfuerzo de Pérez de Castro hicieron de este decreto propuesto por Power magnífico colofón de mutuo respeto y común deseo de encontrar una senda compartida para españoles y americanos en la búsqueda de la felicidad social que se perseguía y en la igualdad de derechos que tanto se ansiaba para todos aunque no resolvieran, por lo que hace un momento les recordaba, que entre todos ellos no obtuvieran la misma condición de iguales los esclavos.

Y éste es un momento triste y oscuro en el proceso constitucional, ciertamente, y sin solución en tan trascendentales momentos porque, para tomar el común camino que anhelaban americanos y comprendían europeos se salvó en aquel decreto considerando iguales “a los naturales que sean originarios de aquellas tierras”, que no a los esclavos que provenían de tierras ajenas al Nuevo Continente, del África negra, “salvando la situación” por decirlo de manera eufemística, con un vicio político muy español, pasarlo para tratarlo más adelante y nombrar una Comisión para que entendiera de ello.

Este asunto de la esclavitud, terrible e inhumana práctica del comercio de hombres, se convirtió en un difícil escollo a superar por los Diputados y tan lamentable asunto por el que no se quiso incidir. Clarificadora es la comunicación que las Cortes conocen en la sesión secreta de 7 de julio de 1811 en la que se procedió a dar lectura a los señores Diputados de la representación que había remitido el Marqués de Someruelos, a la sazón Gobernador de Cuba con residencia en La Habana, en la que hacía presente los desagradables efectos que había causado en aquella isla la sesión del 2 de abril anterior en la que se propuso la abolición de la esclavitud solicitando se tratara este tema en secreto, lo que se pasó a la comisión especial que entendía del comercio de los negros.
                                                                                                         
Lamentando que la Constitución de la Libertad no resolviera este asunto y que ha de quedar en su devenir como una herida abierta, oportuno es resaltar este decreto de Power apoyado en la solución que días antes ofreciera Pérez de Castro porque con ambas proposiciones se fijó la base de la convivencia entre las ideas en unas Cortes en las que convivían liberales y serviles, afrancesados, ilustrados o tradicionalistas, clérigos y laicos, civiles y militares.

O europeos y americanos, que así se siguieron llamando según origen durante esos largos meses que durara tan magna tarea legislativa.

Un país sin Rey o, cuando  menos, si no mucho peor, un país con un Rey intruso y su Rey natural, ausente por no decir huido. Un Trono rodeado de intrigas, motines y abdicaciones que no ofrecía seguridad alguna ni a propios ni a extraños.

Un país en guerra que tuvo como gobierno una Junta Suprema errante como consecuencia del avance de las tropas enemigas hasta que, por fortuna, en este enclave gaditano encontró feraz suelo donde la semilla liberadora de la Constitución de la Monarquía española, bien abonada con los nuevos nutrientes americanos, pudo germinar y hacer brotar una incipiente Nación que arrastraba siglos de historia de reinos que entre sí se disputaban coronas y dominios y que hasta el mismo presente se  veía gobernada en principio por un vetusto Consejo de Regencia. 

Pero aquellos momentos en los que la idea de la Madre Patria se había enarbolado por todos desde aquel bendito día 14 de octubre, hizo aflorar del hondón de tan nobles españoles sus mejores virtudes, las que circulaban por sus venas desde los primeros pueblos ibéricos, las de los siglos romanos y las de los nobles godos, forja de unidad frente al otrora invasor musulmán. Las de aquel  pueblo leonés, galaico o castellano, astur o vasco, catalán o aragonés, y levantino y balear, o de la vieja marca extremeña y de la ancha Andalucía que, por Canarias, llegó al Nuevo Mundo y cruzó su sangre con sus pobladores. Las que amalgamaron su nobleza en el más recio metal de la raza hispana.

Aquellos Diputados fueron su feliz consecuencia, venidos de aquí y de allí, con sus ideas y prejuicios, aquellos Diputados que bien merecen llevar junto a su nombre el permanente recuerdo de Padres de la Patria fueron los que, en octubre de 1810, haciendo paréntesis de sus personales intereses, se reunieron para hacer nacer esta nueva España que soñó y quiso ser hispanoamericana.

Pero los americanos no cejaron por ello en sus pretensiones aunque acomodaron al interés común del mutuo entendimiento sus exigencias y ello se trasluce al poder constatarse en estas Actas el conocimiento y la vocación de trabajar en tareas parlamentarias, legislativas o de control, que demostraron por igual Diputados americanos o europeos, lo que también es digno de destacar porque se estaba creando Nación y desde muy temprano manifestando su afán de alcanzar y consolidar posiciones desde la primera renovación que se hace del Consejo de Regencia.

Pidiendo formar parte del mismo, generaron severas discusiones entre las que no me resisto de darles parte por lo que de curioso tienen las protagonizadas en encendidos momentos por Mexía o por Argüelles y de las que traigo a su interés una que se refiere al concepto de democracia cuando propone el primero como Presidente del Consejo al Cardenal Borbón y alcanza por ello el singular aunque al mismo tiempo contradictorio apoyo del Diputado Ros quien manifestara seguir al ecuatoriano en su propuesta porque con ello “se evitarían esas hablillas de que estas Cortes propendían a la democracia”,  provocando ante ello la dura e incompresible contestación del Divino en un enérgico discurso en el que afirmó…, “que ni las Cortes ni la Nación propendían a la democracia y que se había determinado en nuestra Constitución (…) siempre sería monárquica declarando la inviolabilidad del rey, ya que los ejemplares que hemos visto en la oprimida Francia, nos retraen para siempre del pensamiento de establecer democracia” (28 de octubre).

Durante estos primeros tiempos del trabajo parlamentario, las Cortes van reconociendo los poderes que presentan los Diputados que van llegando a La Real Isla de León y los primeros empleos que se van dando a los mismos, singularmente a eclesiásticos, pero se está ya en el continuo y cada vez más creciente conocimiento por las mismas de las primeras noticias de las “conmociones”  surgidas en el Nuevo Continente, o que urgió a los Diputados a debatir con fruición cuáles pudieran ser los más hábiles canales por los que hacer llegar a los habitantes de aquellas provincia la nueva producida en la Península a la hora de la instalación de este Augusto Congreso al que habían sido llamados representantes de ambos hemisferios. Son los primeros pasos del cambio. Las Cortes hispanoamericanas se han asentado.

Pero si a este lado del mar la apuesta era por la reunión, en aquella orilla brotaba la desunión y la ebullición por los cambios crecía en América de Sur a Norte y de Oeste a Este cuando ya, Pérez de Castro, de nuevo señalado tribuno, invoca ante el Congreso la necesidad de defender la “sagrada causa” de España.

En noviembre de 1810 se conocen por las Cortes las revueltas de Venezuela a las que pronto siguen las de Buenos Aires, Santa Fe o Querétano, y durante estas sesiones los Diputados empiezan a discutir las primeras líneas por las que, con motivo de estas revueltas, por las que podrían discurrir las nuevas relaciones de alianza con una Inglaterra que, no olvidemos, cinco años antes había desarbolado nuestra flota en Trafalgar, pero que se ofrecía para mediar en ellas en sentir nuevo de la común amistad frente al francés e intervenir en aquellos puertos díscolos.

Son momentos de ceses de Virreyes y Capitanes Generales, de cambios a veces impetuosos en la gobernanza de aquellos territorios de Ultramar que apuntan el empuje de los criollos y de sus primeras organizaciones políticas en un mundo de libertades consagradas por la Constitución de la joven democracia norteamericana o aclamadas desde la vieja Europa por los principios de la revolución francesa.

Tiempos de cambios, en definitiva, que presionan la Cámara española en la que conviven las viejas Leyes de Indias con estos nuevos postulados que en la sesión secreta de 24 de enero del siguiente año de 1811 aconsejan constituir una Comisión, otra más,  que entendiera de estas conmociones americanas dadas las dimensiones, ya prácticamente imparables, aunque no se hubiere asimilado conciencia plena de ello ni de ese camino que se iba abriendo para las independencias de los que, en los próximos años, si no, meses, se irían convirtiendo en los países libres de la comunidad hispanoamericana.

Esta transformación social y política en la joven América guiará pronto el contenido de las sesiones secretas, directa o indirectamente y, por ello, vamos a verlas convertidas en el espíritu que sobrevuele sobre los debates secretos aunque se sigan tratando en su seno, como era natural, otros temas de trascendental importancia para España y los españoles o, por qué no decirlo, particulares, domésticos, referidos a los propios Diputados en los que, justo es recordarlos aunque parezca paradójico, intervienen los americanos con igual fruición que los europeos dándose, pues, la situación, de una América erigida en deseos de independencia y los representantes de aquellos territorios en común trabajo de administrar la vieja España y sus cuitas.

No habían pasado ni dos meses desde la del 14 de octubre de 1810, pues, en la que la sabiduría jurídica de Pérez de Castro y la sagacidad política de Power habían diseñado, y obtenido el consenso de las Cortes y el método más conveniente para tratar las cuestiones americanas, cuando el problema, siempre latente, vuelve a aflorar al recordar el Diputado Palacios la remisión que tendría que haber hecho el Consejo de Regencia de su informe a las Cortes sobre los “antecedentes de América”.

Se crea a principios de 1811 otra comisión más para que, en este caso, entendiera de las cosas de Ultramar y en la que participarán los Diputados Leyva, chileno, o el peruano Morales Duárez, a quien tenemos recordado en una placa de una de las fechadas de la Plaza de San Antonio y de quien no estará de más recordar, como anécdota histórica, que el 21 de diciembre anterior había sido uno de los Diputados que había propuesto llevarse las Cortes fuera de Cádiz, proposición que de todos es sabido no llegó a prosperar por el rotundo resultado de su votación de 82 Diputados frente a 33, entre los que se encontraban numerosos americanos afectos diríamos a la causa gaditana como los hermanos Llanos, el Marqués de San Felipe, Rodrigo, Inca Yupanqui, Couto, Ostolaza, Zuazo, San Martín, el Marqués de Santa Cruz, etc.,  pero no Mexía Lequerica que quería llevarse de Cádiz las Cortes.

Un Mexía Lequerica, curioso personaje, de quien, paradojas de la vida, mantenemos en Cádiz cuando menos siete referencias físicas en distintos espacios públicos de la ciudad, un retrato y una mención en la cristalera de la escalera principal del Museo de las Cortes, un lugar destacado en la gran lápida de la fachada del Oratorio que da a la placita de Santa Inés, otras lápidas en las Plazas de San Antonio o en la de San Francisco, unas letras de bronce que recuerdan su presencia en el Monumentos a la Constitución de 1812 de la Plaza de España y un busto ante el Palacio de la Diputación Provincial que por aquellos días fuera residencia de la Regencia, haciendo de este quiteño el Diputado más recordado en esta ciudad constitucional, un personaje audaz en sus planteamientos, que se negó a firmar la Constitución y que tuvo que ser forzado  a su firma gracias al decreto que propusiera García Herreros.

Diputado locuaz que de todo habló y de todo propuso desde los primeros días de aquellas Cortes Generales y Extraordinarias asombrándome su decidida primera intervención en la sesión del 7 de octubre de 1810 cuando, a la vista de la situación en la que parecían encontrarse en nuestra ciudad los Jefes militares, defendió que el Consejo de Regencia los mandase de inmediato a sus destinos del frente y a  los que no los tuvieran, a organizar la defensa de Cádiz y San Fernando.

Y va a ser Mexía, precisamente, contestando a Argüelles el 10 de octubre, quien exigirá que no se pospongan las discusiones sobre la cuestión americana, proposición que no prosperó pero que indicaba claramente qué tenía en mente el ecuatoriano prácticamente desde las primeras sesiones y que ya, desde el principio, rezumaba el tema americano cuando, a guisa de mejor entendimiento, propuso aumentar el número de Regentes que habrían de constituir el Consejo y que algunos de estos Regentes fuese de origen americano.

Es también Mexía, en el temprano mes de noviembre de aquel primer año parlamentario, el que, exponiendo el mal estado en que se encontraba el reino de Nueva Granada y que, al parecer, no lo reconocía así el Consejo de Regencia, quien propone acercar la política al foco del problema pidiendo que este joven Poder legislativo, control del ejecutivo, dispusiera lo necesario para que se desplazara allí un Diputado de aquel reino, a fin de “asegurar la fidelidad de aquel país y que bien podría aprovechar la inmediata salida hacia Venezuela de la corbeta Sebastiana”, propuesta que, como muchas otras del incansable Mexía, no lograra el apoyo del Congreso pero que refleja muy desde el principio qué traía en mente como principal preocupación el Diputado americano.

Son los tiempos de “las conmociones” que, desde muy pronto, ocuparán los debates de Sus Señorías en aquellas secretas sesiones y que, por la relación tan íntima que de su origen derivaba guardan paralela importancia con las discusiones sobre la libertad de comercio en los puertos americanos y el singular papel de nuestros aliados los ingleses que pretendían llevar a cabo privilegiada actividad mercantil en América, hasta entonces restringida al monopolio español que acabarán, como en tantas otras ocasiones, en el consabido nombramiento de una Comisión que entendiera de estos asuntos. Ambos hemisferios habían empezado a trazar su ecuador.

No sólo las Cortes, sino el propio Gobierno, se ven obligados a tratar de la cuestión americana en sus dos grandes problemas, las incipientes conmociones y el comercio marítimo, y el Consejo de regencia es esta vez el que propone un reglamento por el que se instruyera la actuación en los puertos españoles, (he de entender que se referirían a los de la península y archipiélagos adyacentes…), a la llegada de los navíos procedentes de la América “insurrecta”.

Igualmente, y por lo que a las conmociones se refiere, dado que ya parecían empezar a ser imparables día por día en más territorios, fueron ocupando un continuo rosario de estas sesiones secretas y en las que se aprecia de manera muy asidua la constante incidencia de los ingleses que, paralela a estas cuestiones de debilidad nacional, se van haciendo presentes en estos asuntos como si de otra cuestión americana fuese en las discusiones de estas sesiones y en los trabajos de su Comisión Ultramarina, como bien se desprende de las manifestaciones del Secretario de Estado al Augusto Congreso respecto a los sentimientos que le participara el propio Príncipe Regente de Inglaterra ”acerca de los acaecimientos de algunas provincias ultramarinas, principalmente Caracas y Buenos Aires, ofreciendo su mediación para reconciliar las provincias de América que se han separado de la Metrópolis y, además, continuar con el comercio que ellas han permitido a los ingleses,  Acta de la sesión de 1 de junio de 1811.

Esta situación de mediación en las conmociones y en las actividades portuarias que se pretendían queda definitivamente perfilada en la siguiente sesión del 10 de junio en la que se acuerda admitir la intervención de  los ingleses en la búsqueda de esa deseada reconciliación siempre que las provincias díscolas se allanasen a reconocer y jurar obedecer a las Cortes y al Gobierno, nombrar sus Diputados y enviarlos a incorporarse con “los demás de la Nación”,  que devendría en el cese recíproco de las hostilidades y, en su consecuencia, en la liberación de todos los prisioneros por parte de las Juntas de dichas provincias así como la restitución de sus propiedades y posesiones a todos  los que hubieren sido presos y detenidos como “adictos a la causa de la Metrópoli”.

Ya se habla de insurrecciones en más lugares cada vez. El estado de la sublevación se va extendiendo y encendiéndose por nuevos territorios. Buenos Aires, Caracas, Nueva Barcelona…como informa el Secretario entonces interino de Justicia al Congreso desde la tribuna en la noche del 6 de abril de 1811 que hace intervenir otra vez más a Mexía Lequerica reclamando la urgente necesidad de resolver el despacho que el Consejo de Regencia había hecho llegar a las Cortes para instruir cómo entenderse con aquellas nuevas Juntas americanas, que tan claramente describe el sueño americano de algunos Diputados de aquel continente y que lleva a las Cortes a encomendar a que las Comisiones de Ultramar y de Arreglo de Provincias su regulación a fin de intentar tranquilizar, además,  unos territorios de los que provenían los mayores ingresos para el Tesoro español tan necesitado de sus caudales para el sostenimiento de la guerra contra el francés.

Algo se había empezado a quebrar y no se deja de hablar, prácticamente en cada sesión, de la cuestión americana centrada ya no, como pasara al principio en la representación de sus Diputados y ni tan siquiera en la reciente autonomía que parecía desprenderse se iba logrando para la administración de aquellos reinos con los nuevos nombramientos en Juntas y Cabildos, de entre los que destacaría por la importancia portuaria de aquellas provincias, los de del Capitán General de Santo Domingo, el Gobernador de la isla de Puerto Rico, el Gobernador de Veracruz o el Gobernador y el Intendente de Cartagena de Indias, sino en la consecución final de la libertad de comercio, pura y dura, donde, “a la chita callando” nuestros aliados ingleses insistía día tras día, ocasión tras ocasión, sin perder, diríamos ahora en un castizo andaluz, la compostura.

En este proceso van tomando también en su favor posiciones notables americanos como el omnipresente Mexía Lequerica o su paisano el Conde de Puñoenrostro y que culminaría con la propuesta aprobada el día 2 de mayo de 1811 para que “fuese objeto exclusivo de sesiones secretas el tratar de los asuntos de comercio y de presidios”, dado este último hecho en las discusiones que también en sesiones secretas se había estado dilucidando sobre la venta de los presidios menores.

Por fin, a finales de mayo de 1811, comienzan a debatirse y aprobarse las bases del comercio en América que no son fáciles de consensuar sobre todo, en lo que se refería al comercio portuario entre puertos libres y ocupados, asunto por su extrema dificultad que llevó a recogerse en estas Actas como “el delicado estado del comercio”, al mismo tiempo, como hemos visto de las posibilidades que iban adquiriendo los ingleses que, desde los primeros momentos, así fue interesado por el cuerpo legislativo como parece desprenderse de la cuestión que formula a finales de julio de 1811 el Diputado Oliveros para conocer el estado de esa mediación inglesa en “la disidencia de América”, y en la que insistiría de inmediato en agosto Aner.

En la Comisión que preparaba dichas bases se adscribieron, como era de esperar, varios Diputados americanos y entre ellos, Mexía Lequerica o el cubano Jáuregui y en cuya redacción y consecuente debate, jugó singular papel, como les decía, el interés de los ingleses de quienes, conviene recordar, seis años antes habían sido nuestros rivales en el mar y a veces más que feroces rivales en el comercio marítimo, y que ahora iban consolidando posiciones frente a las demás potencias extranjeras pese a la oposición que puede desprenderse de la propuesta que el Diputado Alcocer formula el día de la Asunción de Nuestra Señora del año 1811 al defender en aquella sesión secreta “no permitir a las Américas el comercio libre con las Naciones aliadas y neutrales ni tampoco permitirse en ellas la introducción de efecto alguno extranjero ni aún por el conducto de comerciantes españoles, así como no entregar las Américas al monopolio extranjero concediendo a una sola Nación su comercio y, mucho menos, un privilegio permiso de número determinado de buques”.

Y en esta manera tan peculiar de los pueblos hispánicos se va generando una situación paradójica en aquellas Cortes generales y extraordinarias en las que, al mismo tiempo que Diputados americanos y españoles construyen la libertad para España, siguen siendo constantes en esta primera mitad de 1811 las discusiones y las nuevas sobre las insurrecciones en las provincias americanas que cada vez se vuelven más continuas y acostumbradas en el conocimiento del Congreso a través de estas sesiones por las noticias que les hablan de levantamientos de Norte a Sur, desde la virulencia de los levantamientos en Nueva España hasta la Patagonia, con una íntima complacencia y unas nuevas esperanzas para los intereses que representaban la mayor parte de los diputados de aquel otro hemisferio.

Es bastante curioso ver la coincidencia de un cuerpo legislativo que sigue actuando como si todo lo que estuviera pasando en los territorios de Ultramar fuera una situación circunstancial y, cuando menos, temporal puesto que  Congreso y Regencia siguen ocupados en nombramientos de cargos para la administración de aquellos territorios como si en pacífica convivencia se mantuvieran unidos aún a la Corona como, por ejemplo, sobre cuestiones tan ajenas a la realidad revolucionaria en aquellos territorios y dedicar sus esfuerzos parlamentarios en el cambio de denominación de Nueva Granada por Cundinamarca… cuando América se estaba ya yendo por Caracas, Nueva España o Río de la Plata que hace intervenir desde Brasil hasta a la propia la Infanta Carlota Joaquina de Borbón ofreciendo su ayuda para sofocar esta revolución ya a toda vista imparable.

Por ello, en estas sesiones, surgen intervenciones como la del Diputado Aner que propone, digamos, “mano dura”, para que se intervenga con todo el rigor con la fuerza militar a fin de sofocar dicha rebelión u otras meramente políticas como las de Mexía o Puñonrostro que a estas alturas, agosto de 1811, prácticamente al año de iniciarse las tareas del Congreso,  se esfuerzan por devolver los poderes que le acreditaban como Diputado sustituto por Santa Fe mostrando sus intenciones de abandonar estas Cortes, lo que curiosamente se les afea no ya por quienes podríamos esperarlos, sus compañeros peninsulares, sino por otros americanos como Lisperguer, López o Velasco defendiendo el compromiso de seguir asistiendo a los debates de este Augusto Congreso en
cumplimiento del sagrado deber que habían recibido.

Y será, sin duda, Mexía quien cuantitativamente más veces habla de la cuestión americana refiriéndose igualmente a los sucesos de Miguel Hidalgo en Nueva España como a los Oidores de Buenos Aires, de Montevideo o a su oposición en la continuidad en los cargos de quienes  venían desempeñándolo de antiguo como el Virrey del Perú, mostrándose vocero de las quejas de Cartagena de Indias o de las conmociones en Venezuela.

Conmociones y libertad de comercio para los puertos americanos siguen siendo constantes referencias en las actas de nuestras sesiones secretas mientras la Comisión de Constitución sigue trabajando y las Cortes resuelven por atajar la cuestión del comercio marítimo por fin tras tantas idas y venidas a las consecuentes Comisiones e interesa información, como era de esperarse, del Ministerio de Indias y de los Consulados de Cádiz o Sevilla en orden a preparar lo adecuado tanto en los puertos americanos como en los asiáticos aunque, justo es decirlo. El binomio insurrección y comercio no se da en forma pareja en todos los territorios de Ultramar ya que si las conmociones fueron surgiendo una tras otras en la mayor parte de la América continental, en Filipinas suscita en estas sesiones casi exclusivo interés la transformación del monopolio del comercio en sus puertos con especial incidencia en la supresión del mismo en la Nao donde juega un papel protagonista Ventura de los Reyes y de lo que se seguirá hablando hasta prácticamente el final de estas Cortes.

Las bases se fueron paulatinamente aprobando en largas y continuas discusiones pero por la lectura de estas Actas yo les propondría pensar en una situación de fuerza por parte de los americanos de los que da la impresión de que no se mostraría propicios a culminar la magna obra de la Constitución sin de que se arreglase antes esta cuestión para ellos indiscutible.

A mediados de octubre de 1811 emprenden su camino final apoyándose en que esa libertad habría de sustentarse en el arreglo que previamente se hiciera de los derechos de las aduanas de toda la monarquía y en las ayudas al fomento de la marina, permitiendo entrar y salir libremente de sus puertos toda clase de efectos de construcción y pertrechos de cualquier origen que permitieran la renovación de la flota, casi como ha venido sucediendo con las modernas ayudas a la construcción naval y a la renovación de la flota española en nuestros astilleros, ordenando al Consejo de Regencia instruyese crear una especie de prima de apoyo para que a los dueños de buques españoles que estuvieren construyéndose o por construir en cualquier puerto de la monarquía les fuera señalado un premio proporcional al número de sus toneladas o, dadas las naturales dificultades de poder construir lo necesario de inmediato, liberar de derechos reales la compra de buques extranjeros durante los seis años siguientes a la publicación de la norma, llegándose a proponer además, nada nuevo bajo el sol… que en las tripulaciones de dichos navíos habrían de ser más los naturales de las Españas  los que fueren embarcados.

Como puede observarse, en América, mientras aquí estábamos concibiendo la primera Constitución Política de la Monarquía española, ardían las llamas de la insurrección y, de aquellas primeras medidas de “general olvido”, una nueva figura que, cual puente, volviera a poder unir a aquellos españoles de principios del XIX en la reconciliación.

3. La Constitución

Ésta ha sido la mayor de mis sorpresas tras la lectura de este extenso repertorio de más de ochocientas Actas que resumen las sesiones secretas que se celebraron entre San Fernando, Real Isla de León,  y Cádiz,  que no se habló casi nada, prácticamente nada, de esta cuestión que no fuera el asunto de la sucesión a la Corona, además de algunas alusiones rápidas y, yo diría, casi efímeras en la transcripción, de otras.

¿Qué primer comentario me sugiere a mí, fervoroso devoto del hecho sin par de la Constitución doceañista esta situación? Gratitud y complacencia.

Agradecimiento a todos aquellos generosos Padres de la Patria española que no necesitaron urdir en la reserva y el secretismo las mejores líneas de nuestro primer texto constitucional que debatieron y discutieron  serviles y liberales, la Constitución que a unos satisfacía y a otros endemoniaba. Que todos y cada uno de los nobles principios de aquel Primer Código de los españoles se conoció y se fue acordando en plenitud de luces.

Complace porque cuando se afirmó que la Nación española era la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios, cuando se acordó frente a todos y para todos que la soberanía habría de residir esencialmente en la Nación y que desde entonces la Nación española sería libre e independiente y no volver a ser nunca más patrimonio de ninguna familia o persona, se concibió el primer deseo de consenso.

Una nación de individuos que habrían de ser justos y benéficos entre ellos, que se dotaría de un Gobierno cuyo primordial objeto, con leyes sabias y también justas, fuese lograr la felicidad de sus ciudadanos puesto que el fin de toda sociedad política no habría de ser otro que el bienestar de quienes la componen.

Una España nueva, fruto de todas las Españas y de todos los siglos de su historia, que dio por fin a un Congreso formado por españoles elegidos a su vez por españoles  la potestad de hacer las leyes.

Así, en aquella primera Constitución, emergió España como nación moderna, la España que asumió la división de poderes dando a las Cortes,  aún con el Rey,  la potestad de hacer las leyes, al Rey y a Su Gobierno la de ejecutarlas y a los tribunales, la de aplicar esas leyes en las causas civiles y criminales.

Quedó así acordado por primera vez para los españoles a quienes se les pedía amor a esta Patria el surgimiento de esta nación española, la nación que hasta hoy nos ha hecho unos a los españoles pese a los siempre constates y peligrosos vientos tormentosos del “cainismo” separatista.

¿Qué discutieron en sesión secreta los Señores Diputados acerca de la Constitución?

¿El gobierno que a España convendría, si república o monarquía, la división de poderes, las libertades en general, la esclavitud en particular?

Sabido es que las Cortes generales Extraordinarias no abolieron la esclavitud y que, incluso, en la redacción de tan venerable texto y que incluso nombran esta desgraciada situación de manera indirecta cuando al hablar de quienes sean o puedan ser los españoles establecen que lo serán todos “los hombres libres nacidos y avecindados en los dominios en las Españas, y los hijos de éstos” o “los libertos desde que adquieran la libertad en las Españas”, con lo que, en su enunciado queda más que patente la existencia de los sujetos a tan execrable condición, pero es por parte de los Diputados americanos de los que parece desprenderse algún encono a que se hable de ello.

De esta manera, es más que significativa, por ejemplo, la petición que, en la sesión secreta del 5 de octubre de 1811, las Cortes formulan al Diputado por la Isla de Cuba y Marqués de San Felipe para que remita al Congreso un testimonio a lo que se ve obrante en su poder de un acuerdo tomado por el Ayuntamiento de La Habana relativo al comercio de los negros.

Pero se puede decir que el único debate que sobre la Constitución en estas sesiones se genera lo es por la cuestión de la sucesión a la Corona y fue, curiosamente, presentado por un Diputado americano, el cubano Jáuregui que así lo propuso, aunque no se obtuviera por entonces conformidad, en la sesión de 30 de mayo de 1811 alegando que “la discusión de los artículos 22, 29 y 31 del proyecto de  Constitución sea secreta, porque así lo exige la conveniencia del Estado o … la tranquilidad pública de muchas posesiones de América”, y que bien puede llevarnos a lo delicado de la cuestión al quererse asegurar una dinastía fuerte pero constitucional, nacional, sin compromiso con las de las demás monarquías reinantes, y de plena aceptación, no ya sólo en los territorios de la vieja España sino en todos los confines de la nueva Nación que reuniera a todos los españoles de ambos hemisferios, una nación dueña de su soberanía, propia de sí y no patrimonio de ninguna persona ni familia.

Lo que se discutió por los Diputados sobre la Constitución en aquellas sesiones secretas, con un amor fervoroso al Rey ausente y por el que no se duda desde el primer instante en que comenzara el debate que el Rey de las Españas tenía que ser el Sr. D. Fernando VII de Borbón que “actualmente reina”, que es lo queda recogido literalmente en el Acta de 19 de octubre de 1811 y de lo que, a diferencia de los inmediatos acuerdos tomados en este tenor, “quedó aprobado por aclamación”.
A mi modesto entender bien dice de la generosidad de aquellos Diputados venidos de todos los confines del orbe y de distintas y a veces contrapuestas, cuando no notoriamente contrarias ideas políticas, absolutistas o reformadores, radicales o moderados, serviles o liberales, conservadores o ilustrados, europeos o americanos, clérigos, civiles o militares que hicieron piña común de una España unida que abiertamente repudiaba la invasión y proclamaba en la persona del Monarca su afán de constituirse en una Nación con Su persona, la del Rey Fernando, reunión de todos los españoles de ambos hemisferios.

Dichoso sueño que el propio Rey Fernando frustró y que supuso la afirmación de la pronta división de ambos hemisferios.   

Así se puede llegar a la conclusión de que las sesiones secretas no albergaron la discusión de nuestra primera Constitución  si no lo fuera en lo que a la Corona y a su sucesión se refiere, pero no en cuanto al resto y esto reconforta por sentir esta devoción por el hecho histórico y por sus protagonistas, como les decía.

Loor a aquellos Padres de la Patria, orgullo de una nación  pero, aquí, en la casa que fuera del Trono y Gobierno de España, aún más, orgullo de una ciudad y de unos vecinos como los de aquellos días, testigos directos del cambio de España, de una Constitución para España, de una Constitución germinada, fecundada y alumbrada en una ciudad como la nuestra, crisol de pueblos e ideas, que aquí vivió sus primeros y cortos años de su venerable aunque efímera existencia, respetada y amparada antes de que, nuevamente, otra vez la enemiga segur del absolutismo, segara el brote de la libertad al abandonar las Cortes este enclave gaditano de libertad y entendimiento.

Dolor del noble pueblo español por aquel monarca  al que tanto había deseado y por quien una ciudad asediada por el mayor y más preparado ejército de todas las épocas, respondiera al invasor con aquel mensaje que aún perdura en el frontispicio de nuestra Casa Consistorial que Cádiz no reconocía a otro Rey que a su amado D. Fernando VII, cara y cruz de una moneda, luz y sombra del Rey que dijo ir el primero por la senda de esta Constitución y que permitió que se echaran las cadenas. 

Ésta es la grandeza de su labor, aunque la historia no le hiciera fortuna y pronto, demasiado pronto, ese mismo Rey deseado frustró la libertad con las inmisericordes cadenas del absolutismo.

Pero no fueron todos plácemes y caminos de rosas. En agosto de 1811 se presentó un conflicto del que la prensa de hoy no dudaría en calificar como de primer nivel y que a punto estuvo de malograr la incipiente senda constitucional, cuando los Diputados ecuatorianos Conde de Puñonrostro y Mexía manifiestan su interés de apartarse de los debates por “razones fundadas en el estado de algunos pueblos e intenciones de la Junta de Cartagena de Indias”, a las que de inmediato se unen  los venezolanos Esteban de Palacios o Fermín de Clemente alegando igualmente las dificultades que les impedía asistir a las deliberaciones del Congreso sobre el arreglo de la Constitución por el estado de sus respectivas provincias de Santa Fe y Caracas y a quienes siguieron los Diputados de Buenos Aires Francisco López Lisperguer, Luis Velasco y Manuel Rodrigo.

Son los primeros brotes del premonitorio germen independista que venía fermentando en la política de los Diputados de Américas y las propias Cortes se vieron en la obligación de advertir a estos adelantados de la disidencia de la ilegalidad de sus proposiciones obligándoles a mantenerse presentes en sus sesiones determinado desde aquel mismo instante la doctrina de la representación parlamentaria y de la unidad de la Nación al afirmar, como se recoge en el Acta de la sesión del día 25 de dicho mes, que “los Diputados representan a la Nación y son elegidos por las provincias, y los suplentes por el modo señalado por el Gobierno…”, para que no se albergaran dudas sobre el concepto unitario e indivisible de Estado y, por ende, de la representación parlamentaria con independencia de cómo y dónde hubieren sido elegidos los Diputados.

Ni todo fue himno de glorias y alabanzas en tan señaladas fechas. La lectura de estas actas tiene acreditada hasta el último momento la resistencia de algunos Diputados a la firma de la Constitución. De unos podría esperarse por su trayectoria personal absolutista y que la historia bien pronto afirmaría aquella manifestación de desapego y falta de aprecio a la misma pero, de otros, que habían hecho de su debate gala de liberalismo y constitucionalismo, por su obstrucción a tan insigne momento, no.

De entre los primeros recoge el Acta de la sesión de 17 de marzo las posturas de D. Pedro González Llamas quien manifestó “que sus principios y sentimientos no le permitían firmar ni jurar la nueva Constitución” y D. Francisco Eguía, convencido absolutista al que años más tarde, a su retorno al Trono, Fernando VII nombrara Conde del Real Aprecio, y único Diputado, (suplente), por la provincia de Vizcaya, a la que correspondían dos que nunca pudieron ser elegidos por hallarse su territorio ocupado durante la guerra, dijo “que nunca  creyó que esto pudiese entenderse con él … y que, además, careciendo de instrucciones de su provincia, debía dirigirse por la opinión general de sus paisanos que aman mucho sus fueros”.

De los segundos, cabe mayor incomprensión por hallarse entre estos opositores los Diputados Simón López, Veladiez, y, particularmente, Puñonrostro o…, Mexía Lequerica quienes ya en la anterior sesión del 12 de marzo habían reiterado las razones expuestas durante las sesiones de 24, 26 y 27 de agosto último referidas a “las dificultades que les impedían asistir a las deliberaciones del Congreso sobre el arreglo de la Constitución el estado de su provincia de Santa Fe”, solicitaron se declarase “no entender con ellos a resolución de que todos los Diputados que se hallen presentes, firmen la Constitución”, lo que las Cortes les volvieron a denegar ratificándose en que todos los Diputados, como hubieran propuesto D. Antonio Joaquín Pérez o el Sr. Ramos Arispe,  tendían que firmarla identificando la respectiva provincia por la que habían comparecido ante este Augusto Congreso.

 

Y este asunto, como tantas otras veces en la historia de España, fue salvado in extremis a última hora por la decidida y decisiva intervención del Diputado suplente por Soria, el liberal García Herreros sobre “que se haga ahora mismo un acuerdo por el que se declare que cualquiera individuo del Congreso que se niegue a firmar la Constitución política de la Monarquía española y jurar lisa y llanamente guardarla, sea tenido por indigno del nombre español, privado de todos los honores, distinciones y prerrogativas, empleos y sueldos, y expelido de los dominios de España en el término de veinticuatro horas”, apostillándose por Ortiz la siguiente adición de “quedándose a disposición del Gobierno la ejecución de este acuerdo con todas las precauciones competentes”.

A este Diputado que, como bien recuerda en su obra José María García León, perteneció como Argüelles, Zorraquín o Fernández Golfín, a ese grupo de liberales “suplentes”, bien se le debe un homenaje de gratitud constitucional por esta postrer defensa del nacimiento de nuestra primera Constitución que, si bien usando de herramienta tan radical como fue el contenido de su aprobada propuesta, puso la sensatez del sometimiento de toda la case política al instrumento igualitario que, por primera vez en  su historia, se ofrecía para la pacífica convivencia en ambos hemisferios de todos los españoles.

El resto de sesiones secretas referidas a la Constitución ya no se referirán al contenido de la misma, sino a los preparativos para su jura, su proclamación o su publicación que, por lo curioso de su esencia, con gusto traigo a su conocimiento.

Fueron estas postreras  sesiones que trataron de la Constitución difícilmente a nuestros ojos de hoy como necesariamente secretas ya que debatieron desde los detalles acerca de cómo deberían de ser las ediciones de la Constitución o “de las solemnidades con que convendría se publicase” acordándose la fecha del 19 de marzo “por ser dicho día el del cumpleaños del advenimiento al trono del rey amado de todos los españoles D. Fernando VII, por la espontánea renuncia de Carlos IV su padre”

Dos ejemplares originales manuscritos son los que servirían para que por uno de los Secretarios se fuese leyendo el texto y por el otro cotejando el mismo en presencia de todos los Diputados a los que se les preguntaría, finalizada dicha lectura “si fuere aquella la Constitución que las Cortes han sancionado”, y a quienes se les llamaría uno a uno para que la firmaran, nombrándose una Diputación de 12 miembros del Congreso, a la que habría de hacérsele los correspondiente honores militares, para que, de inmediato, llevaran uno de esos ejemplares al Palacio de la Regencia para que fuere conservada en el Archivo del Gobierno.

Quedaban pues para las Cortes en estos últimos días la preparación del ceremonial y la impresión de la Constitución para la que se barajaron distintas presentaciones como las que propusiera el Diputado Garoz “de todo lujo para venderse, en letra parangona… de que la imprenta Real tiene una fundición sin estrenar, y en el tamaño de folio, que es el que más representa su majestad y grandeza, primer objeto indicado, para que por este medio no queden privados los Cuerpos y sujetos pudientes de este libro que desean”, que la primera impresión se haga inmediatamente en letra atanasia… y para que guarde proporción sea en cuarto mayor; y de esta parte se reparta a cada uno de los Sres. Diputados de este Congreso, y a quien crea V.M. oportuno, un ejemplar a la rústica el día de la publicación, respecto a  no haber tiempo para otra cosa, y para que se concilie el objeto segundo que he manifestado con la majestad de la obra, se encuadernen en tafilete inglés los necesarios para los mismos, la Regencia, embajadores, Ministros y Secretarios de Estado y Cortes”  y, aún más, ya ulteriormente, una tercera impresión, en letra glosilla “a fin de que por la pequeñez de tamaño no desdiga de su grandeza, no carezca el pobre que la compre de tan augusto recomendado y se proporcione a economía y el frecuente uso de ella a toda clase de personas, pudiendo llevara en a faltriquera a todas partes…”, entre otras cuestiones como su confección en a imprenta Real prohibiendo otras reimpresiones “para que no pierda e Estado esta ganancia y no se altere en su detrimento”, nombrándose, como tantas y tantas veces antes en estas Cortes generales y extraordinarias la consabida comisión que de ello se preocupara.

Igualmente, en este orden de aprobar adecuadamente los ceremoniales que habrían de llevarse a cabo bien el día 18, bien el 19, quedó acordado que todos los Diputados habrían de estar presentes “sin excusa alguna” para su juramento consistente en expresar la afirmación de “sí juro” ante la fórmula acordada para que al inicio del acto fuere formulada por los Secretarios de  “¿juráis guardar la Constitución política de la Monarquía española, que estas Cortes generales y extraordinarias han decretado y sancionado?” , tras lo que se recogería, “Si así lo hiciereis, Dios os lo premie; y si no, os lo demande”.

De inmediato se pediría juramento a los Regentes con la fórmula de “¿Juráis por Dios y por los Santos Evangelios, que defenderéis y conservaréis la religión católica, apostólica y romana, sin permitir otra alguna en el Reino; que guardaréis y haréis guardar la Constitución política de la Monarquía española, que estas Cortes generales y extraordinarias han decretado y sancionado, y también las leyes del Reino, no mirando en cuanto hiciereis sino el bien y provecho de ella: que no enajenaréis, venderéis ni desmembrareis parte alguna del Reino, que no exigiréis jamás cantidad alguna de frutos, dinero ni otra cosa, sino las que hubieren decretado las Cortes, que no tomareis a nadie su propiedad; y que respetareis, sobre todo, la libertad política de la Nación y la personal de cada individuo, no debiendo ser obedecidos en lo contrario, antes bien será nulo, y de ningún valor aquello en que contraviniereis? ¿Igualmente juráis ser fieles al Rey, observar las condiciones que las Cortes os han impuesto para el ejercicio de la autoridad Real, y que cuando cese la imposibilidad del Rey, le entregaros el gobierno del Reino? A lo que habría de decir la consabida fórmula del “sí juro” y las Cortes responder  con su tradicional fórmula de si así lo hiciereis, Dios os lo premie, etc., pero añadiendo tras ella, “y seréis responsables a la Nación, con arreglo a las leyes” con lo que desde el primer momento quedó afirmada la voluntad constitucional de soberanía en la Nación y no  en persona o familia alguna.

De ahí se dispuso la salida de Congreso y Regencia a la calle, la Santa Misa, el Te Deum, la Corte ataviada de gala, la guarnición cubriendo carrera, las salvas de artillería, la iluminación, (que habría de entenderse hoy como fuegos de artificio),  o la visita que al día siguiente habrían de girar los tribunales a las cárceles para liberar a los presos condenados por delitos que no merecieren a pena corporal

En ese día posterior se instruyó lo necesario para que la Constitución fuese leída a todos con las solemnidades conformes a la importancia del acto “en esta plaza, como sede o residencia del Gobierno” como  que, de inmediato, habría de empezarse a dar lectura de la misma en todos los pueblos de la Monarquía, acordándose igualmente el conveniente protocolo instrumentando el juramento de acatamiento a la misma por vecinos e instituciones.

Poco más se hizo por la Constitución en estas sesiones secretas de las Cortes y en las que intervinieron Diputados europeos y americanos que no fuera la acuñación de la medalla “en celebridad de la publicación” del insigne texto que se encomendaría al grabador general de las casas de moneda, D. Félix Sagau, residente en esta plaza, “el único artista de los pocos que se hallan de esta clase en país libre, más capaz de desempeñar esta importante obra con la conveniente perfección y de modo que haga honor a las artes dentro y fuera de la nación”, encomendándosela  con el siguiente proyecto, “en el anverso, el busto de nuestro Monarca… y para que este retrato no sea una obra extraña al objeto, dirá la leyenda en rededor: Fernando VII por la gracia de Dios y por la Constitución de la monarquía, rey de las Españas”, y “en el reverso se presentará un libro abierto donde se leerá: Constitución política de la Monarquía española, reposado sobre dos globos que, símbolo de los don hemisferios españoles, tendrán a cada lado un mancebo o genio, uno representará la España europea y, otro, la España americana, ambos dándose la mano, sostendrán el libro que los Representantes de ambas Españas han formado y que estará reposando sobre los dos hemisferios que han de regir sus leyes. Estos dos genios tendrán a sus pies el uno un león, y el otro una cornucopia cargada de monedas; detrás del primero se descubrirán en último término las columnas de Hércules; u del segundo un navío navegando, que simbolizará el medio de comunicación de ambos hemisferios. Encima del libro se verá una estrella, cuyos rayos vendrán a dar sobre el libro de la Constitución, simbolizando la inmortalidad. Habrá, por fin, en el reverso una leyenda  que señale el día, mes y año en que la Constitución fue publicada en Cádiz.”

Y aquí se acaba una historia que comenzó en nuestra ciudad para todos los españoles de ambos hemisferios. Una historia premonitoria de nuevos y desafortunados desencuentros que, ojalá, encuentren nuevo lugar de encuentro para todos en estas celebraciones de los Bicentenarios de nuestra primera Constitución y de las primeras independencias americanas.

La misma moneda que en aquella sesión secreta del 3 de junio de 1812 acordaron los Diputados doceañistas, y que no fue definitivamente aprobada en su presupuesto y en su emisión hasta un año después, en la sesión secreta del día 15 de junio de 1813,  fue toda una revelación de un gran deseo de unidad desde la configuración en la misma de los dos mundos.

Un Rey constitucional para las dos Españas, una Constitución para dos mundos, las hercúleas columnas y las naves de La comunicación, todo datado y fechado en esta ciudad de encuentros, en esta ciudad constitucional.

Siguieron las Cortes en Cádiz hasta su salida de  nuevo hacia San Fernando donde permanecerían hasta su definitivo traslado a Madrid, Villa y Corte el 30 de noviembre de 1813 y un constante regueros de peticiones de licencias para ausentarse de las mismas se da sesión por sesión, singularmente de los americanos que no hay que olvidar llevan en nuestra ciudad y en la península más de casi tres años, gran parte de ellos separados no sólo de sus lejanas casas sino, más doloroso,  de sus seres queridos.

En esas mismas actas sigue reflejándose la cuestión americana y la mediación inglesa para la pacificación de aquellos territorios observándose una mayor separación en el escrutinio de sus votaciones al respecto entre Diputados europeos y americanos y, así, en la sesión de 16 de julio de aquel primer año constitucional la división en los grupos votantes se observa con claridad cuando prácticamente a la hora de someterse a aprobación el asunto de esta mediación, los diputados europeos son los que la aprueban y los americanos, de manera sobrecogedora por la unión en sus votos de la gran mayoría de este grupo de Diputados votantes, los que la desaprueban exigiendo Mejías se transcribieran en esta discusión los discursos leídos y los que por nota se tomaran se hubieren dicho.

América tenía abierto ya un nuevo camino por donde reemprender su historia. Caracas, Buenos Aires, Montevideo o Nueva España, habían sido citados, entre otros territorios, demasiadas veces en todas estas sesiones secretas de las Cortes generales y extraordinarias como escenario de las conmociones, sin olvidar la singularidad de Nueva España, como se conociera el 3 de enero de 1813 por la Memoria remitida con fecha 31 de diciembre a las Cortes por el Ministro de Estado con la que, dando cuenta de la inaceptación norteamericana a la admisión como Ministro Plenipotenciario del Reino de España en aquella Federación al que las Cortes nombraran, D. Luis Onís, se unía “la mala fe denunciada  con que se ha conducido el Gobierno de los Estados-Unidos de América desde el año de 1809 hasta el presente, ya desconociendo la legitimidad del nuestro…, ya tratando de extender su territorio por medio de usurpaciones, o declaradas o fraudulentas; y ya, finalmente, fomentando la revolución en varios puntos de la América española, seduciendo y corrompiendo a unos, auxiliando con armas a otros, y permitiendo a sus habitantes que, unidos con los rebeldes de Nueva España, invadan nuestras provincias internas, para que estos consigan su proyecto de separase de España” o, en la siguiente sesión de 21 de enero de 1813, en la que igualmente el Secretario del Despacho de Estado informaba sobre la conducta sospechosa de las últimas noticias recibidas por la Regencia asegurando que “se continúan manifestando las miras de agresión o usurpación de aquel Gobierno con respecto al territorio de las dos Floridas” que motivara la proposición de Ramos Arispe solicitando informe documental del estado político que hubiere la Nueva España, las medidas adoptadas, el número de tropas que a aquel territorio hubieren pasado, “estado en que fueron y las diferentes armas que además se hayan mandado, con expresión de clases, el número de la fuerza propia del Reino de Méjico, del estado de su armamento, sobre la hacienda mejicana o sobre las fuerzas de los insurgentes, especificación de las armas que usan, medios de adquirirlas y recursos de que se valen para sostenerse”, que pasó a informe de la Comisión Diplomática .

En 1814 en América brotaba la libertad. Es España la habíamos perdido.

4. Relación de Diputados americanos

CUBA

Andrés Jáuregui
O’Gavan, Bernardo
El Marqués de San Felipe
Joaquín de Santa Cruz

CHILE

Joaquín Fernández de Leyva
Joaquín Riesco Puente

FILIPINAS

José Manuel Couto y Avalle Bravo
Pedro Pérez de Tagle
Ventura de los Reyes

GUATEMALA

José Ignacio Ávila
Florencio del Castillo
Antonio Larrazábal y Arrivillaga
José Antonio López de la Plata
Andrés Llano
Manuel Llano
José Francisco Morejón
Mariano Robles Domínguez

NUEVA ESPAÑA

José Ignacio Beye de Cisneros
José Eduardo Cárdenas
José María Couto,
Francisco Fernández Munilla
José Cayetano Foncerrada y Uribarri
José Miguel Gordoa Barrios
Juan José Guereña y Garayo,
José Miguel Guridi Alcocer
José María Gutiérrez de Terán
Máximo Maldonado
Joaquín Maniau
Mariano Mendiola
Manuel María Moreno
Octaviano Obregón
Antonio Joaquín Pérez y Martínez Robles
Pedro Bautista Pino
José Miguel Ramos Arispe
Salvador Sanmartín
José Simeón de Uría

NUEVA GRANADA

José Domingo Caicedo y Santa María
José Mejía Lequerica, (Quito, Ecuador)
José Juan, Ortiz Gálvez, Panamá
Conde de Puñonrostro, (Quito, Ecuador)

PERÚ

Domingo Alcaraz
J José Lorenzo Bermúdez
Ramón Feliú
Tadeo Gárate
Pedro García Coronel
Dionisio Inca Yupanqui
Vicente Morales Duárez
José Antonio Navarrete
José Joaquín Olmedo
Mariano Blas Ostolaza
Rivero y Besogaín,
Francisco Salazar Carrillo
Antonio Zuazo y Mondragón

PUERTO RICO

Ramón Power Giralt

RÍO DE LA PLATA

Francisco López Lisperguer
Manuel Rodrigo
Mariano Rodríguez Olmedo
Luis de Velasco
Miguel Zufriátegui,

SANTO DOMINGO

José Álvarez de Toledo
Francisco Mosquera y Cabrera

VENEZUELA

Fermín Clemente y Palacios
Esteban Palacios
José Rus de Azaraullía

 

Cádiz, 20 de junio de 2011

 


ISSN: 2174-0445



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